Una salida para los condenados a no morir

Miles de represaliados del franquismo están condenados a no morir por las trabas en los registros civiles a inscribir sus defunciones. Entre ellos, algunos tan famosos como María Silva, La Libertaria, hija del anarquista Francisco Cruz Gutiérrez, Seisdedos, asesinado durante la matanza de Casas Viejas (hoy Benalup, Cádiz). El expediente de La Libertaria, quien sobrevivió a los dramáticos sucesos del poblado andaluz que dieron la vuelta al mundo y fue fusilada en 1936, aún duerme en los Juzgados de Chiclana, donde se abrió en 2008. El PSOE ha atendido una petición de las asociaciones memorialistas e introducirá una enmienda en el Proyecto de Ley del Registro Civil para facilitar la inscripción de los fallecidos durante la Guerra.

Una docena de asociaciones lo ha estado reclamando desde diciembre del pasado año, aprovechando el trámite de la ley. Los historiadores calculan que entre el 30% y el 50% de los muertos por los fascistas no están inscritos. Al principio se dio la orden de no inscribirlos y luego se aceptó, pero con la exigencia de presentar testigos, algo difícil durante la represión, como ha explicado el historiador Francisco Espinosa.

La ley actual mantiene que “no basta para la inscripción la fama de la muerte, sino que se requiere certeza que excluya cualquier duda racional”. Esto ha llevado a casos como el de Remedios Valiente quien, como cuenta su hijo Marcelino, "murió sin ser viuda" porque el fallecimiento de su esposo no se registró hasta 2008, después del deceso de la mujer y tras una lucha administrativa que llegó a ser en ocasiones humillante.

El PSOE pide que en la valoración de las pruebas se tenga en cuenta “el tiempo transcurrido, las circunstancias de peligro y la existencia de indicios de persecución o violencia”

El grupo socialista en el Senado quiere ahora enmendar esta situación y ha presentado una disposición adicional sobre las inscripción de la defunción de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, según consta en una carta remitida por el Ministerio de Justicia a la CGT de Andalucía, una de las entidades que ha promovido esta iniciativa.

La enmienda pretende que “el expediente registral, resuelto favorablemente, sea suficiente para practicar la inscripción de la defunción de las personas desaparecidas (…), siempre que, de las pruebas aportadas, pueda inferirse razonablemente su fallecimiento, aunque no sean inmediatas a este”.

Además, la propuesta socialista incluye que se considere en la valoración de las pruebas “el tiempo transcurrido, las circunstancias de peligro y la existencia de indicios de persecución o violencia”.

Los socialistas admiten en sus justificaciones los argumentos de las asociaciones memorialistas sobre la complejidad y el alto coste del procedimiento actual, que incluye publicaciones en periódicos y asistencia letrada.

La enmienda pretende atenuar el rigor de la prueba del fallecimiento, en línea con el Convenio número 10 de la Comisión Internacional del Estado Civil de 14 de septiembre de 1996. De esta forma, se pide “certeza a la vista del conjunto de las pruebas, pero no prueba indubitada y absoluta, como ocurre ahora”.

Además, la enmienda reconoce que el régimen vigente de inscripción de desaparecidos es discriminatorio según la víctima sea de un bando u otro, ya que la disposición transitoria séptima estableció un procedimiento privilegiado que facilitó la inscripción de los desaparecidos en uno de los bandos, mientras que el ambiente social y político del momento dificultó el cumplimiento de los requisitos, como la presentación de testigos de fusilamientos y asesinatos, para los familiares de otro.

Cuando Juan Pérez, el hijo de La Libertaria, comenzó el proceso de inscripción de su madre el 19 de marzo de 2008, le animaba un objetivo. "Me gustaría hacerle el entierro que se merece”. “No quiero juzgar, pero no voy a perdonar", añadía resignado. Su caso aún está vivo.