Nuevo ultimátum a Manos Limpias para seguir en otra causa
El juez del caso de las facturas falsas de UGT pide al sindicato que nombre a otro abogado y procurador
Nuevo ultimátum para Manos Limpias. El juez que investiga el caso de las presuntas facturas falsas de UGT ha dado un plazo de cinco días al sindicato para que designe a un nuevo abogado y procurador en esta causa, tras la renuncia de sus anteriores representantes: el letrado José María Gómez de León, detenido dentro de la Operación Nelson, y el procurador Manuel Jesús Campo Moreno. La petición del magistrado Juan Jesús García Vélez se suma a la realizada también en este sentido por la juez del caso de los ERE, María Núñez.
En un auto fechado el pasado 18 de abril, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla da un plazo de cinco días al sindicato “a fin de que designe nuevos profesionales”. Si no lo hace en este plazo, el instructor le comunica que el sindicato será apartado del procedimiento. Esta providencia va en la misma tónica que la emitida por la juez de los ERE.
Ambos requerimientos judiciales se conocen poco después de que el secretario general y líder de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón, haya comunicado a su entorno más próximo su intención de liquidar el sindicato y retirar las docenas de denuncias que tiene presentadas o en trámite en este momento en juzgados y tribunales de toda España. Sobre este asunto, se pronunciará hoy el coordinador del grupo en la comunidad andaluza, Arnaldo Fernández. Además del caso de los ERE y el de las facturas falsas de UGT, el sindicato está personado en Andalucía en el de los cursos de formación y en los casos sobre Mercasevilla e Invercaria, entre otros.
La renuncia de Gómez de León y Campo Moreno "por motivos personales", según sus escritos, se produjo tan solo dos días antes de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía detuvieran a 11 personas (entre ellas este letrado) en el marco de una operación contra Ausbanc y Manos Limpias por extorsionar a instituciones y personas, a las que supuestamente exigían grandes cantidades a cambio de retirar las querellas que habían presentado contra ellos.
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