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Juicio por la multa a un activista de 76 años tras un escrache al PP en Galicia

Nicanor Acosta, excura rojo movilizado contra los desahucios, acumula 2.600 euros en sanciones

Sonia Vizoso
Nicanor Acosta, ante los juzgados de A Coruña.
Nicanor Acosta, ante los juzgados de A Coruña.CABALAR ((EFE))

Desde que el PP llegó al Gobierno de España, en 2011, al excura rojo Nicanor Acosta, de 76 años y curtido ya en las cárceles del franquismo cuando aún vestía sotana, le han caído unos 2.600 euros en multas por protestar contra los desahucios y la estafa de las preferentes. La que le impuso la Subdelegación del Gobierno en A Coruña por manifestarse contra el desalojo de una anciana de 85 años en febrero de 2013 alcanzó los 600 euros, el equivalente a la pensión de la que vive, pero fue finalmente anulada por la justicia. Acosta, infatigable activista, ha vuelto este lunes a los juzgados para intentar frenar otra sanción de 360 euros por un escrache ante la sede coruñesa del PP hace tres años. "Si a ellos les estorbamos es que estamos en la línea de defensa de la dignidad de la ciudadanía", ha proclamado antes de comparecer ante el juez, arropado por compañeros de las plataformas en las que milita.

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La policía acusa a este septuagenario coruñés de ser el responsable en A Coruña de una concentración no autorizada que convocó la PAH en toda España el 9 de abril de 2013 para reclamar la retroactividad de los cambios legales sobre hipotecas. La abogada del Estado ha defendido ante el juez su culpabilidad porque Acosta, esgrime, era "quien portaba el megáfono" y "arengaba a los presentes" con consignas contra el partido de Mariano Rajoy. "Soy asiduo de las manifestaciones. Lo creo un deber, además de un derecho", ha respondido él durante la vista.

Uno de los asistentes a aquella protesta contra el PP ha subrayado que "Nicanor no va a las manifestaciones para quedarse callado". "Hasta nos lo pasamos bien escuchando sus consignas; algunas se han convertido en clásicos", ha afirmado el testigo, quien se ha esforzado en explicarle al juez y a la abogada del Estado que en las manifestaciones las proclamas no siempre están dirigidas por quien porta un megáfono, sino que surgen habitualmente de forma espontánea entre los presentes.

En aquella concentración por la que fue multado, Acosta ni siquiera fue identificado por las fuerzas de seguridad. Así lo ha reconocido el policía que lo denunció durante su declaración ante el titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de A Coruña. Según este inspector, se le tomaron los datos a casi todos los asistentes a aquel escrache ante la sede del PP, en cumplimiento de una instrucción dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad unos días antes. Acosta, relató el policía, no fue sin embargo identificado porque, alegó, los agentes ya conocían "su filiación" de otras movilizaciones en las que había participado.

"No sé si me acusan a mí, a un megáfono o a la presencia de los movimientos sociales en la calle", ha ironizado Acosta sobre las multas acumuladas, que sus compañeros de lucha cifran en unos 2.600 euros y sobre las que él ya ha perdido la cuenta, confiesa. El activista ha recordado cómo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó el pasado fin de semana el legado de Manuel Fraga al anunciar su candidatura a un tercer mandato: "Fraga decía que la calle era suya y [al PP] le estorba que la calle sea de los ciudadanos".

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Activista del 15-M, del Foro Galego da Inmigración y de la plataforma Stop Desahucios Coruña, además de haber sido nombrado en 2015 Republicano de Honra por la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de la ciudad donde reside, Acosta ha recibido el apoyo a las puertas del juzgado de dos diputados de En Marea, Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino; del parlamentario autonómico de AGE Xabier Ron; y de la concejala del Gobierno coruñés de Marea Atlántica Rocío Fraga. Allí también ha estado Roberto Rivas, el bombero que se negó a colaborar en el desahucio de la octogenaria en el que también participó Acosta y que, como él, recibió una multa de 600 euros de la Subdelegación del Gobierno de A Coruña. Las sanciones impuestas por el Gobierno a los miembros de la plataforma Stop Desahucios Coruña ya superan a día de hoy los 15.000 euros.

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Sobre la firma

Sonia Vizoso
Redactora de EL PAÍS en Galicia. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago. Lleva 25 años ejerciendo el oficio en la prensa escrita y ha formado parte de las redacciones de los periódicos Faro de Vigo, La Voz de Galicia y La Opinión de A Coruña, entre otros. En 2006 se incorporó a El País Galicia.

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