El cabecilla de la ‘Púnica’ admite que él y Granados cobraron sobornos

El constructor David Marjaliza ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción decirlo todo a cambio de una rebaja de pena

Madrid - 17 jul 2015 - 22:54Actualizado: 18 jul 2015 - 01:04 CEST

Francisco Granados es conducido a su casa para un registro. Claudio Alvarez

23 de abril de 2015. El juez que investiga la trama Púnica efectuó ese día un registro en casa de los padres de David Majarliza, cabecilla de la red junto a su socio y exconsejero de Madrid Francisco Granados. En el registro estaba presente Majarliza, que espetó a los funcionarios: “¿Queréis saber dónde están las comisiones? Las tengo todas aquí…”, y señaló a su cabeza. Tras ese comentario pactó con la Fiscalía Anticorrupción contarlo todo a cambio de una rebaja de pena.

Los funcionarios buscaban en casa de los padres de Marjaliza obras de arte utilizadas como tapadera de un supuesto delito de blanqueo de capitales. El pañuelo de colaboración lanzado entonces por Majarliza ya ha dado fruto. Ha salido al menos cinco veces en secreto de la cárcel de Aranjuez, donde se halla desde el pasado 27 de octubre, cuando estalló la Operación Púnica. Y tres de ellas han sido para verse en persona con el juez Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción.

Políticos en las grabaciones

Las grabaciones interceptada en la Operación Púnica han contribuido decisivamente a identificar a los implicados en la trama y los chanchullos que se traían entre ellos con cargo al erario público. Los cabecillas aparentan connivencias con políticos del PP y del PSOE. Granados y compinches detallan “cosas muy feas” de terceras personas de relevancia pública.

Según fuentes jurídicas, dice haberlo contado todo. Eso sí, tras asegurarse un pacto con la Fiscalía que le permita aminorar su petición de pena con vistas a un eventual juicio. A cambio de colaborar con la justicia.

Ha soltado, por ejemplo, las comisiones pagadas por la firma francesa Cofely a numerosos alcaldes (entre 20.000 y 50.000 euros, en función del volumen de la contrata). Hay alcaldes del PP, la mayoría, del PSOE e incluso un edil de Izquierda Unida implicados, siempre según fuentes jurídicas. Las contratas de ayuntamientos a Cofely alcanzan los 200 millones. Estas adjudicaciones tenían por objetivo el ahorro de energía eléctrica en esos municipios. La intermediación entre los ayuntamientos y Cofely la hizo Marjaliza, siempre bajo la sempiterna sombra de Granados.

El propio Majarliza llegó a adelantar de su bolsillo comisiones a regidores que luego recuperó mediante facturas falsas. Tras el verano, habrá otra redada contra regidores, según los citados medios. Ya hay al menos siete imputados, y están siendo investigados otra decena.

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Las diligencias sobre la trama Púnica se han agigantado con las nuevas revelaciones de Marjaliza. Su declaración apuntala, por otro lado, lo que ya se sabía: que los 11 millones detectados a ambos en el extranjero proceden en parte de comisiones obtenidas por recalificaciones de terrenos.

Cumpleaños por todo lo alto en Valdemoro

Al margen de los negocios que mantenía con su socio David Majarliza en recalificaciones de terrenos en el municipio de Valdemoro, Francisco Granados dispuso también de su propia operativa de recaudación de comisiones. Granados diseñó su plan recaudador en connivencia con la empresa de espectáculos musicales Waiter Music, con sede en Aranjuez (Madrid), según fuentes jurídicas de la investigación.

El sumario revela que Granados, tras abandonar la alcaldía de Valdemoro y acceder a la secretaria general del PP de Madrid y también al Gobierno de Esperanza Aguirre, cobró importantes comisiones de Waiter Music. ¿Por qué? Por instar a numerosos alcaldes de la Comunidad (él los elegía junto a Aguirre) a contratar para sus fiestas locales y otros eventos los servicios de Waiter Music.

Granados, o bien en su nombre Waiter Music, convencían a los alcaldes para organizarles eventos musicales. Eso sí, con precios muy superiores a los del mercado. De ahí salían las comisiones. La firma musical llegó a gastar 6.000 euros en la fiesta de cumpleaños de Granados de 2008.

En su pacto con la Fiscalía para contar toda la verdad caiga quien caiga, Marjaliza no solo ha dado nombres de políticos que han cobrado sobornos; también ha desgranado cómo se hacían las operaciones para ocultar el rastro de corrupción. Y de donde salían las comisiones.

En las largas horas que durante tres días ha empleado para contar al juez la dinámica corrupta de la red, ha descrito asimismo sus distintas tramas. Una de ellas, la que él mantuvo con Granados, que se circunscribe a recalifcaciones y pelotazos en Valdemoro. Cómo ocultaron el dinero de comisiones en Suiza, cómo se lo repartían...

Con su declaración autoinculpatoria, Marjaliza ha dejado a los pies de los caballos a Granados, preso en la prisión de Estremera (Madrid). Ambos han llegado a acopiar unos 11 millones de euros en el extranjero (Suiza y Singapur), según revela el sumario, que se hará público antes de que finalice el mes.

Otra de las tramas que ha desglosado ante el juez Marjaliza, aparte de la suya con Granados, con quien compartió yate y chalés en Valdemoro y la Costa del Sol, y la que él personalmente desplegó con Cofely, es la que afecta al experto informático Alejandro de Pedro, otro de los cabecillas de la red Púnica. De Pedro es amigo personal de Granados. Este fue quien le presentó a numerosos políticos con los que después hizo negocios.

La labor de De Pedro en los últimos años ha sido realizar labores para mejorar la reputación de políticos en las redes sociales. Esta mejora de imagen se ha llevado ya por delante a dos pesos pesados del anterior Gobierno de Madrid, los exconsejeros Salvador Victoria (Presidencia y Justicia) y Lucía Figar (Educación).

Victoria se ha visto envuelto en este asunto porque supuestamente ordenó a la firma privada Indra (proveedor de la Comunidad) pagar a De Pedro por relanzar en Internet su imagen personal y la del expresidente de Madrid Ignacio González.

investigacion@elpais.es

Ya hay 100 imputados, y habrá más...

La investigación que desarrolla el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acumula ya un centenar de imputados. Y la lista crecerá previsiblemente tras el verano cuando el juez concluya las pesquisas sobre otra decena de alcaldes, fundamentalmente de PP, pero también del PSOE, que supuestamente han cobrado comisiones por otorgar contratos a la firma energética Cofely con la aparente intención de ahorrar electricidad en sus municipios. El juez está analizando ahora toda la información que ha facilitado el constructor David Majarliza y las comisiones supuestamente pagadas a cargos públicos (alcaldes del PP, PSOE e incluso un edil de IU) por la obtención de contratas. Marjaliza fue el que gestionó como intermediario las contratas con Cofely. No solo hubo comisiones para alcaldes: en muchos ayuntamientos, las contratas otorgadas a Cofely contenían la obligación por parte de la firma francesa de realizar encuestas entre los ciudadanos para que opinasen sobre sus trabajos de eficiencia energética y sobre la gestión e imagen del alcalde. Y hacerles un informe ad hoc sobre la opinión vecinal. Todo con cargo al dinero de las contratas, que salía de las arcas públicas en beneficio particular de los regidores. Al ser una cuestión privada pagada con dinero público (se inflaba la contrata), el hecho puede ser constitutivo de financiación ilegal.

Además, el juez están indagando recalificaciones de suelo hechas en diferentes municipios de Madrid en las que supuestamente mediaron comisiones durante la época de Francisco Granados como alto cargo de la Comunidad de Madrid. Las recalificaciones se efectuaron a través de la empresa pública Arpegio, dependiente antes y ahora de la Dirección General de Administración local, al frente de la que estuvo Jaime González Taboada. En la actualidad Arpegio sigue gestionada a nivel político por Taboada en su calidad de nuevo consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio del gobierno de Cristina Cifuentes. Al igual que Arpegio, otro organismo público que está siendo investigado en la Púnica es la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). En la cúpula del Gobierno regional hay temor ante la posibilidad de que la trama Púnica salpique a nuevos cargos públicos de la lista de Cifuentes.