Zarrías acusa al juez del Supremo de cruzar una “línea muy peligrosa”

El exconsejero andaluz de Presidencia, Gaspar Zarrías, considera que el instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo ha dictado una resolución “oportunista” y que supone “un hito en la historia judicial española”. La defensa del que fuera número dos de Manuel Chaves en la Presidencia de la Junta ha presentado este miércoles en el alto tribunal un recurso de apelación contra la decisión del juez Alberto Jorge Barreiro de proponer la tramitación de suplicatorio ante el Congreso de los Diputados y ha pedido a la sala de recursos que frene este trámite. En el escrito, de 40 páginas, la defensa carga duramente contra el trabajo del magistrado y rebate uno por uno todos los argumentos de su exposición razonada, que en su opinión es “tan extensa como poco fundada”.

El abogado de Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, considera que el escrito de imputación contra Zarrías, Chaves y el también exconsejero José Antonio Viera pretende someter a juicio penal las decisiones legislativas de la Junta de Andalucía. “Por primera vez se dirige un reproche penal para castigar una responsabilidad que, de existir, sería de naturaleza exclusivamente política”, señala el escrito que hoy ha registrado ante la sala de recursos del Supremo. Las conclusiones extraídas por Barreiro, según la defensa de Zarrías, “franquea una línea muy peligrosa” y vulnera “reglas y principios fundamentales del sistema constitucional” como son el principio de legalidad penal, el de división de poderes o el de soberanía en el ejercicio de la potestad legislativa.

El abogado llama la atención sobre el hecho de que todo el relato del juez gire en torno a “una palabra talismán”: las llamadas transferencias de financiación, el instrumento que usó la Junta para pagar las ayudas a empresas y que, según Barreiro, se empleó premeditadamente para eludir controles y permitir la concesión arbitraria de subvenciones. El abogado sostiene que el juez no ha sido capaz de establecer una relación causal entre la supuesta disminución de los controles y los casos concretos de fraude en la percepción de las ayudas que se hayan podido producir y prueba de ello ha exculpado a Zarrías, Chaves y al expresidente José Antonio Griñán del delito de malversación. “La razón es clara”, recoge el escrito de la defensa, “ los supuestos fraudes -intrusos, pago de sobrecomisiones- se originan en conductas de terceros que nada tienen que ver con que se haya utilizado el sistema de las transferencias de financiación u otro diferente”.

Es decir, según Zarrías, de haberse concedido las ayudas por otro sistema, no se habría evitado que se produjeran ese tipo de fraudes, ya que el engaño que encerrarían se produce en el ámbito de la ejecución de las ayudas acordadas y no en el de su planificación presupuestaria ni en el de su financiación. “Pero todo da igual; la ventaja que tienen los términos abstrusos o muy técnicos es que sirven para cualquier cosa, precisamente porque nadie los entiende”, concluye el abogado.

El letrado subraya además un argumento que comparten todas las defensas de la cúpula del Gobierno andaluz para rebatir la decisión de Barreiro: en la medida de que la figura de las transferencias de financiación forma parte de los presupuestos, tiene la condición normativa de ley, al igual que el resto de las normas presupuestarias, por lo que si se considera que su uso es prevaricador se incurriría en una contradicción: “Se trataría de una ley ilegal”, dice el abogado .

Martínez-Fresneda acusa a Berreiro de haber abordado la instrucción con una “idea preconcebida” y asegura que los hechos que le imputa no son ciertos porque no se da ninguno de los elementos que definen a la prevaricación. “A Gaspar Zarrías no se le imputa por ninguna resolución dictada en su condición de Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Su imputación se centra y se limita a decisiones dictadas en su condición de miembro del Consejo de Gobierno, al ofrecer su voto -junto con el resto de los consejeros- para la aprobación de unas modificaciones presupuestarias y para la elevación al Parlamento de Andalucía los proyectos de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía”, advierte el abogado.