Un cargo de Aznar acusa al FROB de obtener datos de su ‘black’ ilegalmente

Estanislao Rodríguez Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004, acusa al FROB, dependiente del Ministerio de Economía, de haber obtenido sus datos sobre los gastos con las tarjetas black de Caja Madrid “de forma ilícita”. El ex alto cargo de un Gobierno del PP cree que “la auditoría interna de Bankia y el FROB, pudieron incumplir la Ley de Protección de Datos". Rodríguez Ponga considera que esta actuación está castigada con penas de prisión “de uno a cuatro años”.

El ex secretario de Estado de Hacienda, que gastó 253.961 euros entre junio de 2006 y diciembre de 2011 con la tarjeta opaca de Caja Madrid, argumenta en su recurso de apelación contra la fianza impuesta que la entidad de ahorros “siguió subsistiendo después de la segregación de Bankia” por lo que la documentación pertenece a la Fundación Caja Madrid” y el banco “solo es el custodio de la información y eso no le autoriza a utilizar y difundir la información custodiada”.

Las acusaciones del que fuera alto cargo de Economía con el Gobierno de Aznar y Rodrigo Rato, son directas: “El director de auditoría interna de Bankia era plenamente consciente de que el banco carecía de legitimidad para analizar la información y las remuneraciones de los órganos de gobierno” y “menos aún para difundirlas a asesores externos y al FROB”, el fondo de rescate de bancos controlado por el Ministerio de Economía. “Bankia envió conscientemente al FROB una información sobre Caja Madrid obtenida ilícitamente y el FROB envió a la Fiscalía esa información obtenida ilícitamente, sin advertirlo al ministerio Fiscal”.

Con esta base, trata de tirar por tierra toda la acusación: “La información obtenida ilegítimamente por Bankia y el FROB no puede ser base de una imputación tan gravosa desde el punto de vista personal, patrimonial, profesional y mediático como es una fianza”. El juez impuso una fianza de 341.000 euros a este exconsejero por el uso de la tarjeta, con la que pagó viajes por valor de miles de euros.

A lo largo de su defensa, sostiene que los gastos de la tarjeta fueron incentivos, pero lo cierto es que nunca los declaró a Hacienda y no pagó impuestos por ellos. Rodríguez Ponga argumenta en su amparo: “La Agencia Tributaria estaba comprobando mis declaraciones de IRPF sin que en el momento de la paralización de la inspección se hubiera llegado a ninguna conclusión sobre si estas remuneraciones estaban declaradas o no”.

Rodríguez Ponga considera que Bankia no puede pedirle daños por los gastos realizados. “Bankia no es sucesora universal de Caja Madrid, pues las tarjetas de los consejeros de Caja Madrid no se segregaron ni en favor de BFA”, la matriz de Bankia, “ni de Bankia”. Sostiene que el informe de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri se equivoca porque no entiende que el era “consejero no ejecutivo, por lo que no era ni directivo ni empleado”. Afirma que las tarjetas se contabilizaron en Caja Madrid en 2011 y 2012 “por lo que ni BFA, ni Bankia y ni el FROB han soportado su coste y por eso no son perjudicados ni ofendidos”.

El prolijo escrito, con 72 folios, se apoya en multitud de acuerdos tomados por el consejo de Caja Madrid desde 1988 hasta 2004, en los cuáles, según Rodríguez Ponga, además de retribuciones se podían pagar “incentivos para los miembros del consejo. Estos incentivos se materializaron en las tarjetas de los consejeros” y era el presidente el que tenía delegada la política retributiva. Incluso dice que la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid recibió la modificación de los estatutos donde se hablaba de las “retribuciones e incentivos” “y al no mostrar oposición, quedaron aprobados y legalizados”.

El experto fiscal niega también que los gastos se anotaran en una cuenta difícil de detectar por Hacienda. “Figuraban en una partida con los gastos de las tarjetas deducibles, pero no como gastos de representación de empresa, lo que prueba que no se intentaban “colar” estos gastos, como dice equivocadamente el Ministerio Fiscal”.

Pese a todas las argumentaciones defensivas, Rodríguez Ponga añade hacia el final del escrito: “El importe de las tarjetas se podría haber dedicado a proporcionar un lugar de trabajo a los consejeros, o vehículos o teléfonos, o material de oficina o aumentar las dietas de los consejeros”. Y concluye afirmando que “le entregaron una tarjeta sin haberla pedido”.