El Gobierno culmina el giro de 180 grados de su política judicial

El Gobierno culminó este viernes el giro de 180 grados a su política judicial con la anulación de la subida de tasas, la rectificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el anuncio de la aprobación la próxima semana de una Ley de Enjuiciamiento Criminal radicalmente distinta a la manejada en el inicio de la legislatura.

Todas esas medidas fueron impulsadas en su momento por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pero fueron aprobadas en Consejo de Ministros y, en algunos casos, votadas en las Cortes solo con los votos del PP. Solo se ha salvado una parte de la reforma del Código Penal, especialmente la prisión permanente revisable que se aprobará en breve en el Senado.

La más llamativa porque ya estaba en vigor es la ley de tasas, que desde 2012 se aplica a todas las jurisdicciones salvo la penal, ha sido rechazada por todos los estamentos de la Justicia, está pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional y ha recaudado unos 600 millones de euros desde entonces. El Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó este viernes un decreto que entrará en vigor el lunes y que elimina las tasas para personas físicas y las deja como estaban desde 2003. La recaudación anual de personas físicas es, según Justicia, de unos 50 millones. No obstante, se mantienen aún para las pequeñas y medianas empresas, aunque están exentas para procedimientos con cuantías de menos de 2.000 euros.

La otra norma aprobada es el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. En 2014 el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto que cambiaba por completo el modelo judicial español. Por ejemplo, se establecía la posibilidad de que los casos complejos fueran instruidos por tres jueces y se comprometía la reducción de aforados. El texto aprobado este viernes para su trámite parlamentario omite esos dos puntos, entre otros, y se queda en una reorganización de la actividad judicial, especializando a los jueces en cada jurisdicción y modificando sus normas de reparto, entre otras novedades. Incluye otras novedades formales como el cambio de denominación de los secretarios judiciales que pasarán a ser llamados letrados de la administración de Justicia. También que haya jueces o funcionarios de refuerzo en juzgados con especial carga de trabajo.

Ese texto modifica otra de las apuestas judiciales del actual Gobierno: la distribución de competencias y de la actividad en el Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo actual cambió la ley para que solo cinco de 12 miembros del órgano de gobierno de jueces y magistrados tuvieran dedicación exclusiva. Esa situación ha provocado problemas en el Consejo y ahora se rectifica esta medida y serán siete los vocales liberados para dedicarse en exclusiva a esta institución.

Además, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la próxima semana el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que renuncia también al cambio de modelo abordado al principio de legislatura para que, por ejemplo, los fiscales asumieran la instrucción. Aquel texto elaborado por el Gobierno ha quedado en retoques legales para establecer límites simbólicos a los tiempos de instrucción de los sumarios. También en la necesaria actualización de la referencia a las nuevas tecnologías.

Pese a esas rectificaciones, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que "hay que poner en valor el esfuerzo en reforma de la Administración de Justicia" que se ha hecho desde que Mariano Rajoy es presidente. El Gobierno aprobó también el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir el uso de nuevas tecnologías. Según el ministro de Justicia, en 2016 los profesionales solo podrán dirigirse a la administración de Justicia por vía telemática en esa jurisdicción. También habrá cambios en el juicio verbal civil.