Un mamotreto en el paraíso

En primera línea de la paradisíaca playa de Las Teresitas (Santa Cruz de Tenerife) emerge un esqueleto gris de un edificio de bloques abandonado desde hace una década. En Canarias se le conoce popularmente como “mamotreto”, aunque nació como un ambicioso proyecto encargado a Dominique Perrault, reputado arquitecto y autor de la Biblioteca Nacional de París. El mote sirve también para bautizar el proceso de corrupción asociado al edificio.

El caso mamotreto es un ramal de la macrocausa de Las Teresitas que sigue pendiente de juicio y en el que está imputado el que fuera alcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador por Coalición Canaria Miguel Zerolo, por la compraventa de los terrenos ubicados en el frente de la zona de baño. Dentro de la operación inmobiliaria se quiso incluir un desarrollo urbanístico que convirtiera a Las Teresitas en emblema del turismo de la capital chicharrera. El Ayuntamiento llegó a convocar un concurso internacional que premió los planos del prestigioso arquitecto galo. El proyecto de Perrault pintó dos zonas: una de playa, que pagaría el Ministerio de Medio Ambiente en virtud del convenio de colaboración del Plan de Infraestructuras y Calidad Turística suscrito con el Gobierno de Canarias, y una segunda de accesos, donde se levantaría un hotel de lujo de 12 plantas con una altura de 40 metros y 180 metros de longitud, además de un edificio de aparcamientos y locales comerciales.

La construcción del aparcamiento con capacidad de 272 plazas y locales comerciales contemplaba una planta sótano además de una planta sobre rasante. El inmueble ocupaba tanto la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre, servidumbre de tránsito, así como 1.223 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre. Las obras se iniciaron en 2001, que es cuando comienza a fraguarse el denominado pelotazo de las Teresitas. El edificio de aparcamientos se construye de forma parcial e incluye modificaciones en el proyecto inicial para aumentar el número de plazas. Según ha constatado una sentencia judicial posterior, esas obras no contaban con las licencias que amparaban los convenios entre el Ayuntamiento y Costas. Se trataba de un requisito imprescindible, por lo que ni los deslindes ni los trabajos realizados en dominio público marítimo terrestre contaban con el visto bueno de la Dirección General de Costas. Paralelamente, en aquella época ya había estallado la polémica por la compraventa de los terrenos por parte del Ayuntamiento a un grupo de empresarios por 52,7 millones de euros.

En 2007, el Gobierno municipal en manos de una alianza entre Coalición Canaria y el Partido Popular decidió suspender las obras de construcción del edificio de aparcamientos tras recibir un escrito de Costas advirtiendo de que las labores no disponían de autorización. La paralización del proyecto allanó la investigación de la Fiscalía de Medioambiente empujada por varias denuncias de la Coordinadora Ecologista El Rincón y la plataforma Amigos de la playa de Las Teresitas. Con las obras paradas y el proceso judicial abierto, el Ayuntamiento decidió suspender el proyecto de reforma de todo el frente litoral en 2009. El proceso judicial concluyó el pasado febrero con la condena a los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia —junto a cuatro funcionarios del Consistorio— a penas de entre tres y seis meses de prisión por la comisión de sendos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife fue ratificada por la Audiencia, que considera probado que el “mamotreto” fue construido sin las preceptivas autorizaciones de Costas y en suelo considerado dominio marítimo terrestre.

El proyecto encargado a Perrault invade zonas protegidas

Las condenas han supuesto una conmoción en la sociedad tinerfeña y abonado el debate sobre la legalidad del edificio. El letrado de la defensa de los condenados y ex fiscal general del Estado, Eligio Hernández, ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional alegando que las condenas son desproporcionadas y el edificio, perfectamente legal. Mientras, el coste del proyecto inicial de 15 millones de euros ha quedado en agua de borrajas y el Consistorio, en el que gobierna ahora Coalición Canaria junto al PSOE, no acaba de ponerse de acuerdo en la necesidad de derribar el edificio. Mientras el alcalde nacionalista, José Manuel Bermúdez, se muestra partidario de mantener el mamotreto e intentar su legalización, su socio de gobierno socialista y edil de Urbanismo, José Ángel Martín, ha asegurado que la sentencia no ofrece lugar a dudas. “Se ha intentando reducir el caso a una ocupación de la zona de servidumbre, pero en este tema hay un incumplimiento global de todas las normas urbanísticas que existen, desde actas de replanteo hasta la volumetría. Hay dos sentencias contundentes y los informes son claros. Se está incumpliendo el aspecto de la obra, no los usos que se pueden legalizar, pero en este caso no queda otra que demoler el edificio”, afirma Martín.