El Tribunal de Cuentas reclama 252 millones a 37 empresas del caso ERE
El órgano fiscalizador cita el 24 de febrero a los afectados y a seis ayuntamientos
La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 24 de febrero a la una de la tarde a los representantes de 37 empresas privadas y seis ayuntamientos para reclamarles al menos 252 millones de euros que recibieron de la Junta de Andalucia para financiar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), proyectos empresariales e infraestructuras municipales.
La instructora del procedimiento ha citado además a Javier Guerrero, ex director general del Trabajo de la Junta de Andalucía (1999-2008), y a su sucesor, Juan Márquez (2008-2010). Ambos están ya imputados en el procedimiento penal que en paralelo instruye la juez Mercedes Alaya en Sevilla, al igual que algunos de los empresarios citados. La Junta de Andalucía, personada como administración perjudicada, ha señalado a Guerrero y Márquez como responsables políticos directos del quebranto económico a sus arcas públicas derivado del fondo de los ERE, datado en 855 millones.
La medida responde a la denuncia que presentó el PP andaluz en 2011
El Tribunal de Cuentas ha seleccionado un ramillete de 37 empresas, que incluyen subvenciones directas y ERE con pólizas para prejubilados, basándose en la documentación que le ha suministrado el Ejecutivo autónomo. Sin embargo, del fondo se han beneficiado más de 300 entidades.
La juez Mercedes Alaya, que instruye la causa penal, ha interrogado en los últimos cuatro años a muchos de los empresarios beneficiados y la fiscalía pidió para ellos fianzas millonarias de responsabilidad civil por el daño causado a las arcas públicas. En muchos de esos casos, la juez aún no ha resuelto la petición del fiscal.
La iniciativa del Tribunal de Cuentas tiene su origen en una denuncia presentada por el PP andaluz ante este organismo en 2011. Tras cuatro años de instrucción, la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas considera que las ayudas no se adecuaron a la normativa y, por tanto, sus beneficiarios tienen que devolverlas dentro de un procedimiento de reintegro por alcance que determina quiénes son los presuntos responsables, a los que cita para practicarles la denominada liquidación provisional. El Tribunal de Cuentas, que se suma a la tesis de Alaya, la fiscalía y la Guardia Civil sobre la ilegalidad de la partida, requerirá a los supuestos responsables para que “depositen o afiancen el importe provisional del alcance, más el cálculo también provisional de los intereses que pudieran resultar procedentes bajo apercibimiento de embargo”.
Algunas de esas empresas han indicado que el pago de las cantidades que reclama ahora el Tribunal de Cuentas podría causar la quiebra de la sociedad. Otras, además, ya tienen impuestas fianzas tras comparecer sus propietarios ante Alaya.
La Cámara de Cuentas andaluza consideró en un informe de 2012 que las ayudas de la Junta de Andalucía a estas empresas se dieron siguiendo un procedimiento “al margen del previsto en la legislación vigente”; detectó “situaciones de irregularidad en un número determinado de beneficiarios [que nunca trabajaron en las empresas que recibieron las ayudas pero que fueron incorporadas a los expedientes de regulación de empleo]”; y concluyó que de esas situaciones podrían derivarse “responsabilidades contables”.
Las 37 empresas citadas ahora por el Tribunal de Cuentas recibieron, según el informe de la Cámara de Cuentas andaluza, 253 millones en distintas ayudas públicas. Entre ellas destacan A Novo Comlink y Astilleros de Sevilla, cuyos representantes acudirán junto a Ayuntamientos —todos ellos sevillanos— como Camas, Guadalcanal o Los Palacios.
