Seis comunidades autónomas piden aplazar la LOMCE en Secundaria
Educación contesta que no se plantea ninguna moratoria
Seis comunidades autónomas han solicitado al Ministerio de Educación que aplace la implantación de la reforma educativa en secundaria y bachillerato, unos cambios previstos para el próximo curso. Alegan que los plazos son muy reducidos para adaptar los currículos en sus comunidades autónomas (el real decreto ministerial se aprobó en enero), la complejidad de incluir modificaciones de una vez en una etapa obligatoria y otra postobligatoria y aluden también a la coincidencia con las elecciones en la mayoría de las regiones, previstas en mayo, que les obligaría a tenerlo listos antes o a que haya comunidades donde los cambios los hagan un gobierno y los firme otro de otro signo político.
País Vasco (PNV) y Navarra (UPN) se sumaron ayer a la petición de un plazo más amplio que solicitaron ya a finales de diciembre las tres autonomías gobernadas por el PSOE (Andalucía, Canarias y Asturias) junto con Cataluña (CiU). Todas manifestaron en la conferencia sectorial con el ministerio que los plazos eran insuficientes, pero Educación no aplicará ninguna moratoria.
“Entendemos que no tendría que haber ninguna dificultad”, señaló la secretaria de Estado de Educación, Monstserrat Gomendio, que fue quien compareció en nombre del ministerio al término de la reunión. Gomendio explicó que, aunque el decreto se aprobó en enero, el pasado junio se entregó un borrador con el que algunos gobiernos autonómicos llevan meses trabajando. Eso fue lo que manifestaron dos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP (Castilla-La Mancha y Valencia), que se comprometieron a publicar sus decretos en el plazo de un mes. “Estamos preparados para poder aplicar la LOMCE”, señalo la consejera valenciana María José Català. El consejero de Castilla y León, Juan José Mateos (PP), admitió que los plazos eran “muy ajustados” pero señaló que le parecía “una polémica estéril” y se comprometió a tener el decreto listo antes de las elecciones de mayo
Cataluña y Andalucía anunciaron que pondrán en marcha “medidas paliativas” para reducir el impacto de la normativa, según admitió el consejero andaluz Luciano Alonso. “Vamos a intentar buscar medidas para que tenga el menor impacto posible y éxito de los alumnos”, añadió María Jesús Mier, secretaria general de enseñanza catalana.
Seis comunidades autónomas están revisando el real decreto – tanto los contenidos como los plazos de aprobación- y estudian llevarlos a los tribunales. En el Tribunal Constitucional hay ya seis recursos planteados contra la LOMCE por cinco regiones y por el Partido Socialista. “Crea un grave precedente que por primera vez se apruebe en el Consejo de Ministros [el pasado 26 de diciembre] una norma cuya versión final se va a dar hoy en conferencia sectorial, lo que incumple el reglamento”, señaló ayer la viceconsejera canaria, Manuela Armas. País Vasco, Andalucía, Asturias y Cataluña también barajan esa opción.
Cataluña pierde 3,5 millones
Un año después de la aprobación de la LOMCE, hay comunidades autónomas que no han cumplido con los plazos, según señaló ayer la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. País Vasco, Andalucía y Cataluña no han aprobado aún el real decreto que fija los contenidos de los currículos en primaria, donde la reforma educativa se aplica ya desde el pasado septiembre. Las tres alegan que querían consultar y acordar los cambios con la comunidad educativa y que, como en el caso de secundaria, los plazos le resultaban escasos. Fuentes de Educación señalan que no tener los decretos listos “no es normal pero es legal” porque el ministerio considera que en los tres casos se aplica el marco básico fijado desde el Estado. Pero en otra de las etapas – la Formación Profesional Básica (FPB), también en vigor desde septiembre- los efectos son peores. En Cataluña solo 54 alumnos de los 5.000 potenciales se han apuntado a una Formación Profesional que la Alta Inspección del Estado no considera bien adaptada a la LOMCE, según fuentes del ministerio. Esto ha hecho que la comunidad autónoma haya perdido 3,5 millones de euros de fondos europeos de un total de 47 millones previstos para 2014 cuyo reparto aprobó el Consejo de Ministros del pasado 18 de octubre, según reveló ayer la secretaria de Estado. Cataluña no podrá recuperar esos fondos aunque sí mantener la financiación europea para años posteriores si se adapta a los programas, añaden desde el ministerio.
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