Justicia prevé denegar en breve el indulto de Carlos Fabra
El ministro de Justicia se compromete en el Congreso a no indultar a nadie “con delitos asociados con la corrupción”
El Gobierno tiene previsto denegar en breve el indulto de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esa provincia, según fuentes del Ministerio de Justicia.
Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por varios delitos fiscales y su ingreso en prisión fue suspendido por la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Castellón a la espera de que se resolviera la petición de indulto. Es decir, que cuando el Gobierno lo deniegue expresamente, probablemente en las próximas semanas, Fabra tendrá que ingresar en prisión para cumplir la condena.
Ya se pronunciaron en contra del indulto el tribunal sentenciador, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Estas dos últimas también se opusieron sin éxito a la suspensión de la condena a la espera de la medida de gracia.
Ayer mismo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró en el pleno del Congreso que “en ningún caso se concede un indulto que tenga que ver con delitos asociados con la corrupción. Así ha sido en esta legislatura —por cierto, no en las anteriores— y, en todo caso, le aseguro el compromiso de que así lo vamos a mantener”. La primera parte no es cierta porque el anterior ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, indultó a siete cargos públicos o funcionarios por delitos de corrupción, pero fuentes del actual equipo de Justicia aseguran que a partir de ahora se aplicará este criterio hasta el final de la legislatura.
175 altos cargos opacos
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, acusó ayer al Gobierno de incumplir su propia ley de transparencia al no publicar la declaración de bienes de 175 altos cargos. Hernando preguntó en el Congreso por este asunto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que eludió responder a la pregunta concreta de cuándo se publicarán estas declaraciones de bienes exigidas por la norma que entró en vigor a principios de este año. La número dos del Gobierno presumió de que ya han entregado esa declaración más de 300 altos cargos y de haber aprobado la norma, pero eludió responder sobre los 175 que restan por entregarla. "Hay 11 subsecretarios, 11 secretarios generales, más de 80 directores generales, la abogada general del Estado y el embajador de España ante el Reino Unido (Federico Trillo). Eso lleva a que cuando termine su nombramiento, a su cese, no podamos comprobar si ha habido enriquecimiento ilícito", aseguró Hernando. El portavoz socialista explicó ayer que el PSOE irá más allá del acuerdo con el PP sobre los viajes de los diputados y los publicará todos con detalle.
Fabra fue condenado por delito fiscal, no por cohecho o tráfico de influencias, que están más claramente comprendidos en el capítulo de corrupción. Sin embargo, su actuación está asociada con la corrupción, según la expresión utilizada ayer por el ministro. Y la propia Fiscalía Anticorrupción, que interviene en este caso, sostuvo que Fabra debe entrar en prisión porque lo contrario sería “instrumentalizar la institución del indulto como un intento fraudulento y sistemático para eludir o rechazar el cumplimiento de la condena y la consecución de los fines de la justicia”. Catalá no ha propuesto aún ningún indulto y ayer repitió que el Gobierno trabaja en una reforma legal para dar más transparencia y aumentar los requisitos a las medidas de gracia. Así lo anunciará la próxima semana Mariano Rajoy en el pleno en el que defenderá las medidas anticorrupción que él mismo anunció ya hace 21 meses y que aún no se han aprobado.
El ministro aseguró ayer que “el Gobierno está trabajando en la reforma del derecho de gracia, asociado con una idea que es común a la política que viene desarrollando en las distintas áreas del Gobierno, que es mayor control y mayor transparencia en el ejercicio de esta función”. El diputado socialista Pablo Martín le pidió que “reforme la Ley del Indulto para impedir que cualquier corrupto pueda ser beneficiado por esa gracia”.
