Los partidos desbloquean la reforma del reglamento del Congreso
El PP acepta por primera vez aprobarla por bloques para evitar vetos El acuerdo consiste en centrar los plenos en debates más políticos
La reforma del reglamento del Congreso ha sido abordada con distinta intensidad por los dos grandes partidos desde los años ochenta, pero, tras cientos de horas de reuniones y ponencias en diferentes legislaturas, nunca se ha aprobado por los vetos y reticencias de alguno de los dos. Ahora, con la presión de la desafección ciudadana, hay una posibilidad real de que se apruebe, al menos por partes, en función de la voluntad política del PP.
Por un lado, todos los partidos que participan en la ponencia de reglamento han avanzado en algunos puntos y, sobre todo, el PP ha aceptado por primera vez que se debata y estudie por bloques. La diferencia notable es que si hubiera que esperar a que se aprobara completo el reglamento no habría ya tiempo suficiente en esta legislatura para sacarlo adelante. Además, se volvería a tropezar con el escollo que ha hecho imposible la aprobación en las anteriores legislaturas: el veto de algún partido a alguno de los puntos problemáticos.
Por ejemplo, en varias ocasiones fueron los partidos nacionalistas los que se opusieron a que se cerrara el acuerdo, porque sostenían que debía regularse la posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso. En otras ocasiones el escollo insalvable eran los mecanismos de control al Gobierno que los partidos mayoritarios no aceptaban. Es el caso de la posibilidad de someter a interpelaciones mensuales al presidente del Gobierno, tal y como sostiene ahora el PSOE y rechaza el PP. Si el PP cumple el compromiso de la ponente de su partido en la comisión, Arenales Serrano, algunas partes del reglamento podrían aprobarse esta legislatura. La diputada popular llevará hoy a la reunión de la ponencia una propuesta de texto articulado para el bloque que ya ha sido abordado en varias reuniones, el referido al procedimiento legislativo. Sobre las líneas generales ya hay acuerdo, tras varias reuniones de la ponencia, según el portavoz del PSOE, Pablo Martín.
El acuerdo consiste, básicamente, en reducir el número de plenos en favor de las comisiones. De esa forma se remitiría el debate técnico sobre las normas a las comisiones y los plenos quedarían para debates más políticos. Ahora eso puede ocurrir en los casos en los que el pleno da a las comisiones capacidad legislativa, pero en otros supuestos se duplica un debate técnico que ya se ha producido antes y con mayor extensión.
El caso más evidente que ya han abordado los grupos en la ponencia de reglamento es el del debate de los Presupuestos Generales del Estado. Cada año, el pleno se dedica durante semanas a debatir con detalle sobre enmiendas que se han pactado o rechazado en comisión y ponencia, con un debate interminable que duplica el lento proceso legislativo. Para Serrano, “se trata de buscar un debate más ágil, participativo y eficaz”.
Otra de las novedades pactadas se refiere al trámite de las Iniciativas Legislativas Populares. Hay una norma muy estricta que, a su vez, se remite a la Constitución, pero a través del Reglamento se puede hacer más eficaz la participación ciudadana. La Constitución exige que vaya avalada por 500.000 firmas recogidas en nueve meses, sin más previsión que la presentación en el registro de la Cámara. El acuerdo supone que los promotores de este tipo de iniciativas puedan defender el texto en la Cámara y debatir con los grupos. El PSOE pretendía que fuera en el pleno, pero el PP impuso que se celebren en comisión. En los últimos años la más llamativa Iniciativa Legislativa Popular que ha llegado al Congreso fue la referida a los desahucios y, según el acuerdo de los partidos, habría supuesto que Ada Colau, portavoz de la plataforma impulsora, hubiera podido intervenir en la Cámara para defenderla.
Otro de los acuerdos se refiere a la creación de una comisión que evalúe el cumplimiento de las resoluciones de la Cámara y la eficacia de las leyes. A los dos o tres años de la entrada en vigor de las leyes, se haría un seguimiento del grado de cumplimiento o la necesidad de llevar a cabo modificaciones. Este bloque está casi listo, a falta de que el PP cumpla el compromiso de ir tramitando por partes la reforma.
Esta ponencia de reglamento se constituyó en abril de 2013, pero estuvo bloqueada por la mayoría del PP hasta noviembre de ese año. En esa fecha se activó como consecuencia de la presión de grupos que, como el PSOE y UPyD, presentaron sucesivas iniciativas sobre puntos concretos. Estas negociaciones se desarrollan al margen de las conversaciones sobre el plan de regeneración.
