Sánchez impulsará en septiembre el debate sobre la reforma constitucional
El líder del PSOE consultará a todos los grupos sobre el inicio del procedimiento
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene previsto poner en marcha en septiembre próximo el debate sobre la reforma de la Constitución, que podría continuar con la apertura de un largo y complicado proceso legislativo, según fuentes de la dirección socialista. El líder de la oposición se reunirá con todos los portavoces parlamentarios para proponerles diversas actuaciones como, por ejemplo, medidas contra la corrupción, y también les sondeará sobre la conveniencia de iniciar el proceso constituyente en el Congreso de los Diputados.
Sánchez ya trasladó esta iniciativa a Mariano Rajoy el pasado mes de julio en la reunión que ambos mantuvieron en La Moncloa. El presidente del Gobierno, como es sabido, le replicó que es contrario a abrir ese proceso en este momento. Rajoy no es partidario de ello desde que encabeza el Ejecutivo y menos ahora con el desafío soberanista catalán abierto.
Del resto de grupos parlamentarios, están a favor de esa reforma, con distinto contenido e intensidad, IU, UPyD, los partidos nacionalistas y la gran mayoría del Grupo Mixto. Una vez que escuche la posición de todos, Sánchez analizará si acelera formalmente el proceso y fuerza la apertura de la ponencia constitucional.
Propuestas
Competencias."Clarificar y delimitar la distribución de las competencias, de las responsabilidades y de las obligaciones del Estado y de las comunidades para acabar con la confusión actual, que genera toda clase de conflictos".
Senado. "Sustituir el Senado por una auténtica Cámara de representación territorial, sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal".
Hechos diferenciales. "Incorporar los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas".
Financiación. "Establecer un nuevo sistema de financiación autonómica justo y equitativo, que dé certeza, estabilidad y equilibrio".
Derechos. "Incorporar como derechos fundamentales la protección social y la sanidad, para asegurar la garantía de los servicios sociales básicos, la educación, la sanidad y las pensiones".
El PSOE es el único partido, junto al PP, que puede poner en marcha el procedimiento por sí solo. El artículo 146 del Reglamento del Congreso exige que las iniciativas de reforma constitucional sean suscritas por dos grupos o por una quinta parte de los diputados (70). Los socialistas suman 110 escaños y no necesitan el respaldo de ningún otro grupo.
Ese trámite se ha cumplido en las dos reformas mínimas aprobadas hasta ahora con apoyo de los dos grandes partidos, por exigencia de Europa: la del derecho de sufragio de ciudadanos comunitarios y la referida a la reducción del déficit y la deuda. Nunca se ha puesto en marcha a iniciativa de un solo partido. José Luis Rodríguez Zapatero, como presidente del Gobierno, llegó a pedir informes al Consejo de Estado sobre cuatro reformas concretas y limitadas, pero nunca dio el paso de abrir el diálogo en el Parlamento. Aquellas reformas se referían al Senado, la eliminación de la prevalencia machista en la sucesión a la Corona, la referencia a Europa y la inclusión del nombre de las comunidades.
En todo caso, en el proceso final es necesario el voto de tres quintos del Congreso, es decir, es obligado el apoyo de los dos grandes partidos.
Si la reforma es agravada, es decir, si afectara a artículos especialmente protegidos sería necesaria la aprobación por las dos Cámaras, la celebración de un referéndum y elecciones y una nueva votación en las nuevas Cortes. Ese proceso podría coincidir con el final de la legislatura. Por ejemplo, la sucesión a la Corona requeriría de ese proceso y, de hecho, la necesidad de celebrar un referéndum fue lo que frenó a Zapatero.
La propuesta de partida de Sánchez es la contenida en la llamada Declaración de Granada que los socialistas aprobaron en 2013 y que, sin precisar artículos concretos, habla básicamente de una reforma federal, de la modificación del Senado, de las competencias autonómicas y estatales y de preservar la educación y la sanidad como derechos.
