La Guardia Civil precinta los originales de cientos de cursos de formación en Sevilla
Los agentes de la UCO han cerrado una dependencia del Servicio Andaluz de Empleo para asegurarse de que nadie manipula los papeles sobre el fraude masivo de los cursos
El Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha precintado esta mañana en instalaciones de la Junta de Andalucía cientos de expediente relacionados con el fraude masivo detectado en los cursos de formación de esta comunidad. Los agentes han visitado en Sevilla dos sedes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con un requerimiento de la juez Mercedes Alaya (la que investiga el fraude los ERE y la parte de la trama de los cursos de formación que afecta a altos cargos de la Consejería de Empleo) para precintar los originales de expedientes que ya habían sido analizados por el SAE y por los propia Guardia Civil. La finalidad de este requerimiento es, pues, asegurar que no se pierdan y que nadie pueda manipular estos expedientes, que afectan a miles de cursos de formación. Los requerimientos han sido efectuados en la sede central del SAE (en la avenida de Hytasa, 14) y en el archivo central de este organismo, en la sevillana calle de La Seda. Los expedientes precintados arrancan desde 2002 y se extienden hasta 2011.
En lugar de llevarse los expedientes, la UCO los ha precintado en dependencias, cerradas, del citado organismo, que es el que durante todos esos años distribuyó los cursos. El Grupo de Delitos Económicos de la UCO indaga un fraude que puede superar los 900 millones de euros en cursos de formación abonados con dinero procedente de Europa, del Estado y del propio Gobierno andaluz. Gran parte de ese dinero, según las primeras pesquisas, no fue justificado por sus perceptores y, en muchos casos, los cursos ni siquiera se realizaron.
El requerimiento y precinto que ha efectuado la Guardia Civil forma parte de las pesquisas sobre el fraude en los cursos de formación que instruyen los Juzgados de Instrucción 6 y 9 de Sevilla, y que abarcan a toda Andalucía (aunque la policía también tiene abiertas pesquisas propias). El Juzgado número 9 lleva todo lo concerniente al presunto fraude cometido por el sindicato UGT de Andalucía con dinero de estos cursos. El sindicato llegó a tener una contabilidad B con el dinero que recibió del Gobierno andaluz para estos cursos. La juez Alaya instruye la parte relacionada con la gestión de estos fondos por parte de la Consejería de Empleo. La Guardia Civil detectó este fraude investigando el caso de los ERE. La juez ya tiene imputado por estos hechos al exconsejero de Empleo del Gobierno andaluz Antonio Fernández, quien también está implicado en el fraude de los ERE. La juez Alaya indaga por qué la Junta de Andalucía, y en concreto el SAE, redactó un decreto en 2010 mediante el que exoneraban a unas 1.700 entidades andaluzas, sindicatos, ayuntamientos y asociaciones, de tener que justificar el dinero que habían recibido para cursos de formación desde el año 2002.
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