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A los tribunales por meter a los inmigrantes en su garaje

Fiscalía y Guardia Civil acusan al líder musulmán de Melilla y a un defensor de los derechos humanos de “desobediencia”

Cuando al regresar a su casa de Melilla, el 25 de abril sobre las diez de la noche, Mustafa Aberchán, de 54 años, se encontró a medio centenar de subsaharianos en la rampa de acceso al garaje de su chalé, no lo dudó y les abrió la puerta del recinto. Después discutió con el Jefe Superior de Policía de Melilla, Ángel Riesco, en qué condiciones saldrían de su vivienda para ser llevados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Dos horas después ingresaban todos pacíficamente en ese centro.

Por haberles abierto la puerta Aberchán se sentará en el banquillo el próximo miércoles en un juicio de faltas. La fiscalía ha denunciado al líder de Coalición por Melilla, la formación musulmana de oposición al Partido Popular, por “desobedecer” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículo 634 del Código Penal) porque así lo señala un informe que le ha remitido la Guardia Civil.

El ministerio público achaca la misma falta a José Palazón, de 58 años, responsable de la ONG Prodein y probablemente la figura más conocida de la sociedad civil en Melilla. Esa noche acudió al domicilio de Aberchán solo para rodar un vídeo y después se sumó a la comitiva peatonal que acompañó a pie a los subsaharianos hasta el CETI.

Los inmigrantes gritaban aquella noche “¡No Marruecos!”, “¡No Gurugú!”, el monte que domina Melilla donde preparan los asaltos a la valla de la ciudad que habían logrado franquear, recuerda Aberchán. Temían ser expulsados manu militari del otro lado de la valla por la Guardia Civil, que rodeaba el domicilio de Aberchán, y pedían ser trasladados al CETI. “Actué así porque no quería violencia, y menos en mi casa, y porque quería impedir una expulsión ilegal de Melilla de la que se han quejado otros muchos inmigrantes”, afirma el líder musulmán.

Aquella iniciativa de Aberchán ya suscitó en su día una polémica en la ciudad. “La sensibilidad por estas personas nunca puede ir en detrimento de la ley”, escribió en un tuit Juan José Imbroda (PP), el presidente de la ciudad. La fiscalía abrió diligencias y el instituto armado le remitió un informe en el que asegura que Aberchán “obstaculizó gravemente” su labor.

Aberchán “(…) puso todo su empeño en impedir que se accediera y actuara en su propiedad por entender que se estaba efectuando una acción policial desproporcionada”, recalca el coronel jefe de la Comandancia, Ambrosio Martín Villaseñor. La Guardia Civil carecía, sin embargo, de orden judicial para entrar en la vivienda.

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Además se interpuso entre la Guardia Civil “y los subsaharianos, los cuales se encontraban sentados apiñados, situándose de alguna forma delante de ellos como si fuese su portavoz o dirigente (…)”, prosigue el coronel. “Con su actitud llegó a soliviantar al grupo de inmigrantes”, añade. “Este ciudadano no cejó en su empeño hasta conseguir un “acuerdo” con la Delegación del Gobierno” y con la Policía, concluye. Aporta una lista de 31 guardias dispuestos a testificar de su desobediencia.

El informe de la Policía apenas guarda relación con el de la Guardia Civil. Solo coincide en que cuando la Guardia Civil intentó trasladar a los subsaharianos a sus vehículos celulares, estos lo rechazaron. Entonces Aberchán les “abre las puertas de su garaje y les invita a entrar”, precisa.

Los inmigrantes querían ir andado al CETI –temían que los furgones les condujesen a la valla para expulsarles- y cuando la policía aceptó su petición y les escoltó hasta el centro el problema quedó resuelto. “A su llega al CETI fueron recibidos por gran parte de los internos con muestras de manifiesta euforia y gran alborozo”, concluye el informe policial.

Rachid Hammud, el abogado de Aberchán, se declara “sorprendido” porque la Guardia Civil reproche a su cliente no haberle permitido acceder a su domicilio. “Además la investigación de la fiscalía no ha sido del todo imparcial”, se lamenta. “¿Por qué pide informes a la Guardia Civil y a la Policía y no toma declaración a los denunciados?”, se pregunta. José Alonso, el letrado de Palazón, está aun más desconcertado. “Pero si mi cliente fue allí con una cámara a grabar…”, comenta.

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