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EL ACENTO
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Fiscalizador fiscalizado

El Tribunal de Cuentas propone que un organismo externo audite su funcionamiento

SOLEDAD CALÉS

El colmo de un tribunal fiscalizador es que su gestión sea tan poco ejemplar que tenga que ser fiscalizada. Aunque parezca estrambótico, esta es la situación por la que atraviesa el Tribunal de Cuentas, un organismo que se encarga de enjuiciar la gestión económico-financiera del sector público y que examina la responsabilidad contable de quienes tienen a su cargo el manejo de fondos que son de todos los ciudadanos. Es, y así figura en la Constitución, el supremo órgano fiscalizador.

Pero no es infalible. Como se ha visto en las informaciones publicadas en EL PAÍS, en el seno del Tribunal de Cuentas cundían las irregularidades en la contratación de obras o en la selección del personal. El nepotismo ha campado a sus anchas. Un centenar de empleados tienen lazos de parentesco en la plantilla de la institución, solo 5 de los 60 informáticos alcanzan una cualificación específica y 7 secretarias obtuvieron una de esas plazas reservadas para quienes dominan la ofimática.

Semejante cúmulo de anomalías ha dañado el prestigio del Tribunal de Cuentas hasta tal punto que su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, se ha visto obligado a acudir al Parlamento para dar explicaciones. Y allí ha avanzado algunas de las medidas ideadas para intentar limpiar la imagen del organismo.

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La primera y más urgente pasa por hacer más transparente la selección de los empleados. Así, se eliminarán los puestos de libre designación, se publicará una relación de los puestos de trabajo y el currículo de quienes accedan a ellos y se modificará la composición de los tribunales de oposición.

Con estos filtros el organismo fiscalizador asegura que pretende evitar cualquier apariencia de discrecionalidad y perfeccionar la credibilidad de la institución. Pero sin duda la propuesta más pintoresca es la que invita a otra entidad fiscalizadora superior (por ejemplo, el equivalente al Tribunal de Cuentas de un país extranjero) a que evalúe su actividad. Las auditorías externas se suelen encargar cuando la casa no está del todo limpia.

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