Pelea de togas
Se supone que la administración de la justicia es absolutamente imparcial y que los juicios y sentencias de los diferentes tribunales se basan en algo escrito y común para las partes, la ley. Esto podría llevarnos a la dificultad que entraña el entender el porqué en ocasiones diferentes tribunales, en base a la misma ley, y sin aportación de nuevas pruebas o documentos, dictaminen de forma radicalmente opuesta ante un mismo sumario. En esta línea la imputación de la hermana del Rey por el caso Nóos está teniendo un desarrollo judicial sorprendente. El juez José Castro imputa a la hermana del Rey basándose en las conclusiones que emanan de sus diferentes investigaciones, pruebas, interrogatorios, etcétera. Al día siguiente el fiscal anticorrupción Pedro Horrach recurre contra la decisión del juez de mantener la imputación. Y recurre atacando duramente la forma de actuar del juez Castro, tildándolo de manipulador de argumentos para “construir unos hechos de apariencia delictiva”. Incluso le acusa de “tener el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación”.
Desconozco quién de los dos fajadores tiene la razón jurídica. Quizá ninguno, pero seguro que no los dos. Esta disparidad de criterios tan exagerada y visceral, donde un juez y un fiscal se atacan indisimuladamente dentro del ejercicio de sus responsabilidades públicas, echándose en cara mutuamente ¡su falta de imparcialidad!, es, no solo patética, sino muy grave. El inmenso poder que tienen los jueces y fiscales, de cuyas decisiones depende la vida y la hacienda de los ciudadanos, no es admisible que se utilice como arma de ataque o defensa, donde se trasluce incluso las obsesiones personales de ambos contendientes. Por otra parte, de todo esto se desprende una consecuencia no menos grave: o el juez o el fiscal es un incompetente, y, por tanto, uno de los dos sobra.— Pedro Díaz Gómez.
