Alcaldes para pasear santos

Surgieron del barro. De calles enfangadas de tedio por el franquismo. De hambre de democracia. Allí crecieron los Ayuntamientos. No queda nada de ese lodo sobre el que se forjaron. Lo eliminaron socavando el suelo para que serpentearan tuberías que vomitaban agua potable, alcantarillas que encerraran el hedor, kilómetros de cable que dieran luz a miles de pueblos que llevaban décadas sometidos al toque de queda del anochecer. Ahora vuelven a otro barro: el de la nueva ley de la Administración Local. Un vaciado de servicios a los Ayuntamientos que pasarán a las diputaciones y las comunidades autónomas.

Servicios sociales, educación, sanidad, personal… La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local elimina competencias a los Gobiernos locales para ahorrar 8.000 millones en cinco años. Una cifra —equivalente al fraude fiscal de un mes— exigida a instituciones cuya deuda supone el 4% del PIB y que “no son las que causan el déficit publico”, según el ministro Montoro.

Los municipios tienen que empezar a soltar sus competencias en 2014, a pesar de las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición y el millar de cambios que todos los partidos políticos, menos el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Unión del Pueblo Navarro (UPN), exigieron para la reforma durante su tramitación. Sin éxito. “Todo el mundo local está en contra. No creo que se vaya a aplicar. Es una locura tremenda”, aventura José Antonio González Poncela, el alcalde de la vallisoletana localidad de Tordesillas, con una sonrisa breve e incrédula.

El socialista gobierna un pueblo de algo más de 9.000 habitantes, uno de cada tres ciudadanos, 15 millones, vive en localidades de este tamaño. La ley no afecta por igual a todos los municipios, los recortes son mayores cuanto más pequeña es la población. González Poncela, de 36 años, repasa los presupuestos de 2014. Con cada nueva hoja enumera un par de servicios que no podrá prestar: “Escuela de música, piscina, ayuda a domicilio. Si tenemos que igualar ingresos y gastos, habrá que subir muchísimo el agua, la basura…”. La lista continúa durante tres minutos más. “Esto pasará a la diputación o a la comunidad, que posiblemente tampoco puedan prestarlos porque no tienen financiación. Al final el vecino exigirá que le devolvamos el servicio. No conozco a ningún alcalde que no quiera solucionar los problemas de sus vecinos”.

Los municipios tienen que empezar a soltar sus competencias en 2014, a pesar de las enmiedas a la totalidad de la oposición

Con la nueva normativa todo queda constreñido a la rentabilidad, y todas las instituciones tienen que cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los servicios serán concedidos a quien los dé más baratos, ya sean entes públicos o privados.“Es una privatización encubierta de los servicios y una pérdida de calidad de vida de los vecinos. Cuando ellos tienen un problema se lo cuentan a su alcalde, no a la comunidad. ¿Mañana a quién se lo van a contar?”, reflexiona González.

Esta es también una de las preocupaciones del director del colegio público Pedro I de Tordesillas, Juan José Esteban: “Ahora si se rompe una ventana llamamos al Ayuntamiento. Y al día siguiente lo arreglan. ¿Quién nos garantiza que la Junta hará lo mismo?”. Aunque la escuela es más vieja que joven — seis moles rectangulares de ladrillo rojo— todavía tiene buena cara. A Esteban le inquieta la ley. El mantenimiento y vigilancia de los colegios pasarán a los Gobiernos regionales. “Si se aplicara hoy la ley, tendría que apagar la calefacción, las luces, cortar el agua… porque no tengo presupuesto”.

Es una privatización encubierta de los servicios y una pérdida de calidad de vida de los vecinos José Antonio González Poncela, alcalde de Tordesillas (PSOE)

Para el edil tordesillano hay más cosas en juego que la cercanía: “Nos quita la competencia de decidir cómo se desarrolla el presupuesto hecho con los impuestos de los vecinos”. Javier Nieto, que dirige la Escuela Municipal de Música de Tordesillas, desde su fundación hace 25 años, cree que su partida presupuestaria está en juego. El Ayuntamiento dedicó 141.822,22 euros en el curso presente, un 62% del presupuesto. El resto vino de las matrículas, una media de 30 euros al mes. Los 250 alumnos se quedarán sin escuela a no ser que sea rentable. A golpe de recorte o de tasazo. Si no, pasará a la diputación, que tiene la última palabra en cuestión de dinero, y que no es elegida directamente por los vecinos. Desde 2011 el PP gobierna 27 de las 38. En los territorios uniprovinciales los Gobiernos regionales serán los tutores financieros. “La centralización de poder me suena a dictadura”, sentencia Nieto.

Mientras el sector de educación dispone de cinco años para someterse a los ajustes, la fecha límite para los servicios sociales es enero de 2016. “Justo después de las elecciones locales y regionales. Los alcaldes saben que la reforma supondrá pérdidas de votos; otra cosa es que se callen”, reflexiona Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, que cuenta con 44.000 afiliados.

Sentada en una sala de reuniones amplia y moderna, esta mujer de 45 años señala que la ayuda a domicilio sufrirá el mayor tijeretazo: “35.000 auxiliares a la calle”. Para ella, detrás de la ley se esconde un cambio de modelo: “Ya no se habla de derechos sociales, sino de caridad: lo rentable para las empresas, como las residencias de mayores, seguirá existiendo. Lo demás pasa al voluntariado”, sostiene Lima, que empezó a trabajar en los 80, cuando el sistema de servicios sociales todavía estaba en pañales.

El alcalde castellano está convencido de que el criterio obligado de sostenibilidad económica “merma la razón de ser de los servicios municipales: la rentabilidad social”. En el Taller Ocupacional de su pueblo, creado hace 10 años, 15 discapacitados mentales disfrutan cada día de las actividades manuales y de socialización. En un aula grande, con olor a cera y amplias mesas, está una de las dos profesoras, Puri de Lozar. Es una mujer sonriente de 43 años y pelo largo. “Para los chicos es un trabajo, sus vidas giran alrededor del taller. El Ayuntamiento cede el local, si la ley nos lo quita, sería un golpe tremendo”.

Quien no se preocupa demasiado por la reforma es José Luis Sáinz, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Tordesillas. Esta asociación de vecinos ocupa un local cedido por el Ayuntamiento y forma parte de una red de 35 centros en Castilla y León, explota los reclamos del Torreón donde estuvo encerrada Juana la Loca y de la Casa del Tratado, en la que los Reyes Católicos acordaron repartirse el Nuevo Mundo con Portugal.

Más de la mitad de las subvenciones provienen del Ayuntamiento, la parte restante la ponen diputación y la comunidad. “Si tengo que presentar las mismas solicitudes al Ayuntamiento, a la Diputación de Valladolid y a la Junta de Castilla y León, algún funcionario está sobrando”, sostiene este arquitecto de 64 años, que espera que la reforma acabe con las duplicidades en personal administrativo y que no contempla la posibilidad de que el Ayuntamiento llegue a exigir al CIT un alquiler o echarle. El alcalde asegura que si en algún caso existen duplicidades es “porque quien tiene la competencia no quiere prestarla. Si hemos dado más servicios de los que teníamos que dar, es porque nuestros vecinos lo han pedido”.

González, como millares de ediles locales, divisa un horizonte negro. El corsé financiero del Gobierno de Mariano Rajoy, devuelve a los Ayuntamientos a una época en la que los alcaldes sacaban al santo en las fiestas. “Al final nos vamos a quedar para eso, para sacar el santo”.