Marruecos ante el ‘caso Galván’

La noticia del perdón real concedido al predador pedófilo Daniel Galván, que había sido condenado a 30 años de prisión por haber violado a 11 niños en Kenitra, se ha extendido como un reguero de pólvora. Había purgado menos de dos años de esa condena cuando un indulto real le ha sacado de la cárcel. Esa decisión ha llenado de estupor al pueblo marroquí y lanzado una onda de choque por todo el país.

La cólera popular se ha puesto inmediatamente de manifiesto, con una fuerza que ha sorprendido a los poderes públicos. Lo que de ello se ha derivado es ya bien conocido. Pero nadie puede, de momento, adivinar qué curso seguirán los acontecimientos. Mientras tanto, lo que es seguro es que la salvaje represión de la primera manifestación delante del Parlamento no ha hecho sino agravar la situación y aumentar el sentimiento de rebeldía. De este modo, en lugar de ceder a la represión, el movimiento se ha propagado hasta llegar a reunir, junto a los familiares de las víctimas, a asociaciones cívicas y a amplios sectores del pueblo indignado.

La reacción del sistema político a esos acontecimientos ilustra bien su modo de funcionamiento, que sigue siendo autoritario, “makhzeniano” en el fondo, a pesar de algunas parsimoniosas reformas introducidas como efecto de la presión del “Movimiento del 20 de febrero”.

El gobierno y el PJD, partido mayoritario, descrito como islamista, que lo dirige desde las últimas elecciones, siguen paralizados. Buscan sobre todo librarse de su responsabilidad, achacando el desafortunado perdón a los intereses “superiores” de la nación y de las buenas relaciones con España. Sus declaraciones son contradictorias y mal urdidas. En cuanto a los grandes partidos nacionales, brillan por su mutismo. Y, como remate, nuestro Parlamento actúa como de costumbre, es decir como si estuviera ausente. Por tanto todo indica que los principales actores políticos han vuelto a dar con el reflejo tradicional: esperar a que la iniciativa llegue del Palacio Real. Una espera que demuestra que éste sigue concentrando lo esencial de los poderes, a pesar de las últimas limpiezas de fachada.

La norma y la práctica del perdón forman parte de las prerrogativas reales reconocidas por la Constitución. Esa norma no está en cuestión, tanto si el perdón concierne a ciudadanos marroquíes o a extranjeros. En el presente caso, el gesto real de buena voluntad se inscribe en ese marco legítimo.

En ese contexto, cada gesto es de una gravedad excepcional. Por eso la elección de los individuos indultados, la naturaleza de los crímenes y de las penas, así como todas las circunstancias correspondientes deben ser bien examinadas de antemano siguiendo los procedimientos más rigurosos, tanto morales como jurídicos. Desde ese punto de vista, la liberación de Galván ha sido vista por los marroquíes como lo que es: una violación imperdonable del derecho y de la moral imputable a un procedimiento doloso.

Nadie se ha arriesgado a intervenir para ayudar al soberano a informarse correctamente

Y eso no es todo. Pues hay que tener presente que ese procedimiento defectuoso y sus desastrosos resultados derivan de un funcionamiento deficiente de las instituciones, de su carácter inadecuado. Esas deficiencias ponen de relieve la concentración excesiva de poderes en manos del palacio, así como sus prácticas opacas cuando se trata de gobernar. Esos males están ahora claros para el conjunto del pueblo y ello explica la fuerza de su reacción y sus sentimientos de injusticia, que van a seguir expresándose.

En ese movimiento de cólera son la energía y el legado del 20 de febrero los que están en acción. Pero no hay que equivocarse, la nueva dinámica sobrepasa los círculos que se movilizaron con el 20 de febrero. Sin duda está llamada a ampliarse, en simbiosis con los cambios radicales que viven la región del Magreb y el Oriente Próximo. Un escenario político nuevo está emergiendo. Su desarrollo hace cada vez más caducas las prácticas de la escena tradicional, cuyos protagonistas eran la monarquía y los partidos. En adelante, ese conjunto parece ya incapaz de responder a las firmes aspiraciones de las nuevas generaciones.

Lo que caracteriza hoy a ese conglomerado es que está a la defensiva. De ahí su recurso a la violencia contra las manifestaciones pacíficas, cuya legitimidad, sin embargo, está reconocida en la Constitución. La otra tendencia consiste en reducir los parsimoniosos ajustes de las prerrogativas reales recogidos en la elaboración de la Constitución. Así sucede con la famosa sacralidad del monarca. A falta de derogarla de otro modo que no sea la palabra se ha deslizado naturalmente hacia la divinidad. Como podemos ver después de este perdón real, el mutismo y la prudencia extrema de los protagonistas nos muestran que más bien se ha pasado de la sacralidad del rey a su divinización. Nadie se ha atrevido, por tanto, a comprometerse. Nadie se ha arriesgado a intervenir para ayudar al soberano a informarse correctamente: ni algún consejero honrado y competente (si es que los hay), ni el gobierno, ni el Parlamento, ni las administraciones han podido desempeñar su papel de intermediación. Por no hablar de la prensa a sus órdenes, la cual no ha dejado de desplegar sus adulaciones cuando no yugula las voces discordantes.

De manera que los engranajes que parecen proteger al rey de hecho han acabado por aislarle y por exponerle peligrosamente. De manera que una lista y un gesto de perdón que hubieran debido engrandecerle le han causado, por el contrario, un perjuicio que dejará huellas duraderas. A este respecto, es preciso denunciar las manipulaciones del entorno real. En lugar de desempeñar junto a él el papel de fusible, son sus manipulaciones, por el contrario, las que transforman en fusible a la función real misma. Las revelaciones de la prensa sobre las negociaciones que han tenido lugar para establecer la lista de presos españoles a indultar identifican claramente a los responsables de este desafuero, al tiempo que arrojan luz sobre sus métodos. Si los hechos se confirman, el soberano deberá tomar la decisión de separarse de su consejero y visir más cercano de los tiempos modernos, culpable de fechorías tan graves.

Una lista y un gesto de perdón que debían engrandecer al rey, le han causado un perjuicio

A propósito de responsabilidad se imponen ciertas clarificaciones. Los autores de las listas de presos españoles a indultar deberán asumir la culpabilidad y la responsabilidad de su acción conforme a un procedimiento público.

Lo dicho no altera en absoluto la responsabilidad del rey. Puesto que, como todo jefe, un rey debe asumir las consecuencias de la acción de sus subalternos. Esa toma de responsabilidad, que hay que distinguir de la culpabilidad, sin duda deberá ser asumida para responder a los sentimientos del pueblo. A ese respecto, la manipulación de las declaraciones que han emanado del gabinete real y la sanción de un alto representante de la administración penitenciaria no serán suficientes. Al contrario, corren el riesgo de dejar abierta la herida en lugar de cerrarla.

Sobre todo, las medidas tomadas ponen de manifiesto, una vez más, los límites de un sistema acostumbrado a soltar un poco de lastre para aparentar un cambio. La nueva situación, tanto en el plano interior como exterior, impone la necesidad de una reforma conjunta de la monarquía y de las otras instituciones de gobierno. Ello pasa por la instalación de poderes institucionalizados, democráticamente elegidos; pasa también por la reorganización de los servicios de Palacio y de sus prerrogativas en un marco de transparencia; pasa, finalmente, por la atribución de poderes reales de control y de supervisión a un Parlamento digno de ese nombre.

Una reforma tal deberá poner fin a la flagrante asimetría política que mancha la cohabitación entre el gobierno y el gabinete de la Casa Real. Asimetría de la que el PJD sufre las consecuencias actualmente. Asimetría cuyo funcionamiento desemboca en tomas de decisión unilaterales que comprometen al pueblo en su ausencia.

El caso Galván no es sino el último de una serie de ellos. Se pueden citar, entre otros, los indultos indebidos concedidos a otros criminales, los honores otorgados a un vicepresidente del AIPAC (lobby proisraelí de Estados Unidos), así como la conducta ilegal e inmoral del aparato de seguridad en la “guerra contra el terrorismo”. Todas esas decisiones nos muestran que doblamos el espinazo ante los intereses extranjeros en nombre de una concepción errónea del interés nacional. Ello pone al desnudo nuestras patentes debilidades y da muestra de que seguimos siendo prisioneros de estructuras institucionales superadas. Es de prever que los movimientos de cólera del pueblo marroquí serán en adelante más fuertes y decisivos contra ese sistema de favores que atenta contra su integridad y que hace menosprecio de su honor mediante transacciones internacionales. Estas le humillan y le deshonran.

Hicham Ben Abdallah el Alaoui es investigador en la Universidad de Stanford y primo hermano del rey de Marruecos.

Traducción del francés de Juan Ramón Azaola.