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El polémico rey de la mina

Industria acusa al mayor empresario del carbón de apropiarse de 500.000 toneladas de mineral público valorado en 46 millones. Victorino Alonso acumula años de denuncias

Victorino Alonso, en una manifestación en 2012 por las ayudas al carbón.
Victorino Alonso, en una manifestación en 2012 por las ayudas al carbón.J. CASARES (EFE)

Antón Saavedra presume de tener buena memoria. Este histórico sindicalista asturiano relata de un tirón la primera vez que se cruzó con Victorino Alonso García. “Era el año 1978. Yo iba con Manuel Nevado, que era secretario general de los mineros de CC OO, a organizar unas elecciones sindicales a Matarrosa del Sil, en León, a la mina de Victorino Alonso Suárez, su padre. El día anterior habían ido unos compañeros de Fabero pero les habían apaleado.

Entonces apareció un chaval joven que no conocíamos. Llegó pistola en mano a la plaza y nos tuvimos que ir. Nos dijeron que era el hijo del dueño, que había vuelto de estudiar ingeniería de Minas en Oviedo y que se llamaba Victorino, igual que el padre”. Victorino Alonso García ya no es el hijo de nadie. Ahora es Victorino a secas, o Don Vito, el mayor empresario minero de España. A sus 60 años es una leyenda en las cuencas mineras de León y Asturias. Un personaje de otra época. Arrollador, implacable, simpático con quien quiere. Acumula denuncias. Un empresario capaz de declararse insolvente para no pagarle la pensión a su exmujer. Ahora el Estado le acusa de apropiarse carbón estatal que almacenaba. De cientos de miles de toneladas. Su empresa alega que es solo un problema contable.

El martes pasado, la empresa Hulleras del Norte (Hunosa, 100% estatal) lanzó la bomba. Su presidenta, Teresa Mallada, anunció que preparaba una querella contra los responsables de Coto Minero Cantábrico (CMC), empresa de Victorino, por la desaparición de 528.214 toneladas de carbón público que almacenaba CMC. Según Hunosa, equivalían a 46 millones de euros.

El caso tiene su origen en una norma que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2009. Las eléctricas habían dejado de comprar carbón nacional y la Comisión Europea no terminaba de aprobar las ayudas al sector. Las minas estaban paradas y crecía la tensión. Así que el Gobierno ideó un Almacén Estratégico Temporal de Carbón Autóctono, pese a que no había carestía. Hunosa comenzó a comprar tres millones de toneladas que almacenarían las empresas mineras.

La empresa señala que es un problema contable y que todo es una estrategia política contra el sector

El grupo de Victorino Alonso —CMC y Unión Minera del Norte, Uminsa—, que tiene un tercio del mercado, se llevó 6 de los 15 contratos. Debía suministrar 1,8 millones de toneladas, valoradas en 115 millones de euros. Eso, incluyendo el alquiler del almacenamiento y la gestión.

El almacén no es un espacio único, sino una veintena de lugares dispersos, muchos al aire libre. Montañas enormes de carbón que esperan su turno para ser quemadas en las térmicas y producir electricidad. Gerardo Biain, mano derecha de Alonso, explica que en marzo de 2011 su empresa llegó a tener cinco millones de toneladas acumuladas, mucho más de lo previsto. “Había un nivel de saturación inusitado, que es lo que da lugar a los problemas”, cuenta en la sala de juntas de CMC, a la entrada de León. Se sienta a una mesa redonda de madera sobre una mullida alfombra azul. A la puerta de la sede de CMC hay vagonetas de minas. Biain afirma que hubo que almacenar carbón de distintas procedencias “en condiciones poco adecuadas, pegado a las rías, sin suelo de cemento. Fue un milagro que no hubiera una catástrofe ecológica”.

La empresa alega que las lluvias y el viento aumentaron las pérdidas hasta el 6% anual —el triple de lo pactado y seis veces más que lo que habitualmente se firma— y que Hunosa se negó a medir como suyo carbón almacenado en unas balsas. Por último, esgrime que no ha incumplido el contrato porque aún tiene meses para aportar esas toneladas y así lo hará asumiendo las mermas por la lluvia. Para ellos, la polémica es una excusa del Gobierno para laminar al sector del carbón y especialmente a Victorino.

La versión de la empresa pública es radicalmente distinta: señala que una de las pilas de carbón de Hunosa apareció como vendida a Endesa y que en el resto de empresas mineras no ha habido las mermas que declara Victorino, lo que desmonta la teoría del viento y el agua. Apuntan que cuando llegaban a medir sus técnicos, los de Victorino comenzaban a apilar carbón allí mismo para dificultar la contabilidad.

Alonso emplea a unos 2.000 mineros, produce un tercio del carbón y su grupo es el mayor receptor de subvenciones

Aunque la medición es compleja —se usan catas y hasta fotos de satélite— es evidente que medio millón de toneladas de carbón no han podido desaparecer. No del todo, ya que ocuparían miles de camiones. Si acaso, venderse dos veces. Las empresas han puesto denuncias cruzadas que previsiblemente eternizarán el caso en los tribunales. Y puede que acaben en nada. No sería la primera vez. Mientras, y con ese argumento, Industria ha retenido los 111 millones de ayudas prometidas para 2012 a todo el sector y ha incendiado a los mineros.

El caso del carbón volatilizado es el último episodio de un hombre siempre ligado a la mina. A finales de los 70, Victorino dejó de trabajar con su padre. No es que se llevaran mal, pero “si él está, tiene que ser el que manda”, resume Biain. Pidió empleo como ingeniero en otra mina. En los 80 volvió al mando del negocio familiar y comenzó a comprar pequeñas minas, a menudo, al borde de la quiebra. Así agrupó unas 60. En 1993 dio su gran salto. Caja España y Caja Asturias sacaron a subasta Minerosiderúrgica de Ponferrada (MSP), la mayor empresa de la comarca. Victorino se llevó la puja.

El socialista Ángel Villalba, entonces presidente de Caja España, niega que su relación con Victorino fuese clave en la adjudicación. “MSP estaba en quiebra y teníamos casi 10.000 millones de pesetas en créditos concedidos. No había ningún empresario que asumiera ese reto salvo Victorino. Dominaba el lenguaje de la mina”, cuenta Villalba, que insiste en señalar que ya no tiene trato con Alonso.

Cuando compró MSP, Victorino era un desconocido para el gran público. Tanto, que los periódicos apenas tenían fotos del que pasaba de golpe a ser el mayor empresario del sector. Después siguió adquiriendo minas, y a la vez comenzó a salir en los periódicos. La hemeroteca está jalonada de asuntos esperpénticos, como aquella condena en los noventa por no pagarle la pensión a su exmujer. Victorino se declaró insolvente tras alegar que su única propiedad era un vespino heredado.

Un sindicalista: “Victorino nos acorrala de tal manera que nos obliga a salir a presionar al Gobierno”

En 1997, Industria pidió a Alonso que aclarase el “entramado contable” de su grupo. El entonces secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández Cuesta, declaró en el Congreso: “Es difícil de entender que el grupo de empresas compuesto por 14 sociedades presentara el pasado año unas pérdidas de 246 millones de pesetas con unas ventas globales de 49.399 millones y unos recursos propios de 10.000 millones y que mantenga en fase expansiva el negocio [...] O tiene una fe ciega en el negocio de este sector o bien obtiene beneficios por otras vías, por lo que debe aclarar el entramado contable”, según publicó este diario.

Esa es una de las preguntas más frecuentes. Alonso no solo tiene minas, sino empresas de obra civil que suministran y que ejecutan trabajos para sus minas. El grupo, el mayor receptor de ayudas públicas —134 millones en 2011 y 50 millones concedidos en 2012 que no ha recibido—, mueve el dinero con más facilidad que el carbón.

El Tribunal Supremo condenó en 2010 a una minera de Alonso por suministrar en 1994 carbón con un alto contenido de cenizas (tierra) a Unión Fenosa.

A Victorino no le para nada. Apostó por la minería a cielo abierto, más rentable, con menos personal y mucho más impacto ambiental que la de interior. Las voladuras y las enormes máquinas horadan la montaña. En 2007, un juez ordenó el cierre del Feixolín, una enorme mina a cielo abierto en un espacio protegido. El Ayuntamiento de Villablino, entonces en manos de IU, le impuso una multa de 129 millones, que cuatro años después el juzgado rebajó a 800.000 euros. Y aún no ha pagado. Por esas minas, España ha sido condenada en el Tribunal de Justicia de la UE.

Políticos del PSOE y del PP defienden a este ingeniero que levantó un imperio a base de comprar minas en quiebra

Alonso es un elemento extraño para la tranquila ciudad de León. Apenas acude a actos sociales ni a cenas. Su vida son la mina y los negocios, y su única diversión conocida es la caza, según alguno de los que le conocen. Por la comarca de Laciana sí que se le ha visto en un Porsche Cayenne luciendo una cazadora de cuero. No es raro encontrarlo en la mina, ni en negociaciones con los sindicatos.

Pocos hablan mal de él en público. Sí lo hizo Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de Poesía, que en 2010 se negó a recoger un galardón junto a Victorino, premiado como empresario del año por la Casa de León en Madrid. “No quería compartir honores con alguien que representa todo lo que detesto, por su menosprecio a la naturaleza con sus cielos abiertos y que solo mira por sus plusvalías”, cuenta Mestre.

Los escándalos no minaron sus relaciones con el poder. Alonso mantuvo buen trato con el PSOE —hay fotos en actos públicos junto a Zapatero cuando ya era presidente— y con algunos sectores del PP. La alcaldesa de Villablino y exsenadora del PSOE, Ana Luisa Durán, defiende al empresario: “Conmigo se ha portado como un señor. Es un hombre muy inteligente al que siempre le ha gustado la mina. Lleva dando trabajo a mucha gente durante mucho tiempo”. Aunque no todo el partido piensa igual. Tino Rodríguez, elegido secretario del PSOE de León hace menos de un año, ha criticado la “actitud feudal” de Alonso.

El director general de Energía y Minas de Castilla y León, el popular Ricardo González Mantero, también ha salido en su apoyo: “Yo prefiero creer a un empresario leonés que genera empleo, como Victorino Alonso, antes que a una empresa pública que se sostiene con las ayudas de la SEPI”, el Diario de León.

La capacidad de Alonso para cruzarse con quienes van a resultar clave años después es notable. Conocía a Zapatero antes de ser presidente, y de niño coincidió en el mismo colegio de los jesuitas en León con Rajoy, aunque en cursos distintos. También se topó con Soraya Sáenz de Santamaría cuando esta obtuvo su primer destino de abogada del Estado en León. Precisamente por eso, en la ciudad están convencidos de que la influencia de la vicepresidenta es clave en el freno a las ayudas del carbón.

El apoyo que durante años los dos grandes partidos han dado a Victorino se explica porque este tiene una llave muy poderosa. Con el puño de hierro con el que gobierna las minas es capaz de incendiar un sector muy contestatario. La comarca ha sido relevante en la política nacional. Junto a la térmica de Compostilla, de Endesa, un cartel señala que estamos en la “Avenida Presidente Rodríguez Zapatero”.

Tras el extraño caso del carbón desaparecido, Industria suspendió la concesión de ayudas al carbón. Y los despidos se suceden cada día. Solo las empresas de Victorino emplean a más de 2.000 personas. Biain justifica que no hay forma de mantener el empleo: “Hemos pasado de

134 millones de ayudas en 2011 a 50 en 2012 y no las han pagado. Hemos pasado de producir 3,5 millones de toneladas a dos”.

En Villablino se masca la preocupación. Junto a las carreteras comienzan a aparecer piquetes y en los bares no se habla de otra cosa que del inminente cierre de las minas y de los despidos. Por las calles los coches acumulan polvo del carbón. Con la llovizna genera una capa negruzca en el suelo.

El ajetreo en el local sindical es notable. Hombres duros y cabizbajos muestran sus cartas de despido. Antonio Fernández, Toñín, picador de 38 años y representante de UGT, enseña la notificación que ha recibido como parte del ERE de la mina de Cerredo. La empresa esgrime como una de las causas el “brutal recorte de ayudas” de Industria. Gracias a la reforma laboral, a Toñín le corresponde una indemnización de 34.439 euros por 15,37 años de servicio. Pero la carta añade que la empresa no le va a pagar inmediatamente, sino que lo hará “cuando las circunstancias económicas lo permitan”. “Cuando él coge un catarro, nosotros agarramos una gripe que nos morimos. Salimos a luchar por él y nos lo paga con despidos”, resume indignado Toñín.

A su lado, Jesús González, ayudante de artillero y representante de CC OO, pone el asunto en perspectiva: “Victorino nos acorrala de tal manera que nos obliga a salir a presionar al Gobierno. Ya vemos normal que nos retenga la nómina. Cada vez que tiene un problema, su respuesta es decir que va a echar a 50”. El dilema de los trabajadores está en que critican a la empresa, pero que es la reforma laboral del Ejecutivo la que les pone en la calle fácilmente, y que es Industria quien ha denegado las ayudas. Reclaman al ministerio que persiga al empresario pero que pague lo comprometido.

Las historias sobre la connivencia y el colegueo entre Victorino y los mineros no se perciben en este local, donde abundan las críticas al empresario. El valle está lleno de sospechas difícilmente verificables que señalan que es Victorino quien mueve en la trastienda las manifestaciones de los mineros, como la marcha minera del año pasado. Biain, mano derecha de Alonso, lo niega: “No podemos estar cinco meses de brazos cruzados financiando algarabías de la gente”. En la empresa defienden a su jefe de las críticas: “Tiene mala prensa, pero nunca habrá leído que dejó de pagar a alguien o que incumplió un pacto. Lo que pasa es que no se deja avasallar ni por las eléctricas”. Desde CMC —Alonso no ha querido hablar ni se prodiga demasiado en los medios de comunicación— justifican que tiene permiso para arma corta porque apareció en una lista de amenazados por ETA, critican que se recuerde un “divorcio hostil” de hace más de 20 años y niegan que sea tan poderoso como dicen otros: “Si lo fuera, no tendría tan mala prensa. Él lo único que hace es trabajar”.

A sus problemas se ha unido el grupo ecologista Filón Verde, formado en buena parte por mineros prejubilados que se oponen a la minería a cielo abierto. Su presidente, José Francisco Fernández Gatón, que se prejubiló en 1998 con 41 años tras 25 en la mina, es escéptico acerca de la querella de Hunosa sobre el carbón desaparecido: “Posiblemente acabe en nada. Victorino está más protegido que el oso pardo”.

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