Incertidumbre por el rescate

A Las dudas del presidente sobre la petición de ayudas dividen a los ciudadanos Una clara mayoría rechaza la modificación del sistema de pensiones

Madrid - 15 dic 2012 - 20:17CET

Lo más urgente es esperar, viene a decir desde hace meses Mariano Rajoy sobre la petición de rescate. Porque si, según las encuestas, el nombre del presidente es casi siempre sinónimo de indecisión e improvisación, todo lo que tiene que ver con sus frases sobre este asunto es el paradigma de la incertidumbre política. El resultado de esa duda del presidente del Gobierno se mide en forma de división casi a partes iguales entre los españoles que ven positiva la petición de ayuda y los que la ven negativa y los que consideran que hay que dar el paso ya y los que dicen que hay que esperar, según el sondeo de Metroscopia para EL PAÍS.

“No puedo concretar más. Cuando le convenga, y si le conviene a los intereses generales de los españoles, y si no, no. Es una posibilidad que está ahí, y que el Gobierno español puede usar o no, y decidirá en función de los intereses generales. De momento no nos ha parecido oportuno hacerlo, pero es posible que nos parezca hacerlo más adelante. O no, ya lo veremos”. El párrafo es la reflexión literal del presidente del Gobierno en Bruselas en rueda de prensa el viernes y puede ser interpretado con facilidad de forma contradictoria: o que va a pedir el rescate ya o que no lo va a hacer nunca. El mar de dudas presidencial arruina la imagen de hombre previsible que él mismo cultivó antes de llegar al cargo y despista a los ciudadanos de forma que el 42% dice que sería negativo pedir el rescate y el 40% asegura que sería positivo.

Hay una ligera mayoría de españoles que mantiene esa tesis de esperar y el 44% asegura que lo mejor es aguardar a un momento mejor y, a ser posible, no tener que pedirlo. La explicación de esos datos está en el hecho de que la petición de ayuda a Europa ha terminado por convertirse en un asunto de trincheras en el que los votantes del PP se oponen a que se solicite, mientras que el 42% de los del PSOE creen que habría que buscar la forma de inyectar dinero a la economía española. Y eso que el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, es contrario claramente a la petición de rescate.

Sí tienen más claro los españoles el motivo por el que Rajoy no ha solicitado ese rescate: el 50% asegura que es simple indecisión porque no sabe qué hacer.

En lo que no tiene casi apoyo Rajoy es en su decisión de no actualizar las pensiones según el IPC final. Un 78% está en desacuerdo y hasta un 72% de los votantes del PP rechaza la decisión de Rajoy que ha traspasado la última línea roja de compromisos que él mismo se había impuesto antes de llegar a La Moncloa.

Ese porcentaje es coherente también con la unanimidad de rechazo que ha provocado en la oposición el decreto convalidado esta semana. Todos los grupos, salvo el PP, irán al Tribunal Constitucional por la retroactividad que ha impuesto Rajoy para no actualizar las pensiones según el IPC final de este año.

En toda la encuesta queda claro con amplios porcentajes que los españoles no son partidarios en absoluto de realizar cambio alguno en el sistema de pensiones, sobre todo porque la mayoría entiende que es una visión exagerada la de considerar que están en peligro estas prestaciones. También porque es abrumador el malestar y el rechazo a las ayudas a los bancos en quiebra.

El 69% de los españoles está en contra de que se amplíen los años de cotización para poder cobrar las pensiones y el 71% que la reducción de prestaciones se haga por la vía de aplazar la edad de jubilación. Es decir, las pensiones son intocables para los ciudadanos, probablemente, es la prestación del Estado que más quieren ver al margen de la disputa política tal y como sostenía el Pacto de Toledo, vigente solo formalmente en este momento.

Las mayorías aumentan notablemente cuando se trata de determinar la responsabilidad de los bancos en la crisis y en el rechazo a que se les ayude con dinero público. Un 90% lamenta que no se haya exigido responsabilidades a los que mandaban en las cajas, un 92% cree que ellos son los únicos culpables y un 71% prefiere que caigan las entidades quebradas.

Rescate, bancos y pensiones

José Pablo Ferrándiz y José Juan Toharia

El balance que efectúa la ciudadanía española en tres de los temas que han predominado en la discusión pública a lo largo de este año que ahora concluye puede ser etiquetado como ideológicamente dividido en el caso de la petición de rescate a Europa, como receloso y firme en el tema de las pensiones y como sencillamente demoledor en lo que respecta a la ayuda a bancos y cajas en apuros.

Sobre el rescate económico, y en ausencia de información clara y detallada con la que poder quizá elaborar un juicio propio, los españoles han optado por el repliegue ideológico: los votantes populares tienden así a avalar la actuación del actual gobierno (y por tanto, y pese a opinar que el rescate será positivo para nuestra economía, aprueban mayoritariamente el "esperar y ver" de Rajoy, que dos de cada tres consideran una táctica acertada); entre los votantes socialistas, en cambio, son mayoría quienes solo ven indecisión en la forma de actuar del Gobierno, mostrándose a favor de la solicitud inmediata del rescate, aun creyendo que tendrá consecuencias negativas.

En cuanto a la situación de nuestro sistema de pensiones, la ciudadanía tiende a pensar que es una exageración decir que podría acabar quebrando si no se toman ya medidas correctoras. Y esta idea es predominante tanto entre los votantes del PP como -en alguna mayor medida incluso- entre los del PSOE. La ausencia (o, en todo caso, la ineficacia) de explicaciones claras y convincentes a este respecto de nuestros responsables públicos (los de antes y los de ahora) resulta así clamorosa: los españoles no acaban de creerse que la cosa sea para tanto. Y, en consecuencia, se declaran en contra de las principales medidas correctoras del sistema que se han ido proponiendo.

Un tercer gran tema del año (la ayuda pública a entidades financieras en apuros) suscita una unanimidad crítica estrepitosa: el 92 % cree que hay culpables concretos, con nombres y apellidos, de lo ocurrido en esas entidades. La ciudadanía española empieza a dar muestras cada vez más claras e intensas de rechazo y hartazgo ante un política de austeridad presupuestaria que nadie parece haberle explicado de forma convincente. En última instancia, el razonamiento ciudadano básico (que de forma clara trasluce tras todo este conjunto de datos) puede ser considerado, si se quiere, tan simplista e incluso demagógico como, a la vez, difícilmente rebatible: ¿por qué endeudar y empobrecer -quizá por decenios- al país para salvar a entidades concretas, víctimas de gestores tan incompetentes (cuando no corruptos) como, hasta ahora al menos, impunes y no, en cambio, para mantener un sistema educativo, sanitario y de pensiones percibido, de forma generalizada, como un motivo de orgullo nacional?