Cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena

Con el ánimo de “conseguir un mayor beneficio económico”, Miguel Ángel Flores vendió 16.492 entradas para la fiesta de Halloween que se celebró el 1 de noviembre de 2012 en el Madrid Arena, en la Casa de Campo de la capital, un pabellón que tenía un aforo máximo de 10.620 personas; finalmente, llegaron a juntarse dentro del recinto, al menos, 16.605 personas. Esa fue la primera de una serie de imprudencias y acciones y omisiones con las que infringieron los “deberes de cuidado” que acabaron en una avalancha de personas, en la que murieron aplastadas cinco jóvenes de entre 17 y 20 años y otra treintena sufrió heridas.

Bajo esos argumentos, Flores, máximo responsable de Diviertt, la promotora de la fiesta, ha sido condenado por las magistradas de Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid a cuatro años de prisión por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 14 de lesiones. La sentencia, conocida hoy, considera que Flores y otros responsables directos de la organización y seguridad del evento “no solo no evitaron riesgos, sino que los crearon y los permitieron”. Los crearon con un montaje que no atendía a las indicaciones aprobadas, por el cierre de vomitorios para proteger las instalaciones utilizadas por la organización y, finalmente, por la apertura de puertas de emergencia para facilitar el acceso a la gran cantidad de jóvenes que se iba agolpando en la entrada a medida que se acercaba la actuación estelar de la noche, del DJ Steve Aoki.

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Así, esa “conducta gravemente imprudente” culminó pasadas las tres y media de la madrugada en una aglomeración de personas que intentaban salir de la pista del escenario central, agobiadas por la falta de espacio, pero chocaban con las que trataban de entrar. Un horrible suceso en el que murieron aplastadas esa misma noche Cristina Arce y Katia Esteban, mientras que Rocío Oña, Belén Langdon y Teresa Alonso lo harían en los dos días posteriores.

Pero si la avaricia desencadenó todo, los sonrojantes fallos de los encargados de seguridad en el pabellón, de la organización del evento y la gestión que han quedado en evidencia durante el macrojuicio terminaron de dar forma a la tragedia. Así, el resto de los acusados —responsables de la promotora de la fiesta (Diviertt), de la empresa pública dueña del Madrid Arena (Madridec), de las subcontratadas para las labores de seguridad (Seguriber y Kontrol 34) y el servicio médico, y de la Policía Municipal— han sufrido distinta suerte: aparte de Flores —que ya ha anunciado que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo—, otros seis acusados han sido condenados y otros ocho han sido absueltos.

A tres años de cárcel ha sido condenado el que era responsable de Madridec, Francisco del Amo, y el director general de la firma Diviertt, Santiago Rojo. A Miguel Ángel Morcillo, también de Diviertt, y a Carlos Manzanares, de Kontrol 34, se les impone una pena de dos años, seis meses y un día de prisión.

Multas y absoluciones

Las magistradas consideran también que Juan José Paris y Raúl Monterde, coordinadores de la otra empresa que debía cuidar de la seguridad (Seguriber), son responsables en menor grado y les impone una multa de 3.600 euros (10 euros diarios 12 meses). El resto de los acusados en este macrojuicio que arrancó el pasado 12 de enero han sido absueltos.

Las absoluciones alcanzan a los doctores Simón Viñals y a su hijo Carlos. “Pese a entender acreditada su negligente actuación cuando las víctimas fueron llevadas al botiquín para que las asistieran”, dice el fallo, no está probado que si hubieran actuado correctamente podrían haberlas salvado, dado el tiempo que las víctimas estuvieron atrapadas en el vomitorio.

La actuación de Simón Viñals, exconcejal de Madrid por el PP y fundador del Samur, de 77 años en el momento de la tragedia, en una “supuesta enfermería” que carecía de materiales básicos, y con un equipo de solo siete personas (incluido él y un auxiliar de enfermería de 81 años), ha sido muy polémica. El propio Viñals admitió haber previsto una asistencia mucho menor, para unas 6.000 personas, y en el caos que siguió a la avalancha, el relato de varios testigos ha puesto en duda la capacidad y preparación de Viñals para atender a las víctimas.

De hecho, esta absolución “es lo más duro; a las familias les va a doler”, ha dicho a Efe Gerardo Viada, abogado de la familia de una de las víctimas, Katia Esteban. Viada añadió que, por lo demás, han sido “las condenas esperadas”.

En ese sentido, el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo Rodríguez, se ha declarado satisfecho con la sentencia. “Hemos conseguido una condena penal y una civil que se acerca mucho a la aspiración de justicia que tenía el ministerio fiscal”. Y ha insistido en la parte civil: “Todas las entidades que se pedían como responsables civiles han sido condenadas [entre ellas, el Ayuntamiento de Madrid] y también las compañías de seguros como responsables de seguros”.

Las familias de las víctimas recibirán indemnizaciones en torno a los 350.000 euros por cada una de las fallecidas y los lesionados también cobrarán en proporción a las lesiones y secuelas que padecieron. La madre de Cristina Arce, Isabel de la Fuente, criticó la sentencia. Dijo que le parecía “un insulto y una falta de respeto a las víctimas”, y aseguró que se reunirá con sus abogados para saber cómo proceder. “El Ayuntamiento se comporta igual que el anterior. En el tema de la licencia [del Madrid Arena] ha pasado. [El edificio] estará más controlado, pero estructuralmente no cumple la normativa”.

Cuatro años después

Termina con este fallo, casi cuatro años después de la tragedia, un juicio que arrancó el pasado 12 de enero y durante el cual se han entremezclado los relatos escalofriantes de los jóvenes que se vieron atrapados en la avalancha —incluido el de una muchacha que escuchó, medio ahogada entre una maraña de piernas, las últimas palabras de sus amigas— con las acusaciones cruzadas, procedentes del hiperpoblado banquillo de los acusados, que trataban de cargarse las culpas entre sí: los abogados de Flores a los dueños municipales del edificio; estos a la empresa Kontrol 34; quién aseguró a su vez que aquella noche solo aportó personal, pero que la seguridad dependía únicamente de Seguriber; los letrados de los sanitarios, por su parte, llegaron a señalar al Samur y a la Delegación del Gobierno en Madrid por dar el visto bueno a la apertura de puertas del pabellón.

Ningún responsable político del Ayuntamiento se ha visto obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. La tragedia, cuya gestión supuso un enorme coste de imagen a Ana Botella (PP), por entonces alcaldesa de Madrid,  le costó el puesto a Pedro Calvo, que dimitió de su cargo de delegado de Economía y portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital tras ser imputado por el juez que empezó a investigar el incidente; aunque, finalmente, no fue acusado de nada.