El Gobierno elige a un juez con perfil político para reconstruir Antifraude

El Gobierno catalán ya tiene a su candidato para sustituir al magistrado Daniel de Alfonso al frente de la deteriorada Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Es otro juez: Miguel Ángel Gimeno, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comunicado la propuesta este martes a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que la trasladó a los grupos. Gimeno, que ya aceptado la oferta, pertenece a la asociación progresista Jueces por la Democracia. Sus conocidos en la esfera judicial le definen como un juez “riguroso y técnico”, aunque matizan que también “tiene muy presente el contexto político”, es dado a “buscar equilibrios” y está “habituado al trato con los políticos”.

Gimeno, que ahora ocupa su puesto como magistrado de la sala civil y penal del TSJC, expondrá este miércoles su trayectoria y se someterá a la evaluación de los diputados. El nombramiento está consensuado y se hará oficial en sesión plenaria de esta semana. Para que sea efectivo, son necesarios los votos de tres quintas partes en la primera votación (81) o mayoría absoluta en la segunda (68). El grupo que sostiene al Ejecutivo, Junts pel Sí, dispone de 62 escaños, con lo que le bastaría pactar con cualquiera de los otros grupos para designar a Gimeno. Ciudadanos anunció que no votará en contra y la CUP y el PSC lo harán a favor.

El candidato ocupó la presidencia del TSJC hasta principios de año, cuando fue relevado por Jesús Barrientos. Fue portavoz de Jueces por la Democracia y estuvo al frente del alto tribunal durante la convulsa etapa en la que la Fiscalía se querelló contra Artur Mas por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 pese al veto del Tribunal Constitucional. Gimeno aspiraba a repetir mandato al frente del TSJC. La mayoría conservadora de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, le atribuyó cierta pasividad en la instrucción de la causa del 9-N.

Oficina en crisis

El magistrado llegará a una oficina inmersa en una enorme crisis de reputación provocada por la revelación de las reuniones que el anterior director, Daniel de Alfonso, mantuvo con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Las conversaciones, difundidas pocos días antes de las elecciones, muestran cómo De Alfonso se pone al servicio del ministro para orquestar investigaciones contra políticos independentistas.

El Parlament destituyó a De Alfonso, que fue sustituido provisionalmente por su número dos, Maite Masià. Pese a su interinidad, Masià ha acometido una purga en el seno de la oficina —con la destitución de altos cargos— que ha molestado a los trabajadores y ha irritado a buena parte de la cámara catalana.

Gimeno asumirá el reto de recobrar el prestigio de una OAC muy mermada por la reciente crisis. La institución que lucha contra la corrupción en la esfera pública, de hecho, no ha acabado de despegar desde la muerte, en 2011, de quien fue su primer director: el fiscal anticorrupción David Martínez Madero. El magistrado Daniel de Alfonso asumió el mando, pero fue incapaz de que la mayoría de sus investigaciones salieran adelante: la Fiscalía tumbó la mayoría al no apreciar indicios de delito.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario coinciden en que Gimeno resulta “idóneo” o, por lo menos, “una buena opción” para el cargo de director. “Es un tipo equilibrado, tiene mano izquierda y sabe templar gaitas”, afirma un veterano abogado de Barcelona. Otros abogados alaban su criterio como penalista y señalan que será capaz de lidiar con los asuntos —habitualmente de gran complejidad técnica— que se ventilan en Antifraude. “Ha ostentado cargos, sabe tratar con la clase política y eso le irá bien”, agregan.

Además de su papel en la causa del 9-N, Gimeno ha sido autor de algunas decisiones controvertidas en causas que afectan a políticos. El magistrado emitió votos particulares sobre las sentencias que condenaron al socialista Daniel Fernández y al convergente Xavier Crespo. A diferencia de sus colegas de sala, Gimeno consideró que Fernández no había cometido tráfico de influencias y que Crespo no debió ser condenado por prevaricación.