El listado de calles franquistas dinamita la Cátedra de la Memoria

El Ayuntamiento, gobernado por Ahora Madrid, encargó a la cátedra (entidad no oficial formada básicamente por doctores, catedráticos y profesores de varias universidades) que elaborase un listado con los nombres de las calles de la ciudad ligados al franquismo, para cumplir la Ley de Memoria Histórica. Dicha ley, de 2007, obliga a las Administraciones a retirar los símbolos que conmemoren la sublevación franquista, la Guerra Civil y la dictadura.

El historiador Antonio Ortiz sostiene: "Somos un grupo de siete u ocho expertos del equipo interdisciplinar [de la cátedra] y a cada uno se nos encargó estudiar un aspecto de aplicación de la ley. Yo hice el de las calles, ya que llevo muchos años con este asunto. Otro fue el encargado de las exhumaciones, otro el de los lugares de memoria... A mí me encargó el estudio de las calles Sergio [Gálvez, excoordinador de programas de la cátedra y miembro de su consejo ejecutivo]". Ortiz sostiene que es miembro de la cátedra, pero no de su consejo ejecutivo, órgano directivo de la entidad.

Gálvez, quien niega haber ordenado que Ortiz realizase el informe, admite que "se consideró la posibilidad de integrar" a este último en el equipo de trabajo. Y rechaza que ese trabajo previo que el historiador lleva años realizando por su cuenta se "tomara como base del futuro informe para la aplicación de la ley".

Tras revelar EL PAÍS el listado, fechado en febrero de 2016, y la polémica surgida —la lista incluye los nombres, entre decenas de intelectuales, de Miguel Mihura, Salvador Dalí o Josep Pla—, la cátedra difundió ayer una nota de su consejo ejecutivo, formado por ocho profesionales, en la que sostiene que ni ha redactado el listado ni ha aprobado, "hasta ahora, ninguna propuesta concreta para la supresión y cambio de nombres de la ciudad" ni ha dado "su visto bueno alguno a contrato con el Ayuntamiento para realizar trabajo de asesoramiento sobre la modificación del callejero".

El Ayuntamiento anunció en enero que adjudicaba directamente a la cátedra un contrato para realizar un listado de "calles franquistas" de la ciudad. Dicho contrato estaba valorado en 17.999 euros, un euro menos de la cifra que obligaría a haber sacado a concurso la adjudicación, según la ley. La portavoz municipal, Rita Maestre, admitió ayer que, por un problema administrativo, el acuerdo no estaba formalizado, por lo que oficialmente no se podía decir, según su interpretación, que los expertos hubiesen comenzado a trabajar. Sin embargo, Mirta Núñez, directora de la cátedra, declaró a este periódico el pasado día 1 que el listado oficial de las calles iba a ser hecho público el próximo 22.

Mar Espinar, portavoz municipal de Cultura del grupo socialista, pedirá hoy explicaciones en el Ayuntamiento. "Todo es un despropósito. Ahora resulta que estaban trabajando gratis, sin un contrato firmado. ¿Pero cómo iban a hacer público un informe sin un contrato? Esto, si no es ilegal, es claramente irregular", indicó.

Renuncia

La cátedra arremetió también ayer contra la alcaldesa, Manuela Carmena, por tachar el listado de disparate. "Carmena, sin cuestionar la información sobre la lista de las calles a suprimir, descarga en la cátedra la responsabilidad sobre los disparates que tal lista contiene", dice su comunicado.

Por eso, el consejo de la cátedra acuerda “renunciar a la firma del contrato con el Ayuntamiento para asesorarle en la elaboración de su Plan Integral de la Memoria, dada la incapacidad de la institución [el Ayuntamiento] para garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo de un trabajo profesional y sosegado”.

El tercer teniente de alcalde de Madrid, Mauricio Valiente, restó ayer importancia a esa decisión y comentó que el Consistorio buscará otra asesoría. "Lo fundamental es que sea un proceso objetivo, riguroso y científico que asesore el proyecto del gobierno”, dijo el edil, que cree que no habrá más dificultades, ya que se buscará “otra asesoría que pueda cumplir esa función".