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El Superior amenaza al Puerto de Marín con multas si no retira los rellenos

El tribunal conmina a ejecutar el fallo “sin más demora, y en todo caso, en el plazo de 20 días”

Los retruécanos de la Autoridad Portuaria de Marín para evitar cumplir la sentencia firme de 2009 que manda retirar los rellenos en el puerto han agotado la paciencia del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), que en una providencia de la semana pasada en respuesta a la enésima alegación del Abogado del Estado amenaza con imponer a los responsables del puerto multas sucesivas de entre 150 y 1.500 euros si no empieza a ejecutar aquel fallo “sin más demora, y en todo caso, en el plazo de 20 días”, y amaga con exigir “la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

La providencia del Superior, llena de frases en mayúsculas, con negritas y subrayados, rechaza las alegaciones del puerto, que pedía que le concretasen específicamente cuál de las actuaciones de los últimos 15 años habría que eliminar. Los magistrados dicen que la cosa está clara desde hace tiempo y que tal pretensión es “temeraria”.

“El fallo es claro; no procede interpretar”, dice la resolución por una parte, que se queja de que “la Autoridad Portuaria, de nuevo, ignora [las declaraciones de aquel fallo]”. Prosigue el rapapolvo: “se trata de una obra que la Administración Portuaria conoce; se trata también de una obra no legítima, sin distinción. Es cosa juzgada”. La providencia recupera párrafos enteros de aquella sentencia que anuló un plan especial que preveía hasta 30 hectáreas de relleno porque, entre otras irregularidades, se aprobó sin estudio de impacto ambiental.

El escrito del TSXG continúa en el mismo tono durante cuatro folios en los que se termina con la amenaza de multas o, en su caso, “deducir, en su momento, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”. La providencia cita expresamente un artículo de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa que prevé “imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial”.

Pese al tono grave de las resoluciones, la Autoridad Portuaria sigue sin mover ficha, más allá de prolongar todo lo posible el desfile judicial. En el escrito de alegaciones rechazado por la providencia, la abogacía del Estado ya avisaba de que, llegado el caso, pediría que la sentencia se declarase inejecutable por imposibilidad material.

El contenido de las sentencias ni siquiera forma parte de la el orden del día de la reunión de hoy del consejo de administración. Una propuesta del alcalde de Pontevedra para empezar los trámites para un puerto seco tierra adentro tendrá que esperar al próximo cónclave.

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