Un pueblo de Ourense, sin plenos por las disputas de alcalde y secretaria

En Trives cunde el caos político, ese mejunje que acompaña a las mociones de censura. En este municipio ourensano, feudo históricamente inexpugnable del PP, una agrupación independiente presidida por Francisco José Fernández consiguió arrebatar en las urnas la alcaldía al baltarismo por dos veces consecutivas. Y por dos veces, también, el baltarismo se ha revuelto contra ella mediante alianzas con díscolos del PSOE.

 En la primera, el PP apeó de la alcaldía a los independientes mediante una moción de censura en alianza con dos tránsfugas socialistas. Ahora, la vida municipal está encallada. Fernández ha abierto dos expedientes sancionadores a la secretaria-interventora a la que su agrupación acusa de frenar la vida municipal “favoreciendo los intereses del PP”. La veterana funcionaria, el PP y el concejal del PSOE, sin amparo de su partido, sostienen que las sanciones son ilegales. El Gobierno central y la justicia las amparan mientras la vida municipal embarranca.

Francisco José Fernández abrió hace ya casi un año el primer expediente (de suspensión de empleo y sueldo) por faltas graves a la secretaria-interventora municipal, Milagros Calvo —los independientes sostienen que actúa como un topo del PP frenando las actuaciones municipales; ella, que niega intereses políticos, denuncia acoso laboral— y ante la ausencia del imprescindible funcionario no se convocan plenos ordinarios. El PP, con el respaldo del edil del PSOE, a quien su partido reclama el acta, reivindica el poder tras casi un año sin plenos por falta de secretario. La Xunta asegura que no tiene competencias para intervenir, y el alcalde ve la sombra de la censura.

Las sanciones a la secretaria municipal y la falta de relevo —la Diputación presta un sustituto “pero tres días a la semana durante apenas una hora”— hacen imposible la convocatoria de plenos, esgrime el regidor. “El único objetivo es mantener a María Milagros Calvo apartada del control, intervención y asesoría del Ayuntamiento”, replica la letrada e hija de la funcionaria en un comunicado en el que anuncia que ha registrado una demanda judicial contra el alcalde. “He sufrido un auténtico calvario; ir al Ayuntamiento era una auténtica tortura: mi familia y yo hemos sido acosados”, sostiene la funcionaria expedientada en su querella.

En dos expedientes, el alcalde le acusa de haber negado una partida para obras pese a que había presupuesto y de haber incumplido la orden que le denegaba la entrada a la casa consistorial para hacerse con un ordenador y borrar los archivos. Ella alega que solo cumplió la ley y que el portátil lo tenía en casa para trabajar y no fue borrado. “¿Que mi marido es militante del PP?, pues solo faltaba que me hiciera un reproche de esta naturaleza quien lleva acosándome siete años”, se sacude la secretaria la vinculación política que le atribuyen la asociación independiente y el PSOE comarcal, reconocida por el portavoz del PP.

En medio del caos, el PP reclama la alcaldía y la reposición de la secretaria a su puesto. El portavoz del grupo popular, Isauro Pérez, alerta de la “ingobernabilidad” del Ayuntamiento presidido por un grupo que está en minoría frente a una oposición (los cinco ediles del PP reforzados con el respaldo del díscolo del PSOE) que no tiene “ni opción a hablar en los plenos porque el alcalde se limita a leer un informe jurídico de una asesoría de Madrid que ha contratado para negar la palabra a la oposición”. “¡Una asesoría que estamos pagando los vecinos!”, reprocha el representante popular el dispendio que el regidor niega. Fernández reconoce el contrato pero sostiene que es “baratísimo: la décima parte del sueldo de la secretaria” y lo justifica en su necesidad de estar asesorado.

En medio de la batalla entre el alcalde y el PP, el edil socialista, Manuel Vicente, en sintonía con los populares, reconoce que no tiene ya relación con su partido, que le ha exigido el acta.