Roca pide al Tribunal Supremo la anulación de todo el ‘caso Malaya’
El principal condenado carga en su recurso contra el instructor y el tribunal
La defensa de Juan Antonio Roca, principal condenado en el caso Malaya, ha pedido al Tribunal Supremo en su recurso de casación que anule todo el procedimiento, desde el inicio de la investigación hasta la sentencia. El extensísimo escrito del exasesor de Urbanismo de Marbella, de 757 páginas y 139 motivos de impugnación, introduce algunas opciones alternativas, como devolver la causa al tribunal que lo juzgó para que realice algunas aclaraciones, volver a celebrar la vista oral con otros magistrados o la absolución de todos los delitos. También carga duramente contra el juez Miguel Ángel Torres, primer instructor de la causa, y el propio tribunal. “Todo valía en Malaya”, consta al final del recurso, parte en la que se alude a su “demonización” desde el origen.
Roca, en prisión desde que fue detenido por estos hechos el 29 de marzo de 2006, está condenado en Malaya a 11 años de cárcel y a una multa de 240 millones de euros por blanqueo de capitales, cohecho pasivo para acto injusto y fraude. La fiscalía ha reclamado ahora al alto tribunal que corrija la sentencia y eleve 10 años más esa pena, además de un notable incremento de la sanción económica.
Críticas por las detenciones “mediáticas y televisadas” y por la ausencia de permisos
Uno de los motivos alegados por la defensa de Juan Antonio Roca para casar la sentencia del caso Malayaes que se habría cometido una infracción de ley relacionada con "el derecho a la libertad". El fallo dictado por la Sección Primera de la Audiencia de Málaga el pasado 4 de octubre atendió la atenuante de detención irregular para otros condenados, pero en el caso del exasesor de Urbanismo de Marbella, recuerda su abogada, la sala no se ha pronunciado sobre su petición de que tuviera en cuenta "las graves irregularidades" que se habrían cometido durante la instrucción. Ahora pide al Tribunal Supremo que en caso de que no anule las actuaciones, no obvie esta solicitud.
El recurso habla del carácter “estereotipado” de los autos de detención, además de que a Roca no se le dio la posibilidad de que se presentara voluntariamente a declarar. Alude a las detenciones “mediáticas y televisadas” del caso. El escrito recuerda, además, que el exasesor es “el único justiciable” por delitos de naturaleza económica que ha cumplido el máximo de cuatro años de prisión preventiva en España. “Se detuvo a su familia […], a sus amigos, a sus trabajadores, a todo aquel que tuviera una mínima relación personal, íntima, profesional, social, familiar, de amistad con él”, se precisa en el escrito. Se critica también que la policía cediera para su difusión las imágenes de los registros de sus propiedades.
En definitiva, se alude a la "demonización" del procedimiento, algo "encarnado" en Juan Antonio Roca, por parte de los agentes que intervinieron en la instrucción. "Se habló de cuentas en paraísos fiscales de millones de euros que no existen, informaciones todas ellas negativas y todas inciertas, que fueron creando en el imaginario colectivo un verdadero monstruo ajeno a la realidad", alega el recurso presentado. Ilustra también el escrito sobre el hecho de que aunque la condena a Roca por Malaya ha sido de 11 años de cárcel ("toda una vida", precisa) y se ha decomisado todo su patrimonio, en el municipio marbellí hubo una manifestación porque la pena impuesta se consideró escasa. Un mes después de ser condenado por este caso, la Audiencia Nacional lo condenó a seis años de prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos en el conocido como caso Saqueo II.
La defensa de Roca recuerda que este aún no ha disfrutado de ningún permiso de fin de semana, a pesar del tiempo que lleva encarcelado. Según su abogada, en junio de 2013 cumplió tres cuartas partes de la condena total, lo que le facultaría para obtener su libertad condicional, con un expediente de comportamiento “impecable”. Pero no ha tenido beneficios penitenciarios. “Nada. ¿La motivación? Malaya”, afirma el recurso. Roca está recluido actualmente en una prisión de Sevilla.
El escrito de Roca ahonda en las infracciones de preceptos constitucionales que se habrían cometido en este caso. Lo primero que hace es pedir la nulidad de las actuaciones porque “están contaminadas desde su nacimiento”. “El magistrado que instruyó la causa tenía y evidenciaba un interés privado, personal y contrario a la debida objetividad en el procedimiento, que le llevó a prescindir de las normas más esenciales del mismo”, alega el escrito, que vuelve a sacar a escena las quejas constantes contra el magistrado Torres por la forma en que se abrieron las diligencias. En su opinión, “se ha quebrado la garantía del juez imparcial”.
Los argumentos contra el instructor ocupan varios folios. “Nunca fue imparcial, ni objetivo, no se acercó al proceso desprovisto de prejuicios”, añade el recurso, que achaca al magistrado haber justificado su actuación en los oficios policiales cuando “la fuente de conocimiento era el propio instructor”.
“Un juez-testigo, un juez-denunciante no es un juez imparcial, pues no puede investigar imparcialmente los hechos quien cree a ciencia cierta que han sucedido de tal modo”, asevera en otro momento. Incluso se pone en entredicho la medalla que el Ayuntamiento de Marbella concedió al magistrado y al fiscal en 2007.
Para su defensa, contra Roca ha existido “una causa general y prospectiva”. La abogada Rocío Amigo también ha reclamado al Supremo la nulidad de las intervenciones telefónicas y de los registros y que expulse del procedimiento el maletín decomisado a Salvador Gardoqui, su contable, porque con esta prueba (una de las principales) se habría roto la cadena de custodia. En este artículo se localizó documentación con una parte de la contabilidad B en la que estaban anotados los sobornos.
Según el recurso, Roca “no ha tenido un juicio justo y con garantías”. “Se ha cercenado su derecho de defensa”, alega. El escrito asegura que no se permitió a algunos testigos contestar preguntas de la defensa, que la vista oral se inició sin que la sala contara con toda la prueba y que en la sentencia no se ha respondido a algunas atenuantes planteadas. La conclusión es que los magistrados no actuaron con “la debida imparcialidad”. Respecto al delito de cohecho, la defensa afirma que el fallo del caso Malaya no solo no se corresponde con la realidad, sino que no tiene encaje con los hechos aducidos por las acusaciones. “Existe decisión de condenar, no motivación de la condena”, apunta.
Cita, además, algunas contradicciones en el fallo, como hablar en un momento determinado de un supuesto patrimonio de 240 millones de euros y en otro punto, de 100 millones. Esas supuestas discordancias las extiende a otras consideraciones sobre el delito de blanqueo por el que Roca ha sido condenado.
