Gallardón: “Mientras sea ministro no concederé indultos por corrupción”

“Este Gobierno no ha concedido un solo indulto en casos de corrupción. Es más, mientras yo sea ministro de Justicia, no lo va a hacer”. De esa forma, Alberto Ruiz-Gallardón cerró ayer definitivamente la puerta a los indultos de políticos condenados por cohecho, malversación, tráfico de influencias y otros casos similares. El más espinoso es el del exministro de Medio Ambiente y expresidente balear del PP, Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias. Matas tiene suspendida desde enero la ejecución de la condena, a la espera de una respuesta del Ejecutivo. De las palabras de Gallardón se deduce que el exdirigente del PP, que mantuvo una estrecha relación con el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá entrar en prisión.

La misma suerte correrán otros altos cargos públicos, como el exsecretario de organización de Unió Democràtica Vicenç Gavaldà, su hermano Lluís, exdirector de Trabajo de la Generalitat, y el empresario Fidel Pallerols, dueño de las academias desde las que se desviaron 595.000 euros procedentes de los cursos para parados al partido. Los tres fueron condenados por financiación irregular de la formación y aguardan, con la opinión en contra de la fiscalía, el indulto.

Este Gobierno es el que menos ha utilizado la medida de gracia”, dice el titular de Justicia

Gallardón fue ayer más tajante que nunca en mostrar su absoluta negativa a indultar a personas condenadas por corrupción, y lo hizo a preguntas de estudiantes de Derecho de la facultad de Esade, en Barcelona, en un acto organizado por la escuela. “Este Gobierno es el que menos indultos ha dado en la historia de la democracia española y el que más solicitudes ha rechazado”, añadió. El ministro señaló que el objetivo es “no convertir en injusticia lo que parece una resolución justa”. A pesar de eso, el Gobierno ha otorgado indultos muy polémicos. Uno de los casos más sonados es el doble perdón a cuatro mossos d’esquadra que fueron condenados por torturas. Inicialmente, el Ejecutivo rebajó la condena a dos años, entendiendo que se suspendería la entrada en prisión, como suele hacerse cuando los acusados no tienen antecedentes. Pero la Audiencia de Barcelona decretó el ingreso en prisión alegando su peligrosidad. El Gobierno respondió reindultando a los policías, valiéndose de la arbitrariedad de la medida de gracia.

El ministro llegó ayer al acto, que en principio versaba sobre la tutela judicial efectiva, envuelto en la polémica. Más de 200 personas le esperaban, protestando con pancartas y pitidos por las tasas judiciales y por la ley del aborto, principalmente. Pero Gallardón logró esquivarlas llegando una hora y media antes.

Justicia retoma la

Ya en la sala, el ministro también recuperó una de las propuestas a las que se comprometió cuando asumió la cartera de justicia: habilitar los meses de agosto para los procesos judiciales. El tradicional mes de vacaciones judicial —aunque se siguen pudiendo hacer gestiones en procesos penales y laborales— dejará de serlo. Al menos, para los juzgados mercantiles, según dijo ayer.

Además, avanzó que reforzará la estructura de la Audiencia Nacional. En concreto, se creará una nueva sala de lo social, que se sumará a la penal, a la de los temas contencioso-administrativos, y a la civil. Estas tres últimas tendrán sendas salas de instrucción. En el caso del Supremo y de los tribunales superiores, se habilitará una sala de asuntos generales, para temas que no encajan bien en ningún orden concreto.