La ANC impulsa un manifiesto de economistas para la independencia

Dos aspectos suscitan especialmente dudas, cuando no preocupación, sobre una eventual independencia de Cataluña: las consecuencias económicas y la permanencia o la salida en la Unión Europea. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) se propone atacar esos dos flancos con un manifiesto que ha lanzado este lunes junto al Círculo Catalán de Negocios dirigido a “profesionales y académicos de la economía, las finanzas y la empresa”. El documento, presentado en un acto en la Bolsa de Barcelona, denuncia que el “elevado” déficit fiscal y el “injusto” reparto de los objetivos de déficit “amenazan” el “Estado del bienestar y la cohesión social” y defiende la viabilidad de un “Estado catalán”. El manifiesto llega después de que durante más de dos semanas varios lobbies empresariales hayan propugnado el diálogo entre los ejecutivos catalán y central y que la patronal Fomento del Trabajo haya rechazado la demanda del presidente Artur Mas de que el empresariado se implique en el proceso soberanista.

El documento, elaborado por el economista Miquel Puig, ha sido presentado en el marco de un debate sobre “retos y oportunidades del nuevo Estado catalán”. Al acto han acudido, entre otros, las catedráticas de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona Núria Bosch y Marta Espasa; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Josep Oliver; el director de la Agencia Tributaria de Cataluña, Lluís Franco; el secretario general de la patronal Cecot, David Garrofé; y los investigadores del Centro de Investigación en Economía Internacional (CREA) Jordi Galí y Jaume Ventura.

El manifiesto lamenta que “la política económica de los sucesivos gobiernos españoles ha fracasado” y critica la “política de provisión de infraestructuras” de estos ejecutivos en el Mediterráneo. A pesar de que admite una “situación económica y social gravísima” en Cataluña, el manifiesto considera que la comunidad tiene una “industria y un turismo competitivos a escala internacional” y asegura que el proceso de “transición” a un estado independiente estaría “necesariamente en un marco tutelado por la Unión Europea”.

En la mesa, Jordi Galí ha desgranado los escenarios que se abrirían en cuanto a la política monetaria de un Estado catalán. El primero pasaría por “un sistema monetario propio”. “Necesitaríamos una transición que tendría sus riesgos: todos los contratos deberían de redenominarse en la nueva moneda y las posibles expectativas de devaluación podrían llevar a una salida masiva de capitales”, ha advertido. Ante esa situación, Galí ha abogado por permanecer en el euro. Ahí se plantean tres posibilidades: la primera consiste en seguir como miembros del eurosistema, lo cual supondría seguir sin ningún cambio e integrarse en los órganos de gobierno del Banco Central Europeo. Sin embargo, para estar en la zona euro hay que ser miembro de la Unión Europea, y Cataluña pasaría “un periodo transitorio” fuera de la unión. Por ello, abordó dos posibilidades más: una es la firma de “acuerdos monetarios” como los que tienen Andorra o San Marino, que dejarían a Cataluña fuera del BCE y de los derechos de señoreaje pero con acceso directo a los mecanismos de liquidez; otra es seguir en el euro de forma “unilateral”, como Kosovo o Montenegro. Esta última opción supondría que los bancos catalanes no tendrían acceso a la liquidez del BCE, sino a través de filiales, y que no podrían usar activos emitidos en Cataluña como colateral para recibir préstamos de esa institución. Ventura ha resaltado que el impacto sobre la economía que tendría una disminución de las relaciones comerciales con el resto de España se limitaría al 2% del producto interior bruto (PIB).

El presidente del Centro Catalán de Negocios, Albert Pont, ha asegurado que la independencia no tiene por qué romper vínculos de Cataluña con España, cuya relación en los últimos 30 años consideró “tóxica”. Asimismo, ha dicho que con el efecto sede se reanimaría la demanda de oficinas del mercado inmobiliario catalán, que pasaría a tener una demanda de 400.000 metros cuadrados en inmuebles para embajadas y consulados.