Altos cargos imputados por contratos con Gürtel apuntan cada vez más alto
Tras implicar a seis exconsejeros, la investigación llega a las puertas del Palau
“Primero va de testigo y dice una cosa. Después, cuando declara como imputado, cambia la versión”. El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, se refería así hace unos días al exconsejero de Sanidad Luis Rosado, que el pasado día 27 de enero declaró como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante el juez José Ceres y pidió que se anularan sus declaraciones anteriores como testigo en la denominada pieza cinco del caso Gürtel porque podrían perjudicar a su defensa.
Rosado había defendido la legalidad de su actuación y exculpado a todos sus superiores en su declaración inicial y, sin embargo, al volver como imputado aseguró que seguía instrucciones “de Presidencia” cuando se troceó en cuatro facturas un contrato de 47.178 euros con empresas de la trama Gürtel en 2008 para un vídeo y la presentación de la ampliación del hospital Clínico. Rosado era entonces director de la Agencia Valenciana de Salud. Manuel Cervera, su consejero en aquel momento, ya está imputado por los mismos hechos y dijo también en noviembre que siguió órdenes de Presidencia de la Generalitat.
Aunque no señalara a nadie con nombre y apellidos, la declaración de Rosado, que sería consejero de Sanidad años después de los hechos que se investigan, endosó a la dirección general de Promoción Institucional la procedencia de las instrucciones para contratar con empresas como Orange Market, Easy Concept y Diseño Asimétrico, todas ellas manejadas por Álvaro Pérez, cabecilla de la trama en Valencia. Hasta cuatro direcciones generales de Sanidad asumieron facturas de 12.000 euros cada una con esas sociedades para pagar un mismo servicio, lo que permitía eludir el concurso público.
Los socialistas aluden a “una trama de altos cargos”
La responsable de la dirección general de Promoción Institucional de ese momento era Dora Ibars, asimismo imputada en el caso. Ibars dijo en diciembre al juez que actuó por indicación de la entonces secretaria autonómica de Presidencia Paula Sánchez de León. La cosa, de momento, está en ese punto, pero la mancha de aceite de la investigación judicial amenaza con salpicar a la actual delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Sánchez de León llegó a ser vicepresidenta de Camps en los peores momentos del escándalo Gürtel.
“A medida que avanzan las declaraciones judiciales se demuestra más claramente que existió una trama de altos cargos de la Generalitat con los corruptos de Gürtel que se apropiaron del dinero de todos los valencianos”, denunció el socialista Torres tras la comparecencia de Rosado ante el juez. Los socialistas, que ejercen la acusación popular en el caso, sostienen que, pese a que se va revelando que un gran número de consejeros de la época de Francisco Camps estaban relacionados con las contrataciones de la trama que saqueó las arcas públicas, “lo más grave es comprobar que la mayor parte de los que están testificando en los juzgados responsabilizan directamente al entorno de Presidencia de todos los contratos irregulares que se realizaron en su momento”.
Sánchez de León no es la única exconsejera de Camps sobre la que se cierne la sombra de la instrucción de los contratos de la Generalitat con la red corrupta. El juez José Ceres ha actuado hasta ahora con mucha meticulosidad y, lento pero implacable, ha ido imputando a altos cargos de los departamentos afectados hasta llegar a sus máximos responsables. En este momento, en la pieza cinco están imputados tres antiguos consejeros: Manuel Cervera y Luis Rosado, de Sanidad, y Alicia de Miguel, de Bienestar Social. Sumados a los otros tres que el mismo juez ha imputado en otras piezas de Gürtel (Vicente Rambla, Milagrosa Martínez y Angélica Such), son ya seis los exconsejeros implicados. Algunas, como Milagrosa Martínez y Angélica Such, están procesadas y a la espera de juicio por las adjudicaciones a Orange Market del pabellón valenciano en la feria Fitur.
Al tiempo que el juez desarrolla su investigación, que fundamenta en informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, los socialistas están reclamando desde su grupo en las Cortes Valencianas revisar los expedientes de algunos de los polémicos contratos con la trama de corrupción. Lo han hecho con el Congreso de Software Libre y los premios Salud y Sociedad. Ahora han solicitado acceder, entre otros, al expediente de la desaparecida Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, que pagó a Orange Market 450.000 euros más IVA en 2008 por la ceremonia inaugural de la Volvo Ocean Race en Alicante. El PSPV-PSOE apunta a Esteban González Pons, de quien dependía esa sociedad cuando fue consejero en los gobiernos de Camps.
El juez del caso, José Ceres, avanza meticulosamente en la instrucción
En conjunto, la quinta de las seis piezas de Gürtel que instruye el Tribunal Superior investiga 85 contratos con empresas de la trama corrupta por un importe de más de ocho millones de euros, que afectan a siete consejerías, vicepresidencia y presidencia de la Generalitat, tres agencias autonómicas, cinco empresas públicas y dos fundaciones. La cifra de imputados alcanza la treintena. Su sombra se acerca a las puertas del Palau de la Generalitat.
