Nueva documentación confirma el amaño de Canal 9 con la visita papal
Un testigo aporta más evidencias sobre el pelotazo de la trama corrupta en Valencia
Nueva documentación confirma el amaño entre la cúpula de Canal 9 y la trama Gürtel en la cobertura de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, que permitió presuntamente a la red hacerse con un contrato de más de siete millones de euros. El juez que investiga el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, dictó este miércoles un auto en el que alzaba el secreto parcial de sumario decretado sobre la pieza que indaga ese pelotazo.
El magistrado revela que un contratista de la trama, Juan Rincón, compareció el 25 de octubre y aportó “14 documentos” que han permitido “profundizar” en el “acercamiento previo” —esto es, antes de que se convocara el concurso público— de la red “a la contratación”. Una ventaja que habría conseguido “ya a través de la Fundación V Encuentro de las Familias ya a través de Ràdio Televisió Valenciana”.
Rincón, un productor independiente a quien Orange Market, la filial de la red en Valencia, subcontrataba trabajos, fue quien declaró hace unos meses que el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Enrique Pérez Boada, miembro del PP y de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, la organizadora del cónclave religioso, asistió a reuniones con los cabecillas de la trama Gürtel “en representación de Juan Cotino”, hoy presidente de las Cortes Valencianas. Tanto Boada como Cotino rechazaron entonces que tal testimonio fuera cierto.
La red sabía que haría el trabajo antes de realizarse la convocatoria
A los pocos días de que Rincón compareciese en el Tribunal Superior valenciano, prestó también declaración de forma voluntaria el ex jefe técnico de la televisión e imputado Luis Sabater, indica el auto. Sabater apuntó que el expediente sobre la contratación de la cobertura de los actos papales supuestamente rapiñado por Gürtel fue manipulado por la dirección del ente.
El juez destaca que lo declarado por Sabater, así como la documentación que aportó en el acto, cuestionan “el expediente de contratación respecto de las reales fechas que se incorporan como realizadas en distintos actos relevantes del íter de la contratación”. Sabater apuntó, entre otras cosas, manipulaciones que habrían realizado presuntamente los miembros de la mesa de contratación, integrada por varios cargos de la cúpula del ente.
A raíz de ambas declaraciones, el juez ordenó numerosas diligencias. Entre ellas el “requerimiento de aportación documental e información sobre diversos particulares” a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que fue constituida por la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia para organizar la visita del Papa. Así como la retirada de ordenadores de Canal 9 por parte de la policía y su posterior análisis por “especialistas informáticos de la UDEF” (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía). El objetivo explica el juez, consistía en “verificar la realidad y fecha de realización y demás aspectos que resulten de interés” para contrastar la “regularidad de los actos que comprenden los distintos trámites del expediente administrativo de contratación”.
El juez ha requerido documentos a Canal 9 y a la Fundación de las Familias
El juez señala que el “cotejo” realizado entre la documentación del expediente de contratación que ha obtenido ahora de Canal 9 —durante los días de “conflictividad sociolaboral” que precedieron al cierre de la televisión pública— y los que ya obraban en la causa refleja que existen algunos “coincidentes” y otros “no coincidentes”. Ello parece confirmar la manipulación del expediente con el supuesto fin de ocultar las trampas.
Según diversos testimonios, entre ellos los de Rincón y Sabater, Orange Market ya preparaba la cobertura de los actos del Papa en Valencia a través de pantallas gigantes en febrero de 2006, meses antes de que se convocara el concurso público y se adjudicara el millonario contrato a Teconsa, una constructora leonesa que actuó de pantalla de la trama a cambio de una comisión del importe del contrato.
Fechas imposibles en el expediente
El juez José Ceres reitera en el auto que las declaraciones y documentados aportados por las dos personas cuya identidad se había mantenido oculta desde que dictara el secreto parcial de la causa han puesto “en cuestión” las fechas clave del expediente por el que se contrató la retransmisión de los actos papales a través de pantallas gigantes distribuidas por Valencia. Más de siete millones de euros que, por un acuerdo entre la Fundación V Encuentro de las Familias y la Generalitat, se decidió que pagara Canal 9.
Las fechas no cuadran porque en febrero de 2006, dos meses antes de que se iniciaran los trámites, Orange Market ya preparaba la cobertura sobre el terreno. Aquel mes visitaron Valencia los técnicos alemanes que se encargaron del sonido a petición del propio Pontífice, que había quedado satisfecho con sus servicios anteriormente. Según Luis Sabater, ex jefe técnico de Canal 9 la orden de reunirse tan pronto con Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, se la dio Pedro García, ex director de Ràdio Televisió Valenciana e imputado. Y ese relato coincide con el ofrecido por Rincón.
La trama, según sostiene la investigación, habría recurrido a la constructora Teconsa porque a pesar de no tener experiencia en el sector audiovisual —la red lo subcontrató después a empresas especializadas— podía hacer frente a las condiciones económicas que requería la convocatoria.
También fueron supuestamente manipuladas otras fechas del expediente, relativas a informes técnicos preceptivos. Esas fechas fueron defendidas como reales por los miembros de la mesa de contratación cuando testificaron. De esa mesa formaron parte entre otros el ex secretario general de RTVV Vicente Sanz, el exdirector de Canal 9 José Llorca y el exjefe de gabinete del director del ente Juan Prefaci.
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