Gordillo y Cañamero plantan al TSJA en el juicio por ocupar Las Turquillas

El diputado andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, convirtieron ayer el juicio por la ocupación de la finca militar Las Turquillas en un mitin a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que les iba a juzgar. Ninguno de los dos entró en la sala de vistas, a cuyo frente estaba el propio presidente del alto tribunal, Lorenzo del Río. De hecho, de los 54 acusados solo comparecieron tres. Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de imputados se quedaron fuera “en señal de protesta”. Pasaron la mañana ensalzando la lucha obrera y lanzando críticas al Gobierno y al capitalismo mientras dentro se celebraba la vista oral, con el ruido de fondo de los discursos y vítores de más de un centenar de simpatizantes y militantes del sindicato.

Los acusados niegan que desobedecieran la orden de desalojo

El tribunal juzga la ocupación de esta yeguada militar, ubicada en Osuna (Sevilla) y propiedad del Ministerio de Defensa, entre los días 24 de julio y 9 de agosto de 2012 por unos 500 jornaleros comandados por Sánchez Gordillo y Cañamero. El fiscal pide para ellos y para otros dos acusados siete meses de cárcel por desobediencia grave, pena que el abogado del Estado eleva a dos años. Además, el fiscal solicita también el pago de una multa de 1.200 euros por el delito de usurpación de la finca y 100 euros de multa por una falta de daños. Pide igualmente que todos los acusados paguen una indemnización de 1.075 euros a Defensa y de 337 al Ayuntamiento de Osuna por daños ocasionados en la ocupación.

Tanto Cañamero como Sánchez Gordillo creen que las penas y multas que se les piden son “una barbaridad” y que se trata de un “juicio político”, según reiteraron a su llegada a la sede del TSJA arropados por decenas de militantes. “No fue un delito”, afirmó Gordillo, sino “una ocupación simbólica y nos fuimos sin ninguna resistencia”. Para Cañamero, “el Gobierno ha dado consignas a los fiscales contra el movimiento sindical y social” que representa el SAT. “No es normal que ocupemos una tierra pública y que nos pidan cárcel”, afirmó.

La fiscalía pide siete meses de cárcel frente a los dos años de la Abogacía

De los tres acusados que asistieron a la vista, uno de ellos, Libertad Sánchez Martínez, solo contestó a las preguntas de sus abogados. Los otros dos reconocieron que no tenían autorización para ocupar esos terrenos, pero negaron que causaran daños en la finca, como sostiene el fiscal y el abogado del Estado. “No rompimos ningún candado del pozo de agua”, afirmó José María Rodríguez, quien admitió que usaron el agua del pozo para asearse y lavar platos. “No cortamos árboles, sino que los podamos, que es distinto”, aclaró a preguntas del abogado del Estado sobre los daños que supuestamente causaron en Las Turquillas. Los acusados aseguraron que tampoco cogieron aperos y herramientas de la finca. “Somos gente de campo y llevamos nuestras azadas y demás material porque fuimos a labrar la tierra”, explicó Rodríguez. Tanto él como el otro acusado que declaró, José Antonio Mesa, sostuvieron que durante la ocupación hicieron “mejoras en la finca” y que su relación con la Guardia Civil y con los militares fue “cordial”. “Como otras veces que hemos ocupado esas tierras desde 2001”, agregó.

Los acusados niegan que hubiera desobediencia cuando la Guardia Civil les notificó la orden de desalojo dictada por un juez de Osuna, como figura en el auto de procesamiento. “Nos lo comunicó a las cinco o seis de la mañana y le pedimos que esperaran a las 12.00, que teníamos convocada una asamblea, para informar a los compañeros. Lo recogimos todo y nos fuimos sin ningún incidente”, finaliza Mesa. El juicio continuará hoy con la declaración de testigos y probablemente quedará visto para sentencia.