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China bloquea la investigación sobre los negocios del alcalde contrabandista

Pekín niega el interrogatorio a un testigo clave del presunto blanqueo de Barral

Las causas de contrabando y blanqueo sobre el excalcalde de Ribadumia, Nené Barral, se desvanecen. Doce años después de su detención por la importación ilegal de un contenedor con casi un millón de cajetillas de procedencia china, la causa sigue atascada casi en sus primeros pasos en un juzgado de Vilagarcía por las argucias legales que ha empleado ante los tribunales suizos el depuesto regidor popular para evitar que Hacienda escudriñe en los bancos helvéticos que durante años fueron el flotador de sus presuntos negocios tabaqueros.

Mientras este proceso se desvanece al borde ya de la prescripción, el otro frente judicial abierto por blanqueo parece seguir el mismo camino. Las autoridades chinas se niegan sistemáticamente a facilitar datos de las inversiones de Barral descubiertas en el país asiático y que están relacionadas con el sector eólico. La investigación de la Agencia Tributaria facilitada por un gallego, estrecho colaborador de Barral y que cumple condena en una prisión china, no ha dado resultado. Desde que en 2010 se comenzaron a enviar a China comisiones rogatorias para recabar datos del presunto blanqueo de más de dos millones de dólares —la última en julio pasado—, el juzgado número 3 de Cambados no ha recibido contestación a ninguna de ellas ni los documentos oficiales que ha solicitado.

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Las autoridades penitenciarias tampoco han permitido que la Policía Judicial interrogue al preso español ni que este pueda prestar declaración como principal testigo de cargo en el proceso. Así las cosas, solo queda esperar un año o más a que el testigo cumpla su condena y pueda prestar testimonio en el juzgado. El asunto por blanqueo de más de tres millones de dólares estuvo secreta dos años y en ella también están imputadas las tres hijas de Barral. La investigación de Hacienda ha permitido localizar una sociedad matriz radicada en las Islas Vírgenes británicas desde la que se hicieron transferencias para invertir en empresas eólicas asentadas en China y financiar otras dedicadas a cultivos marinos en Chile. Cuando Barral estaba inmerso en el proceso por contrabando dirigió sus finanzas a crear una empresa para la explotación de parques eólicos en la ciudad de Qingdao, en la provincia de Shandong, al este de China. Después puso en marcha otra en Hong Kong y una tercera para producción de moluscos en bateas en la costa chilena.

Según la Agencia Tributaria, desde su cuenta de Islas Vírgenes, Barral realizó al menos dos transferencias con destino al sector energético. Una primera de 1,8 millones de dólares y otra posterior de 1,2 millones, además de las que supuestamente se realizaron para invertir en los proyectos marisqueros chilenos y sobre las que se están recabando nuevos datos. Lo que se pretende ahora es comprobar las inversiones con pruebas documentales a través del papeleo administrativo que Barral Martínez tuvo que realizar para entrar en el mercado asiático con el que supuestamente ya tenía relaciones derivadas de sus sofisticados negocios tabaqueros que le costaron la alcaldía de su pueblo 18 años después de acceder al cargo.

Los investigadores creen que Barral había potenciado una nueva organización mucho más internacional que sus colegas gallegos seis años antes de su detención. De hecho, en la causa por contrabando están imputadas casi 40 personas de seis nacionalidades que presuntamente trabajaban bajo sus órdenes. El fiscal Manuel Touriño, el tercero que asume la investigación, pretende poner fin a la instrucción y presentó un escrito al juzgado para que él y el abogado del Estado puedan formular escrito de acusación contra Barral y su organización. Su propuesta puede tardar meses en tener efecto y está pendiente de que se pronuncien todas las defensas.

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