El fiscal pide cárcel para seis mandos militares por robar a estudiantes

La fiscalía militar ha pedido cárcel para los responsables de la residencia universitaria San Hermenegildo de Sevilla por haberse apropiado supuestamente de 299.602 euros destinado a las comidas de los estudiantes, hijos y nietos de militares, entre 2005 y 2009. A los coroneles al frente de la residencia cuando se esquilmó la despensa de la institución, Francisco Muñoz, y su antecesor en el cargo, Sebastián Clavijo, el fiscal les pide 21 y 18 años de prisión respectivamente. Mientras que los estudiantes pasaban “hambre” y recibían comida de ínfima calidad, esos años los mandos recibieron bajo cuerda mariscos, alcohol (botellas de ron y whisky) cañas de lomo y lotes de Navidad por importe de 30.599 euros. “Productos fuera de lote que no fueron facturados”, denuncia el fiscal en su escrito de calificación.

El proceso se inició en 2010 después de las numerosas denuncias de los estudiantes, que tildaban la comida de “incomestible”. Tres años después, el fiscal jefe del Tribunal Militar Central, Antonio Lozano, ha presentado este verano su escrito de calificación. Junto a los dos coroneles, el ministerio público pide 20 años de prisión para los comandantes José Maestre y Antonio Enrique Palmero. “Se firmaban albaranes de recepción sobre mercancías que no eran entregadas, y en tal concepto son falsos”, censura el fiscal.

El operativo era simple: las empresas encargadas del cátering de la residencia, presentaban facturas de suministro de alimentos que nunca se entregaban, y “con el visto bueno de los directores de la residencia”, se pagaba a esos proveedores “generando un fondo monetario” que posteriormente los mandos militares y los empresarios se repartían.

Al capitán Ángel Martín, la fiscalía le pide ocho años y al subteniente Carlos Borromeo 10 años de prisión. Asimismo, están acusados los empresarios que suministraban los alimentos para los estudiantes, Fernando Marín de las firmas Plataforma Femar y Acacio y Manuel Rosso, de Hermanos Rosso, para los que la fiscalía pide 12 años de cárcel por un delito continuado contra la hacienda militar y por falsedad en documento mercantil. En total, la petición de la fiscalía suma 122 años de cárcel para los seis militares y los dos empresarios por siete delitos: cuatro delitos continuados contra la hacienda en el ámbito militar, continuado de falsedad en documento mercantil y continuado de deslealtad.

El escrito detalla una a una todas estas “entregas ficticias” reflejadas en los certificados de cocina como si realmente hubieran sido recepcionadas por el comandante Maestre Romero como administrador de la residencia, y con el visto bueno de los directores. Si en 2005 la suma supuestamente defraudada ascendió a 11.635 euros, en 2006 fueron 27.656 euros, en 2007 se esquilmaron 31.625 euros, en 2008 34.543 euros, y en 2009 10.091 euros. A estas cantidades la investigación de la fiscalía jurídico militar suma 33 días de alimentación en fechas que no se sirvieron comidas, lo que supuso unas ganancias ilícitas para los empresarios cuantificadas en 38.674 euros.

Los mandos militares dejaron asimismo de ingresar al Tesoro 7.933 euros de las cuotas de los residentes y pernoctaciones en 2009. En su escrito de calificación, el fiscal pide que declaren como testigos el coronel Andrés Serrano, actual director del centro, el comandante Santiago Martín, así como los estudiantes Pablo G. y Macarena C. .

Ante la precariedad, los estudiantes adquirían alimentos en los supermercados cercanos para sus despensas personales, a pesar de que abonaban 400 euros por su estancia. Tras las numerosas denuncias de los padres ante el ministerio durante 2009, Defensa abrió una investigación y destituyó a los responsables de la residencia. En paralelo, la justicia militar abrió una causa para investigar los hechos. La juez togado militar Esperanza Baena imputó a los mandos, pero la causa se elevó al Juzgado Togado Militar Central 2 dada la condición de aforados de los coroneles y los comandantes acusados.

Esos cuatro años (2005-2009) la carestía en el comedor de la residencia San Hermenegildo fue la norma para los alumnos, que cuando se quejaban en exceso, eran expulsados sin miramientos. La calidad del servicio de limpieza se resintió al mismo tiempo que la comida menguaba, pero el escrito del fiscal no hace referencia a esta anomalía. A las penas solicitadas, la fiscalía añade una indemnización al Estado de 261.060 euros impuesta a los mandos militares, y de manera subsidiaria otra para los empresarios por 300.000 euros. El escrito de calificación del abogado del Estado es muy similar al del fiscal, explican fuentes del caso.