El silencio de los banqueros
Montesquieu está vivo. Lo reivindican tanto banqueros presuntamente malversadores como patricios —confesos saqueadores— para subrayar las distancias entre el poder judicial y el legislativo. Cuando un ciudadano notable, imputado por algún delito económico, es llamado a comparecer ante el Parlament mantiene un silencio propio de cartujo.
Esta historia la comenzaron a escribir Fèlix Millet y Jordi Montull. Era el 6 de julio de 2010 y ambos saqueadores confesos del Palau apelaron a su derecho a no hablar. Para que el poder legislativo no invadiese el sancta sanctorum del judicial, para no entorpecer la investigación —arguyeron— era mejor mantenerse callado. Hay que controlar la iluminación y los tiempos y exteriorizar una gran tranquilidad de espíritu. En suma, hay que poner en valor y en escena signos que evoquen fe en la justicia. Después de poner cara de James Cagney durante el saqueo hay que inspirarse en el rostro falsamente cándido de Tyrone Power de Testigo de cargo. Como si nada pasara, hay que seguir frecuentando los restaurantes de toda la vida, hacer el paseo diario por las calles de rigor y tomar el cortado en el bar de costumbre.
Al pinchar la burbuja inmobiliaria los desahuciados heredan deudas y los exdirectivos fondos de pensiones
Pero por bueno que sea el guion, la realidad, a veces, se encarga de quebrar el espejo que utilizan saqueadores y corruptos para dar la imagen de ciudadanos amantes del imperio de la ley y escrupulosos con la separación de poderes. Eso fue lo que sucedió el pasado lunes, cuando comparecieron ante el Parlament Ricard Pagès y Manuel Troyano, expresidente y ex director general de Caixa Penedès, que se atribuyeron fondos de pensiones por 11,4 y 3,1 millones de euros respectivamente para garantizarse un retiro dorado en estos tiempos agitados.
En silencio y con la cabeza gacha, se sentaron en la misma sala, acompañados del mismo abogado que Millet y Montull tenían cuando comparecieron en el Parlament. Pero de poco les sirvió, puesto que recibieron más cornadas que un don Tancredo, ese personaje que se quedaba inmóvil en un pedestal en mitad de la plaza de toros con la vana esperanza de que el animal lo confundiera con una estatua. “Chorizos” o “mafiosos” fueron algunos de los zarandeos que recibieron los ejecutivos agazapados tras su muro de silencio. Y es que Montesquieu sirve tanto para marcar los límites de los poderes, como para lanzar una mirada irónica y crítica sobre la realidad. Si sus personajes chiitas de las Cartas Persas aterrizaran en la Cataluña que busca sus estructuras de Estado se encontrarían con que cinco ejecutivos que dirigían Caixa Penedès —ahora imputados por blindar con 20 millones de euros su jubilación— practicaban el deporte de riesgo de hinchar con hipotecas la burbuja inmobiliaria y vender preferentes a los ahorradores, que han sufrido quitas de hasta el 60%.
Los seguidores de Alí verían con asombro como la autoridad apela a la legalidad para desalojar el bloque de la calle doctor Castany
Los seguidores de Alí verían, seguramente con asombro, como la autoridad apela a la legalidad para desalojar el bloque de la calle doctor Castany 91-93, ocupado por 16 familias con 21 niños en Salt. Los chiitas de Montesquieu también podrían documentar que ese edificio es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Se trata del llamado banco malo que tiene la tarea de sanear, con un 45% de fondos públicos los activos y préstamos tóxicos. Es la herencia de la burbuja: unos heredan deudas y otros fondos de pensiones.
En el bloque ocupado de Salt viven familias expulsadas de sus hogares por no poder hacer frente al pago de su correspondiente hipoteca y que arrastran una deuda que les perseguirá de por vida. A los musulmanes de Montesquieu, inmersos en su zakat (caridad islámica), les costaría comprender qué clase de sociedad es esta que en la que conviven desahuciados con pisos vacíos saneados con dinero de todos.
Ahora que llevamos enterrados en nuestro particular zakat con la banca 37.000 millones de euros a fondo perdido en el FROB y prosiguen los desahucios, una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo nos devuelve la mirada de chiitas persas y nos recuerda, a propósito de Salt, que primero son las personas: las autoridades de Ítaca o de Atenas deben ofrecer más soluciones y menos cinismo.
