La Guardia Civil no achaca a los dos sindicalistas lucro personal en los ERE

Los dos dirigentes sindicalistas Salvador Mera y Roberto Carmona habían sido detenidos en el caso ERE por su intermediación para que las centrales cobraran una comisión, pero no existe acusación de lucro personal contra ellos. Los investigadores acusan a Mera y Carmona de haber negociado directamente con el dueño de la consultora Uniter una comisión para UGT y CC OO, "con pleno conocimiento de la ilicitud de la misma". Por ello la Fiscalía Anticorrupción pidió para Mera una fianza civil de 188.000 euros como medida cautelar y no prisión. Sin embargo, la juez Mercedes Alaya ha dejado en libertad con cargos a los dos dirigentes sindicales y el alto cargo de la Diputación de Sevilla detenidos en la segunda parte de la Operación Heracles.

Roberto Carmona y Salvador Mera han abandonado los juzgados sevillanos pasada la medianoche arropados por decenas de simpatizantes que les esperaban a la salida. Carmona y Mera están acusados de malversación, según han informado sus abogados, y la juez le ha impuesto a Carmona 471.000 euros de fianza civil. “Que viva la lucha de la clase obrera”, gritaban los sindicalistas a las puertas de los juzgados y rodeados de cámaras. Mientras, el alto cargo de la Diputación sevillana que ha cesado esta semana ha salido en libertad con cargos acusado de malversación y prevaricación, asegura su abogado.

La Guardia Civil es muy severa en su valoración y considera que este cobro por parte de los sindicatos constituye una parte de las sobrecomisiones derivada de los fondos públicos de la Junta de Andalucía. Los agentes tildan a los sindicalistas de "facilitadores" en la negociación con la Junta y la consultora que tramitó el ERE de la Faja Pirítica de Huelva. Ambos pidieron a la consultora una comisión para los sindicatos para cubrir los gastos realizados en viajes y manifestaciones vinculados al ERE. "Solicitan unas cantidades que no responden a gastos soportados realmente", censuran los agentes en su último atestado sobre los 139.200 euros transferidos a UGT y CC OO por Uniter.

Por el contrario, el sindicato ha defendido que estos cobros se han realizado a lo largo de todo el país, y que la diferencia en el caso de la minería onubense es que las empresas habían desaparecido, por lo que la Junta andaluza asumió el coste total del ERE. La Guardia Civil subraya que la consultora Uniter pagó a los sindicatos 3,2 millones en comisiones a lo largo de una década.

Los agentes acusan a Carmona y Mera de ser los responsables de "una financiación irregular de las organizaciones sindicales, por su participación en los procesos de reestructuración de plantilla subvencionados por la Junta de Andalucía". De este modo, las acusaciones contra Mera y Carmona no incluyen la apropiación de fondos públicos para su lucro personal, sino la petición de una comisión destinada a las aseguradoras de los sindicatos a nivel nacional, Temiqui y Atlantis. Esto ha provocado la indignación de los líderes de ambos sindicatos y fue el motivo de su concentración ante los juzgados ayer para increpar a la juez Alaya cuando abandonó los juzgados al mediodía.

La Guardia Civil acusa a ambos sindicalistas de tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública. A Mera le añaden la acusación de falsedad documental.

Mientras, el exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, la Guardia Civil le acusa de malversación, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública por participar en la consecución de ayudas públicas. Los agentes le definen como un "perfecto conocedor del sistema opaco" de subvenciones públicas de la Junta. "Se arrogaba la potestad de comprometer subvenciones" que finalmente eran concedidas, aseguran en su último atestado. A este alto cargo de la Diputación sevillana hasta esta semana tampoco se le imputa lucro personal, sino un papel clave para ayudar a ciertos empresarios a conseguir ayudas "con total ausencia de procedimiento". Las acusaciones consisten en haber colaborado para que diversas empresas de la Zona norte de Sevilla recibieran 2,1 millones en ayudas públicas.

Al jefe de zona de la Caja San Fernando en la Sierra Norte sevillana Gerardo de la Cruz se le acusa de "haber contribuido a la consecución de hechos ilícitos, incluso se habría podido beneficiar de las ayudas concedidas a través del Venero de Móstoles". Está acusado de malversación, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.

Por otra parte, la Guardia Civil incluye en su último atestado policial un listado de políticos, empresarios y sindicalistas aportado por los Mossos de Escuadra, que "podrían" haber sido destinatarios de regalos por parte de la consultora Vitalia, que gestionó la mayoría de los ERE con intrusos. Entre estos supuestos destinatarios destacan dos altos cargos de la Junta de Castilla y León, abogados y sindicalistas junto al ex director general de Trabajo andaluz Javier Guerrero y dos secretarias suyas, además del exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas. El archivo se llama RegalosSr.Albarracin2007 y los investigadores subrayan que ahora intentarán determinar la relación exacta de estas personas con la consultora Vitalia.