La Xunta apaga la luz del Parlamento
El Gobierno ignora su obligación y oculta a los diputados documentos relevantes sobre la relación Feijóo-Dorado, los contratos de empresas de Gürtel o Corcoesto
En plena tramitación de la Ley de Transparencia, para que cualquier ciudadano acceda a datos y documentos oficiales, los diputados gallegos se topan con el oscurantismo de la Xunta, que no les facilita los papeles que necesitan para realizar su labor constitucional de control del gobierno. Pese a que el Reglamento del Parlamento los faculta para solicitar documentos oficiales a cualquier Administración pública, el Gobierno gallego tiene sin responder unas 170 de las 300 peticiones que han formulado en lo que va de legislatura. Y la presidenta de la Cámara, la popular Pilar Rojo, tampoco aplica sanciones o arbitra procedimientos alternativos para defender a sus compañeros amparándose en que no se establecen en el Reglamento, norma cuya inoperancia deja así en evidencia.
Diputados de los tres grupos de la oposición han pedido, por ejemplo, contratos públicos que arrojarían luz sobre las posibles implicaciones administrativas de la amistad en los años noventa del presidente Alberto Núñez Feijóo con el entonces contrabandista Marcial Dorado. Pero hasta el momento el Gobierno gallego ni les ha entregado copia de los documentos, ni ha facilitado el acceso a los archivos autonómicos, ni ha justificado su negativa. Escondidos en San Caetano permanecen también papeles que los diputados consideran relevantes para aclarar la tramitación de la mina de oro de Corcoesto, el arbitraje de las participaciones preferentes, los contratos de la Xunta con empresas vinculadas a la trama Gürtel o informes autonómicos sobre los acuerdos de los astilleros gallegos con Pemex.
Lo que dice el artículo 9 del Reglamento del Parlamento de Galicia es que “para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados, luego de conocimiento del respectivo grupo parlamentario, tendrán la facultad de solicitar de las Administraciones públicas los datos, informes o documentos que consten en poder de estas”. Su solicitud la tramitará la Presidencia del Parlamento y la Administración en cuestión tiene 30 días para entregar la documentación o argumentar “las razones fundadas en derecho que lo impidan”. Los tres grupos de la oposición han formulado en los diez meses de esta novena legislatura unas 320 peticiones de documentos amparándose en el artículo 9. De ellas, unas 20 están aún dentro del plazo que tiene la Xunta para responder, pero de las 300 restantes se ha atendido menos de la mitad, unas 120, rebasando las demás el plazo de 30 días sin que el Gobierno, en la gran mayoría de los casos, argumentase siquiera su negativa.
La oposición critica que solo se les facilitan los documentos más intrascendentes, muchos de los cuales son de libre acceso para cualquier ciudadano, como expedientes expuestos al público o pliegos de obras. Desde Alternativa Galega de Esquerda (AGE) se lamenta que incluso entre las peticiones que obtienen respuesta “casi ninguna viene al caso; es decir, responden, pero no a la petición formulada”. También la viceportavoz del BNG, Ana Pontón, critica que con su comportamiento el Gobierno impide el necesario control de sus actuaciones por el Parlamento, cuyos diputados deben perder tiempo en buscar la información que necesitan por otros cauces más complejos. Desde la Presidencia del Parlamento se argumenta que todas las peticiones se trasladan con celeridad al Gobierno y que cuando no se recibe respuesta en el plazo de 30 días se vuelve a reiterar la solicitud. Pero ahí termina su actuación, en la reiteración cada mes de las peticiones no atendidas ya que, argumenta la Presidencia de la Cámara, el Reglamento no contempla nada más para los casos en los que la Xunta no contesta.
Excursión custodiada por funcionarios
El volumen de la documentación que piden algunos diputados no debería ser impedimento para que la Xunta facilite su consulta. En 2007 los populares, entonces en la oposición, se quejaban de los obstáculos que ponía el gobierno de PSOE y BNG para facilitarles el expediente administrativo de la adjudicación de la Autovía do Barbanza. Un año después los populares repitieron la misma queja por los impedimentos para revisar los gastos que supuso la presencia de Galicia en la Feria del Libro de La Habana.
En ambas ocasiones, ante el volumen de los expedientes, el bipartito acabó facilitando a los diputados el acceso a los documentos que reclamaban en las propias oficinas de la Xunta, custodiados por funcionarios públicos. Fue así como se supo, por ejemplo, que el Gobierno gallego había invitado a 400 mojitos en la feria cubana. Sin embargo, ahora en el poder, los populares impiden la consulta de documentos similares. Durante la pasada legislatura, la Xunta del PP ya bloqueó la entrega de papeles a diputados de la oposición, que en total recurrieron al artículo 9 en 1.446 ocasiones. Entre los documentos no facilitados pese a peticiones reiteradas está el informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que debió avalar el convenio para invertir en el municipio lucense de Barreiros 14 millones de fondos públicos con los que legalizar su urbanismo. La justicia acaba de decretar que aquel convenio, cuyo aval jurídico nunca conocieron los diputados, era ilegal.
Un ejemplo de la actitud pasiva de Pilar Rojo se produjo ante la petición reiterada por parte del PSOE de los contratos del Sergas en la época de la amistad Feijóo-Dorado. El portavoz socialista, Abel Losada, acabó enviando el 7 de junio una carta a la presidenta pidiendo oficialmente su amparo por el hecho de que la Xunta contestase a su petición de documentación a través del artículo 9 con una comparecencia oral de un alto cargo del Gobierno. “Resulta evidente que ninguna comparecencia puede constituir una respuesta válida a una solicitud concreta de traslado de documentación”, argumentaba Losada.
Pero la respuesta de Rojo, que tardó dos semanas, se limitó a señalar que la Presidencia “actúa como un órgano de comunicación para la tramitación” y que su actividad es “instrumental y reglada”. Rojo recuerda al diputado “que no vea satisfecha su pretensión” que puede “pedir la reiteración de la solicitud de información”. Y asegura a Losada que “dará traslado de su escrito a la Xunta para su conocimiento, con la expresa indicación de que una comparecencia parlamentaria no es el canal adecuado para satisfacer una petición de documentación”. Esto es, Rojo trasladó al Gobierno la protesta de Losada, pero no la asumió como propia, como le reclamaba este. Desde el Gobierno gallego, el responsable de atender las peticiones que le realice la Cámara es el director general de Relacións Parlamentarias, Gonzalo Ordóñez. La Vicepresidencia, el departamento del que depende, siguió la pasada semana la costumbre de Ordóñez de no argumentar sus negativas a los diputados y tampoco pudo dar una explicación a los retrasos y negativas del Gobierno a responder al Parlamento.
Uno de los argumentos que suelen emplear fuentes tanto del PP como del Ejecutivo para justificar la no entrega de papeles reclamados por los diputados es que no son de la Xunta sino de terceros y que por lo tanto no obran en su poder o no puede divulgar. Aunque esto sea así en algunos casos, la Xunta no se molesta ni en argumentárselo a los diputados. Pero en muchas otras ocasiones los documentos denegados son expedientes elaborados por completo por la Administración. Así, están sin atender desde el principio de la legislatura peticiones como el “Plan de inspección de servicios sociales 2013”, “informes de todas las consellería implicadas” en la mina de Corcoesto, “subvenciones a través del Igape” o “informes” de funcionamiento interno de la Administración tratados por el Gobierno en los consejos semanales de la Xunta.
