Cataluña cierra filas contra la “recentralización” de Rajoy

Cierre de filas en Cataluña contra la reforma de las Administraciones que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy. El informe, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, plantea la supresión de 14 organismos catalanes. Un nuevo capítulo en las tensas relaciones entre el Ejecutivo central y el Gabinete de Artur Mas que se suma a otros frentes como el proceso soberanista, el reparto del déficit, y la ley de Educación. Igual que en la ley Wert,Mas cuenta con el apoyo de casi todo el arco parlamentario. Los partidos catalanes lamentaron la “recentralización” que supone la reforma (Alfred Bosch, de ERC y Josep Antoni Duran Lleida, de Unió, utilizaron ese término) y los de izquierda añadieron que supone una merma en los servicios públicos. Solo PP y Ciutadans están a favor de la iniciativa.

El Gobierno central da lecciones cuando tiene Ministerios enteros sin competencias", dice Mas

La Generalitat ayer se plantó y anunció que hará caso omiso de las recomendaciones del Gobierno central. Lo expresó con contundencia el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell: “No vamos a devolver, jamás, ninguna competencia”, dijo el consejero tras un acto organizado por el Instituto de Analistas Financieros.

La propuesta de reforma que validó ayer el Consejo de Ministros afecta a algunas instituciones que la Generalitat considera básicas: por ejemplo, las cinco embajadas en el exterior, que el Ejecutivo de CiU considera una pieza imprescindible para la internacionalización económica y una vía para dar a conocer el proceso soberanista. También está en la lista el Centro de Estudios de Opinión, el ente demoscópico de la Generalitat, y el Meteocat, el servicio meteorológico. Tres instituciones que son troncales en la actividad parlamentaria como el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas, y el Consejo de Garantías Estatutarias aparecen en la lista de organismos a suprimir para el Gobierno central.

Organismos en el punto de mira

El Gobierno recomienda la supresión de duplicidades entre las que se encuentran diversos organismos de la Generalitat de Cataluña. Este proceso incluiría el Centro de Estudios de Opinión (CEO) ya que, según argumenta el Ejecutivo, las funciones ya las realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). También están en el punto de mira el Síndic de Greuges, el Consejo de Garantías Estatutarias, la Autoridad Catalana de la Competencia, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Sindicatura de Cuentas, el Instituto Catalán de Energía, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, la Agencia Catalana de Consumo, el Instituto de Estadística de Cataluña, el Instituto Cartográfico de Cataluña y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

La respuesta de la Generalitat es pedir al Estado que tome ejemplo y elimine los ministerios cuyas competencias están transferidas: Enseñanza, Sanidad, o Cultura. CiU tomará esta propuesta y la convertirá en proposiciones al Congreso, con el detalle de qué organismos centrales se pueden suprimir. “El Gobierno da todas las lecciones, pero los deberes no los hace. El Estado tiene ministerios enteros, con centenares de funcionarios, que no tienen competencias porque están traspasadas y pese a ello no están suprimidos”, lamentó el presidente de la Generalitat. Mas no solo cuenta con el apoyo de la oposición: también los organismos afectados se unieron ayer para rechazar la reforma.

El Gobierno central no puede imponer las supresiones de los organismos, pero puede presionar: el límite del déficit y la dependencia autonómica de las transferencias del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Mas-Colell apuntó que cualquier intento de coaccionar a las autonomías con el déficit o el FLA supondrá un control del gasto que atentaría contra la Generalitat: “Si esto pasara, sería una forma de intentar condicionar cada una de las líneas de gasto e iríamos mucho más allá de lo que establece el Estatut”, cerró el consejero.

El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, denunció que el Gobierno quiere cambiar el modelo de competencias fijado en la Constitución para recentralizar servicios con la excusa de la solapación. Los partidos independentistas se abonaron a esa tesis y vieron en la reforma un argumento más para pedir la secesión. ERC, por vía de su portavoz en el Congreso, Alfred Bosch, denunció que se utiliza la crisis “como excusa para cerrar las instituciones históricas que definen Cataluña como pueblo”.

El Partit dels Socialistes e Iniciativa creen que la propuesta cercena derechos a la población. “Hay que mejorar la Administración, pero no suprimiendo servicios”, pidió Pere Navarro, primer secretario socialista. Y añadió el ecosocialista Joan Herrera: “El Gobierno planea degradar la democracia de forma drástica”. La CUP mezcló ambas críticas: “Se impone la centralización del poder institucional y la privatización de los sectores públicos estratégicos”, describió la formación en un comunicado.

El Sindic de Greuges cree que se pierde el sentido del Estado de las autonomías

Las entidades afectadas consideran que el Gobierno se equivoca y lamentan que se ataque a las competencias catalanas. “Se pierde un sentido clarísimo del Estado de las autonomías”, denunció el síndic de greuges, Rafael Ribó. Su institución está en el punto de mira por la existencia de la institución del Defensor del Pueblo. “España funciona de forma anacrónica. Es el único sistema en las democracias avanzadas donde un único defensor llega a todos los rincones. Lo normal es que haya un defensor de la nación que se dedique a temas de la Administración central y se mantenga la proximidad con estructuras territorializadas”.

El Síndic lamenta los “datos radicalmente erróneos” usados por el Gobierno. Ribó defiende que el coste de cada actuación en Cataluña es de 200 euros. El informe del Gabinete de Rajoy asegura, por contra, que el servicio cuesta en realidad 800 euros por los 400 del Defensor del Pueblo. “Confío en que esa institución se dé cuenta de que está participando en dirección contraria de lo que hacen el resto de democracias del mundo”, apostilló Ribó.

El director del CEO defiende el papel diferenciado del ente demoscópico

“La propuesta del Gobierno es ridícula”, se sumó el director del CEO, Jordi Argelaguet. El gestor del ente demoscópico considera que la labor del CIS y el CEO es complementaria, y concluyó por ello que la reforma “es absurda. Si el CIS puede hacer ahora lo que hacen los centros autonómicos con su personal, es que está sobredimensionado y lo pueden recortar. Y si no puede, ¿qué se gana?”. Argelaguet apuntó que el CEO realiza tareas diferentes al CIS, como asesorar al Gobierno o llevar un registro de todos los sondeos que se encargan desde la Administración pública.

La Sindicatura de Cuentas también rechazó la reforma y defendió su complementariedad con el Tribunal de Cuentas. A través de un comunicado, recordó que su trabajo deriva del Parlament y que cumple “una función esencial en la democracia como es el control externo de las cuentas”.