Mas rebaja y diluye su agenda socioeconómica en esta legislatura

El plan de Gobierno catalán para la esta legislatura presentado el pasado martes por Artur Mas consta de 26 folios. El que aprobó la pasada legislatura tenía 73. La diferencia entre ambos no solo radica en su extensión, sino especialmente en el nivel de concreción y de ambición de sus compromisos económicos y sociales. En apenas dos años, el Ejecutivo catalán ha relegado a un segundo plano o a la inconcreción más absoluta aspectos que Mas situó como fundamentales la pasada legislatura. Se ha caído el compromiso escrito de reducir a la mitad la tasa de paro en Cataluña, así como el fracaso escolar. En cambio, y en virtud del pacto entre CiU y Esquerra Republicana, sí se concretan multitud de compromisos de la agenda soberanista.

Mas llegó a la Generalitat en 2010 con tres banderas electorales: el pacto fiscal, la reducción de la tasa de paro a la mitad y una bajada similar en el fracaso escolar. El primer objetivo fue sustituido el pasado septiembre por una agenda soberanista que debería concluir con un referéndum de independencia. Los otros dos han caído en la inconcreción en esta segunda legislatura bajo el argumento de que la reducción del paro y del fracaso escolar dependen de Europa o de las transferencias económicas del Gobierno a la Generalitat.

Mas también recuerda que en ámbitos como el fracaso escolar se divisa ya una mejora que espera consolidar los próximos años. Con todo, el nuevo programa de gobierno solo se refiere a este punto para decir que se seguirá aplicando el plan contra el fracaso escolar y que se “impulsará la excelencia del sistema educativo, garantizando la igualdad de oportunidades y reduciendo los índices de abandono escolar”.

En lo referente al paro, el nuevo programa evita marcarse objetivos concretos. El documento habla de “parar la tendencia de los últimos años del mercado laboral, frenando la destrucción de puestos de trabajo y avanzando en la creación de empleo”. También se fija el objetivo de reformar el Servicio Catalán de Empleo en los próximos seis meses, algo que la Generalitat prometió hacer antes de finales de junio. De momento, lo que sí se ha hecho los últimos meses ha sido despedir a un centenar de orientadores laborales.

En el terreno económico, el documento también rebaja expectativas. Si hace dos años la Generalitat se comprometía a “asegurar la liquidez” de la Generalitat para su buen funcionamiento, episodios como el impago sistemático a farmacias y entidades del tercer sector han recomendado eludir ahora este compromiso. La Generalitat se comprometió también la pasada legislatura a “fomentar la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente a través de la incorporación en el mundo laboral”. Pero los sucesivos recortes y los impagos han puesto al filo del abismo a muchas entidades sociales y a los centros especiales de trabajo. Estos han sufrido un recorte del 33% de las subvenciones públicas. En el ámbito social vuelve a aparecer la “reforma de la renta mínima de inserción”, aunque no se detalla en qué sentido se hará después del caos que provocó la última modificación de esta ayuda.

El plan sí destaca el impulso de una Seguridad Social catalana, una Agencia Tributaria propia y una Administración de justicia catalana

Tampoco se detallan la media docena de impuestos nuevos que CiU y ERC pactaron instaurar para reducir la magnitud de los recortes sociales. El único que figura claramente es la imposición de una tasa a los transportistas por la utilización de determinadas vías, la llamada Euroviñeta.

Lo que el plan de gobierno sí destaca son los nuevos compromisos vinculados a la agenda soberanista, como el impulso de una Seguridad Social catalana y una Agencia Tributaria propia, además de una Administración de justicia catalana. Resulta llamativa la falta de referencias al Estatuto de Autonomía que, pese a estar vigente, el Gobierno catalán da ya por muerto. En el anterior plan se comprometía “desplegar el Estatuto en su máxima potencialidad jurídica”.

Pese a la presión de las patronales catalanas, tampoco hay un objetivo concreto en lo que a reducción de burocracia empresarial se refiere. Ha decaído el compromiso escrito de conseguir que el 90% de los trámites estuvieran disponibles en una ventanilla única y tampoco se mantiene la promesa de lograr un “tiempo de espera cero” para los trámites de las empresas ante la Administración.

El nuevo plan de gobierno ya no habla explícitamente de la renegociación del traspaso de los servicios de Cercanías y Regionales de Renfe, pese a que el Gobierno de Artur Mas mantiene que el traspaso que negoció el tripartito fue una chapuza. Otra ausencia destacable es la demanda para que se finalice el Cuarto Cinturón. Algunos de los compromisos que sí se mantienen son de difícil ejecución, como el “desmantelamiento” de la prisión Modelo. El centro que debe sustituirla no tiene ni siquiera fecha de construcción.

Con información de Lluís Pellicer, Clara Blanchar, Dani Cordero e Ivanna Vallespín.