El Tribunal Superior valenciano da otro paso para imputar a Barberá y Camps

El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano Antonio Ferrer será el encargado de elaborar la ponencia del órgano jurisdiccional sobre la aceptación de la rama del caso Nóos que afecta a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

La ponencia redactada por Ferrer será posteriormente elevada a la Sala Civil y Penal del tribunal (integrada también por otros cuatro magistrados) que decidirán por votación si aceptan la competencia. En caso afirmativo, el instructor será el propio Ferrer. Éste accedió al tribunal a principio de año, en sustitución del juez José Flors, el magistrado que sentó a Camps en el banquillo por el asunto de los trajes, que se jubiló.

Aunque formalmente quedan por tanto algunos trámites antes de que Barberá y Camps sean imputados, en la práctica se antoja muy difícil la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechace la competencia sobre los posibles hechos delictivos cometidos por dos de aforados valencianos (por tratarse de diputados autonómicos), a la vista de la contundente exposición de motivos que le remitió el juez José Castro de la Audiencia de Palma, que es quien instruye la parte central de la causa en Baleares.

En el momento en que el TSJ acepte la competencia, Barberá y Camps quedarán automáticamente imputados en aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque todavía habrá que esperar a que sean citados a declarar en dicha condición por el magistrado instructor.

El juez Castro señaló, en su exposición razonada de motivos, que existen indicios de que Barberá y Camps cometieron los delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial. Todo ello en el marco de las negociaciones que mantuvieron con Iñaki Urdangarin, duque de Palma, con el objetivo de la celebración de tres ediciones de la Valencia Summit y de unos Juegos Europeos, aunque estos últimos nunca se concretaron. El Instituto Nóos de Urdangarin captó más de tres millones y medio de euros de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.