El juez mantiene la imputación contra el detective que encargó espiar a González
Francisco Marco, directivo de Método 3, había solicitado el sobreseimiento de la causa basándose en un informe policial. El juez considera que la investigación no ha terminado.
El juzgado número 47 de Madrid que investiga el caso de espionaje al presidente de la Comunidad, Ignacio González, en 2008, ha desestimado el sobreseimiento de la causa solicitada por Francisco Marco, directivo de la agencia de detectives Método 3.
Marco está imputado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Sostenían sus abogados que había que archivar la causa porque un informe de la Policía Judicial basado en los análisis de las cuentas y movimientos de la agencia llegaba a la conclusión de que no se puede determinar que la agencia de detectives y el directivo estén vinculados a un dossier de 69 páginas con membrete de la agencia que contenía datos sobre la intimidad de González.
El juez no ha hecho caso a la solicitud de Marco y mantiene su imputación. Considera que pese al informe policial, existen indicios suficientes para pensar que o bien Marco redactó o bien ordenó redactar y enviar a la prensa el dossier de 69 páginas “calumnioso” contra González.
El juez considera que la investigación aún debe concluirse y señala que el último testigo que ha declarado en el juzgado aporta nueva documentación que apunta directamente contra Marco. Se trata de Antonio Tamarit Febrero, antiguo director de Método 3 en la oficina de Madrid. El directivo ha aportado un acta notarial y un relato de los hechos presenciados por él en el que asegura que fue Marco el que encargó el informe para desprestigiar a González.
El director de la agencia Método 3 y quien fue su mano derecha, la detective Elisenda Villena, fueron detenidos a principios de año por otro asunto en Barcelona. En ese caso se les imputa la grabación de la conversación entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la examante de Jordi Pujol Ferrusola.
Archivada la denuncia de González contra una periodista
La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la denuncia del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, contra la periodista de la SER, Pilar Velasco. González acusó a Velasco de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por la difusión del vídeo del viaje del político a Colombia cuando era vicepresidente de la Comunidad.
Los jueces consideran que Velasco se limitó a informar de una noticia "de evidente relevancia social" que afecta a un personaje público. Aunque afecte a la intimidad de González, "la noticia cumple con los requisitos de veracidad e interés general o relevancia pública de la información".
La sala añade que la difusión de esta información "no debe dar lugar a la respuesta penal ya que el derecho de información debe tener un amplio y generoso espacio en el que desenvolverse sin angosturas".
Los jueces consideran que "ha de primar el derecho a la información frente a la intimidad y a la propia imagen" de Ignacio González, porque su viaje "era oficial" y las grabaciones fueron realizadas "en espacios públicos".
En el auto de archivo, el magistrado Juan José Ortega critica además al instructor del caso, Adolfo Carretero, que imputó a la periodista. Dice el juez: "no puedo dejar de referirme al riesgo que para la libertad de prensa produce el mismo hecho de la imputación, si esta carece del debido fundamento".
"No solo puede provocar un efecto desalentador capaz de hacer que el periodista evite difundir informaciones que comprometan su seguridad, sino también, como ha sucedido en este caso, que su derecho a guardar el secreto de sus fuentes informativas se haya visto seriamente afectado, al haberse visto obligada la periodista a soportar múltiples requerimientos para que las revelase". "En mi opinión, constituye un serio motivo de preocupación que la imputación de la periodista haya servido para propiciar un interrogatorio que, por la forma en que ha sido conducido, la ha expuesto a verse forzada a revelar sus fuentes informativas, una de las más importantes garantías con que cuenta una prensa libre en una sociedad democrática".
