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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El desafío hipocrático

De todos los efectos de la crisis, posiblemente el más nefasto y preocupante haya sido la obsesión desmedida por reducir el déficit público

La situación económica va haciendo mella en multitud de aspectos, hasta angostar la convivencia para muchos colectivos y ciudadanos. Pero esta primera crisis del siglo XXI se diferencia de otras anteriores por la incidencia que en la misma tiene la astrosa incompetencia de los gobernantes por afrontarla y su palmaria incapacidad de entender las carencias y las medidas de ajuste más adecuadas. A lo que se une una proverbial neoliberalización que aprovechando la crisis pretende la emaciación del sector público. Paradójicamente emerge en este panorama la Comunidad Valenciana por su controvertida irrupción al privatizar lo tradicionalmente público (sanidad) e intervenir activamente en lo que en puridad corresponde al sector privado (ocio).

No obstante, de todos los efectos de la crisis, posiblemente el más nefasto y preocupante haya sido la obsesión desmedida por reducir el déficit público por encima de la capacidad efectiva que tiene España de enjugar tal desequilibrio bajo las férreas condiciones en las que se ha planteado, lo que ha conducido a la temida pobreza sobrevenida en las capas más débiles de nuestra sociedad. Todo ello ha tenido lugar en un escenario magistralmente diagnosticado por la acreditada opinión de los más brillantes economistas del momento, donde se encuentran premios Nobel de la talla de J. Stiglitz o P. Krugman, quienes nos han advertido que las restricciones en época de crisis no traerán más que sufrimiento profundo a la ciudadanía y un efecto casi estéril en las finanzas públicas. Queda claro que cuando se accede al poder es como después de comer, ¡vamos! que las cosas se ven de otra manera. El mantra esperpéntico que adquiere carta de naturaleza es buscar excusas, como la herencia recibida, justificación que se va agotando con el paso de la legislatura, o recurrir al consabido “maestro armero” que justifique los desmanes, elevados ahora a la enésima potencia respecto al pasado. Quién no recuerda al personaje político que mi admirado Alfons Cervera describe como: “… Un prodigio de tío. El verbo hecho agujero negro por donde se extravía la razón. La Biblia en pasta de la elocuencia hueca…”, el cual repetía incansablemente aquello de que el anterior presidente del gobierno español era el presidente de los mayores recortes sociales de la democracia, lo cual era una boutade más de las muchas con las que tan autocomplaciente individuo le gusta adornarse creyéndose así ocurrente. Pero en qué lugar estarían en verdad hoy los recortes de la anterior legislatura y dónde habría que reubicar aquellos excesos verbales

Sin embargo, el paraguas de la crisis se ha convertido en una patente de corso para quebrar el estado de bienestar de los débiles, cabe insistir en ello, pues los más ricos lo son todavía más con la crisis, y lo más miserable es en el nombre de la crisis restringir la educación y la sanidad universal, pública y gratuita a la que acceden los menos pudientes o las ayudas a la dependencia. Una vez más los ricos siguen en sus colegios, en sus clínicas y con sus sueldos, primas e indemnizaciones notablemente mejoradas en épocas como la presente, viajan, envían a sus hijos al extranjero y se siguen comprando sus coches de lujo, yates e inmuebles. La desigualdad es lo que más crece con la crisis.

En el caso concreto de la sanidad en España, una vez ya implantado el copago, con toda la imprevisión y la injusticia que representa no haber contemplado la situación económica de los diferentes colectivos afectados, ahora nos enfrentamos a nuevos y estresantes desafíos. Tal es el caso de la sanidad gallega en la que se denuncia ya riesgo de muerte para los pacientes derivado del desbordamiento de las listas de espera como resultado de unos malentendidos recortes. O la sanidad castellano-manchega con sus cierres de urgencias. Por su parte la sanidad valenciana tras liderar la privatización hospitalaria con el controvertido modelo Alzira, ha entrado también en una espiral peligrosa, especialmente con los pacientes crónicos. Este verano, por ejemplo, se publicó una noticia en la que un vesánico director general de Farmacia se jactaba en un correo electrónico de la hazaña de aumentar la contribución en el pago por parte de los diabéticos (que fue de la nada desdeñable cifra de 845% de incremento en las tiras reactivas), lo que conllevaba un ahorro para las arcas públicas infinitamente inferior al patrimonio espurio de Luis Bárcenas, personaje que confirma que los ricos lo son más con las crisis.

El paso siguiente de la sanidad valenciana ha sido proseguir su cruzada equivocada con los enfermos crónicos, a los cuales se pretende ahora cuestionar la medicación, pues se prima a los facultativos para que muestren ahorros reduciendo la medicación recetada. La mayoría de los galenos a buen seguro que harán caso omiso a tamaño dislate, pero se corre el riesgo de que alguno sienta la tentación de apostatar de Hipócrates y pretenda demostrar su productividad y compromiso político recetando por debajo de lo recomendable o de forma inadecuada. Los responsables de la sanidad son además perfectos conocedores de que los medicamentos genéricos en algunos casos tienen una efectividad que puede mermar hasta en un 20% el principio activo con respecto al medicamento original. Y no es lo mismo que la efectividad del paracetamol de un genérico para un dolor de garganta sea un 20% menos efectivo que si ese porcentaje de infraefectividad se experimenta con una insulina rápida. Se está jugando con el fuego de la salud de las personas, especialmente de los menos favorecidos que no pueden permitirse una sanidad privada donde esto es soslayable.

A la postre, la sociedad tiene una gran capacidad de aguante ante tropelías de todo género, excepto cuando se interfiere en la educación, la sanidad y la calidad de vida de los ciudadanos, medida esta última por un estado de bienestar donde la atención de la dependencia, de los mayores, el empleo y los sueldos sean dignos. Hemos tocado fondo y nada de eso está ahora garantizado. Es hora ya de advertir a los responsables de tantos desmanes que la paciencia ciudadana tiene un límite. Si hace falta dinero para afrontar los excesos de legislaturas de latrocinio que salga de quienes han inducido esta situación. Los ahorros deben provenir de reducciones salariales y de privilegios entre la clase política, recuperar el dinero esquilmado por bancos, cajas y empresas, consorcios o fundaciones públicas, adelgazar la nómina de sinecuras en todos los ámbitos de la administración, acabar con lo que no se puede sostener, entiéndase parques móviles para desplazamientos en ciudades donde apenas tiene sentido el coche oficial, adelgazar las dietas y complementos de concejales, alcaldes y diputados, acabar con las desviaciones de nómina en el sector público por la vía de productividades inmedibles, bufandas y otras prebendas, el control de gastos superfluos como la telefonía móvil tan generalizada a cargo de las arcas públicas, ordenadores portátiles, ipod’s, ipad’s, BluckBerry’s, etc., dejar de promover iniciativas imposibles por su nula rentabilidad y reclamar una financiación autonómica justa que sabemos que no lo es pero que nadie se atreve a reivindicar ante la cerrazón de los actuales mandatarios.

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Vicente M. Monfort es profesor en excedencia de la Universitat de València.

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