Sánchez-Camacho denuncia ante el juez y la policía las escuchas ilegales
La líder popular insta a investigar si otros dirigentes fueron también espiados
Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular en Cataluña, ha presentado una denuncia ante la policía y una demanda en el juzgado de guardia por haber sido espiada durante la comida que mantuvo en julio de 2010 mediante supuestas escuchas ilegales de las que fue objeto durante un almuerzo con Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, la cual le informó de una presunta evasión de capitales cometida por el hijo mayor del expresidente de la Generalitat. La popular exhibió ayer en los pasillos del Parlamento catalán sendos documentos para despejar cualquier duda y demostrar que quería denunciar ante la justicia el caso en el que se ha visto implicado el exsecretario de organización del PSC, el ahora diputado José Zaragoza, el hombre que presuntamente encargó el espionaje.
La denuncia ante la policía insta a investigar los hechos y la demanda va dirigida concretamente contra la empresa de detectives Método 3, que teóricamente colocó un micrófono en el centro de flores de la mesa del restaurante barcelonés La Camarga —muy frecuentado por políticos—, donde comieron las dos mujeres. En la demanda, Sánchez-Camacho invita al juez a requerir a los detectives a presentar su registro de clientes para averiguar quién está detrás del encargo y confirmar, por tanto, si se trata del PSC. Los socialistas lo niegan. Pere Navarro, líder de los socialistas, no ha llamado ni se ha puesto en contacto con Sánchez-Camacho.
Durante sus explicaciones, la popular varió la versión de los hechos que dio el pasado lunes cuando trascendió el caso. Entonces, dijo que no recordaba si había invitado a Maria Victoria Álvarez a denunciar el supuesto blanqueo de dinero de Jordi Pujol Ferrusola —finalmente le acusa ante la policía y el juez de llevar billetes de 500 euros en el maletero de su coche a Andorra— aunque como jurista recomienda a cualquier persona a denunciar si tiene constancia de la comisión de un delito. Ayer, aclaró que había tenido acceso a parte de las grabaciones que revelan que sí que instó a Álvarez a dar el paso. “Me ofrecí a acompañarla a la Fiscalía Anticorrupción, pero no quiso porque me dijo que tenía mucho miedo”, aseguró. Y después, añadió que insta también a investigar si otros dirigentes de su partido han sido espiados, por lo que pedirá que se revisen sus domicilios como la sede del PP.
La diputada dice ahora que propuso a Álvarez ir con ella a la fiscalía
El espionaje y los casos de corrupción, que afectan a la mayoría de partido de Cataluña, centraron la sesión del Parlamento catalán en la que quedó ayer eclipsado el debate soberanista. En un agrio debate, Sánchez-Camacho anunció que presentaría una proposición de ley de transparencia para frenar la corrupción.
En el segundo turno de réplica, Artur Mas, presidente de la Generalitat, invitó a la popular a denunciar el espionaje “por coherencia y transparencia”. “Cuando me he encontrado con cosas como la guerra sucia, yo mismo he presentado querellas criminales contra gente muy poderosa”, deslizó Mas, en alusión a las informaciones que aparecieron durante la campaña electoral que aseguraban que tenía cuentas corrientes en Suiza.
Muy enojada, Sánchez-Camacho quiso volver a tomar la palabra pero la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, no quiso hacer excepciones y concederle un tercer turno. “Quería decirle que ahora iba a ir al juzgado”, señaló la popular, muy molesta con el resto de partidos. Camacho aseguró que Mas había perdido la oportunidad de condenar las escuchas. Fuentes populares lamentan la escasa solidaridad que ha encontrado en los otros grupos del hemiciclo. Sin respuesta del PSC, Ciutadans e Iniciativa han acusado a la popular de no denunciar la supuesta evasión de capitales a la justicia. Albert Rivera, de Ciutadans, incluso le afeó haber difundido el espionaje, del que tuvo conocimiento en diciembre —lo denunció ante la policía— ahora que su pacto con CiU ha saltado por los aires. En su defensa, la popular se escuda en que la información de Álvarez era vaga y difusa y que no podía denunciar en nombre de terceros.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra, calificó de “inquisidor” al PP por dar lecciones de transparencia cuando mantiene a muchos cargos imputados en sus puestos. “Esto repugna la sensibilidad de muchos”, afirmó. Sánchez-Camacho tildó las conductas de algunos partidos de “oportunistas” y “miserables” y apuntó que se reserva acciones legales. Mientras, Victoria Álvarez lamentó que se hable más de la grabación que del supuesto blanqueo, informa Efe. “Es un caso muy importante. Esto no es la boda de Paquirrín”, remachó.
El PP pide el cese de los imputados
Los casos de corrupción afectan actualmente en Cataluña principalmente a Convergència i Unió (CiU) y Partit dels Socialistes (PSC) y apenas al PP (PP) que, desde que Alicia Sánchez-Camacho dirige el partido, cuenta con dos concejales imputados. Los dos tuvieron que presentar su dimisión: el de Llavaneres y un edil de Badalona. Por ello, Sánchez-Camacho reivindicó con firmeza que todos los cargos públicos que sean imputados renuncien a sus responsabilidades públicas. No es esa precisamente la línea que sigue el PP a nivel nacional, que tiene a decenas de cargos en esas condiciones.
Sánchez-Camacho reivindicó esa medida en la Cámara y luego en los pasillos aclaró que ya defendió esa postura durante el Congreso del PP en Sevilla. “Yo misma, en la ponencia del Estatuto, presenté una enmienda en ese sentido”, convino, insinuando que lo seguirá defendiendo ante la cúpula de su partido.
Actualmente, en la Cámara catalana está imputado el convergente Ferran Falcó, concejal de Badalona, por el caso de las obras de rehabilitación de la empresa pública Adigsa. Oriol Pujol, presidente del grupo de CiU, está pendiente de que la juez traslade al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) su petición de imputación por el caso de las ITV —amañar concursos para conseguir adjudicación de estaciones—. Mientras, el socialista Dani Fernández, por el caso Mercurio y el convergente Xavier Crespo, por el caso Clotilde, que investiga la mafia rusa, están a la espera de que el TSJC se pronuncie sobre su imputación.
Todos los grupos están intentando ahora pactar una especie de hoja de ruta para saber en qué momento procesal tiene que dimitir un político. Artur Mas es partidario de que abandonen los cargos cuando son imputados por el juez o se abra juicio oral y que luego se les restituya si se declaran inocentes.
