Las tijeras de Fabra
La Generalitat despide empleados, baja sueldos y sube impuestos para cumplir el déficit
“Sin la ayuda del Estado no podré pagar nunca”, admitía a este diario José Manuel Vela, consejero de Hacienda valenciano, a principios de septiembre de 2011. Ocho meses después, la dependencia de la Generalitat valenciana del Gobierno es aún mayor, como demostró la intervención del Ejecutivo para evitar que el Consell cayera en el impago de un crédito del Deutsche Bank que vencía a finales del año pasado, y los insistentes llamamientos para que el Ministerio de Hacienda cree los hispanobonos o una figura similar para evitar seguir teniendo que colocar la deuda al 7%, un interés superior al que se exige a países intervenidos como Grecia, Portugal o Irlanda.
Los principales recortes
Despidos. La Generalitat ha anunciado su intención de prescindir de 5.000 empleados de sus empresas y fundaciones, aunque ha insistido en que no todos serán despedidos, porque algunos de los organismos serán privatizados y parte de sus trabajadores podrían mantenerse en sus puestos.
A la calle 2.200 profesores. No es exactamente equiparable al apartado anterior, porque no habrá despidos, pero las consecuencias para los afectados serán los mismos. El Consell prevé dejar de contratar al menos a 2.200 profesores interinos de Primaria, Secundaria y FP por el aumento de las horas lectivas de los fijos y el aumento del número de alumnos que habrá en cada clase.
Recorte salarial. La Generalitat ha bajado el sueldo de los docentes del sistema educativo —cuya fijación corresponde al Gobierno— al recortar los sexenios, para ahorrar 80 millones de euros. Y del personal sanitario, de lo que espera obtener otro ahorro adicional de 86,5 millones de euros.
Universidad más cara. Estudiar una carrera será más caro a partir del curso que viene, con una subida media en las carreras más solicitadas que oscila entre los 250 y los 400 euros al año.
Subidas de impuestos. Este mismo año, el Gobierno de Alberto Fabra ha subido el tramo autonómico del IRPF para quienes ganan más de 120.000 euros al año; ha eliminado deducciones al impuesto de la renta; ha aumentado el llamado céntimo sanitario que se cobra con la venta de la gasolina y el impuesto de actos jurídicos documentados; y ha creado una tasa medioambiental para las empresas y ha añadido nuevas tasas judiciales.
El año que viene más. El ejercicio que viene la Generalitat eliminará la bonificación del impuesto de patrimonio y elevará del 7% al 8% el impuesto de transmisiones patrimoniales.
La Generalitat cerró 2011 con un déficit del 4,5% —hasta el viernes era oficialmente del 3,6%, pero el afloramiento de facturas ocultas trastocaron las cuentas—, cuando el límite para este año es del 1,5%.
Y su deuda total, incluyendo empresas públicas, alcanza los 22.433 millones de euros —equivalente al 21,5% del PIB—, lo que la convierte en la segunda más endeudada por detrás de Cataluña. A pesar de ese descontrol en las cuentas, el Gobierno de Alberto Fabra ha rechazado que la comunidad autónoma vaya a ser intervenida por el Ejecutivo con el argumento de que se basta por sí solo para reconducir el déficit al techo fijado.
Ese autorrescate del Consell se ha traducido hasta ahora en un drástico recorte de gasto, que ha afectado a partidas esenciales como educación y sanidad, y en un incremento de impuestos y tasas que desmienten las promesas realizadas por los populares valencianos en la última campaña electoral y las declaraciones públicas que Fabra vino realizando hasta hace poco.
Todo ello está incluido en el plan de reequilibrio valenciano aceptado este jueves por el Ministerio de Hacienda. El plan contempla un tijeretazo del gasto de 1.223 millones de euros y un aumento de los ingresos, de 1.036 millones. El ajuste total será, por tanto, contando los picos, de 2.260 millones de euros en 2012, y el año que viene alcanzará los 803 millones.
Los ahorros más inmediatos han provenido de los recortes salariales a los profesores no universitarios y al personal sanitario. En el caso de los docentes han ascendido a 86,5 millones de euros al año, y en el de los sanitarios, a 80 millones.
La Consejería de Educación prescindirá, paralelamente, de cerca de 2.200 profesores interinos de Primaria, Secundaria y FP a través del aumento del horario lectivo y la ampliación de la ratio de alumnos por docente.
Todo ello significará un ahorro de 30 millones de euros, al que se sumarán otros 40 millones por el encarecimiento de las tasas para estudiar carreras universitarias.
Según los cálculos de la Generalitat, los alumnos pasarán de pagar de un 13% a un 20% del coste real de la matrícula. La subida para los estudiantes y sus familias se concretará en que cada curso les costará entre 250 y 400 euros más a partir de septiembre en el caso de las carreras más solicitadas.
La estimación del recorte en sanidad, cuya efectividad ha sido cuestionada por la oposición porque considera —críticas al descenso de la calidad del servicio aparte— que las cuentas no cuadran, se plasman, de un lado, en un recorte de 440 millones de euros mediante la supresión de programas, revisión de conciertos en vigor y economías de escala. La Generalitat prevé ingresar ya este año 360 millones por un nuevo canon sanitario que tendrán que pagar las empresas que se hagan cargo de la centralización de la gestión no asistencial de los departamentos de salud.
El plan de reequilibrio contempla que el año que viene la Generalitat ingrese 210 millones por el mismo concepto y otros tantos en 2014. La concesión está prevista para 10 años prorrogables a 15.
Una de las medidas más duras de las anunciadas por Fabra es el despido de unos 5.000 trabajadores de empresas y fundaciones de la Generalitat. Si bien el Consell ha señalado que algunos de ellos podrán mantener su empleo en el supuesto de que el organismo al que pertenecen no sea cerrado sino privatizado.
El aumento de los ingresos se completa, este mismo año, con el incremento hasta los 4,8 céntimos de euro del llamado céntimo sanitario que se aplica a la compra de cada litro de gasolina, gasoil y queroseno. Con el aumento del tipo en el tramo autonómico del IRPF para rentas superiores a 120.000 euros, que irá acompañado con la eliminación de deducciones. Con el recargo, del 1% al 1,2% del impuesto de actos jurídicos documentados. Y con el establecimiento de tasas judiciales y de una medioambiental que se aplicará a las empresas.
La subida de impuestos continuará el año que viene. El Consell prevé, de un lado, eliminar la bonificación del impuesto de patrimonio —que en 2011 se negó a suprimir— y, del otro, elevar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 7% al 8%.
Una economía deprimida
La oleada de austeridad que está aplicando la Generalitat valenciana deprimirá probablemente más una economía que emite señales muy preocupantes. Atrapada entre el estallido de la burbuja inmobiliaria, que alcanzó aquí un tamaño aún mayor que en España; la sequía del crédito, y unos sectores industriales tradicionales que experimentan un largo declive, la tasa de paro alcanza el 27,3% —rozando el 30% en Alicante—, 2,5 puntos por encima de la media del Estado.
A la rebaja del sueldo de los funcionarios, el despido de miles de empleados de empresas y organismos públicos, y la subida de impuestos, que de por sí parecen garantizar una contracción adicional de la demanda, hay que sumar la caída en picado de la inversión que el Gobierno efectuará este año en la comunidad autónoma. Si para toda España la inversión prevista en los presupuestos contiene una reducción del 24,2%, el recorte en el caso del territorio valenciano se eleva al 34,6%.
La total dependencia de la Generalitat del Gobierno ayudan a entender la pasividad con la que el presidente Alberto Fabra ha aceptado el hachazo. El papel reivindicativo ha quedado en manos, sobre todo, de los empresarios y, en el caso de la inversión, las mayores críticas al Ejecutivo las ha realizado la patronal autonómica, Cierval.
Las exigencias de la Asociación Valenciana de Empresarios se ha dirigido, sobre todo, a reivindicar un sistema de financiación más equilibrado. Con los dos últimos sistemas, aprobados en 2002 y 2009, la autonomía recibió una financiación que fue nueve puntos inferior a la media de las comunidades, según el informe encargado por el lobby empresarial al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
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