Se avanza, pero aún muy lentamente
Hace aún muy poco tiempo sería impensable que la izquierda abertzale expresara públicamente su “profundo pesar” por los asesinatos de ETA y su “insensibilidad” ante las víctimas del terrorismo. También sería impensable que el PP, arropado por una declaración parlamentaria en el Congreso, se pronunciara en contra de la ilegalización de la izquierda abertzale. O que el Gobierno vasco, presidido por el socialista Patxi López, reconociera “abusos policiales” en la gestión del orden público del Estado de derecho en Euskadi. Estos acontecimientos, apretados esta última semana, suponen un claro avance hacia la normalización y conciliación política y social en el País Vasco.
Pero si con la vista puesta en el pasado estos movimientos son un avance, aún queda por recorrer un amplio trecho si se mira a la meta de todo el proceso. Se avanza pero aún muy lentamente porque el recorrido de cada uno tiene unos límites establecidos por las graves secuelas dejadas por tantos años de terrorismo.
ETA tiene que avanzar hacia su disolución y el Gobierno realizar gestos hacia los presos etarras
Así, a la izquierda soberanista le queda aún una doble tarea: la de reconocer que el daño causado a las víctimas del terrorismo fue “injusto” y la de exigir a ETA que pase del gran logro del cese definitivo de la violencia a su disolución, que implicaría el final de todos los recelos de partidos y asociaciones de víctimas.
El primer paso, de discurso político, es muy difícil para los independentistas porque sería casi tanto como reconocer que la historia de ETA ha sido un fracaso. En cuanto al segundo paso, más operativo, la izquierda abertzale ya ha adelantado que ETA no se disolverá hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy le ofrezca garantías para sus presos.
A su vez, el Gobierno de Rajoy, como señaló ayer a EL PAÍS su ministro del Interior, Jorge Fernández, no está dispuesto, al menos en su discurso oficial, a tener gestos hacia los presos de ETA hasta que la banda se disuelva, pese a valorar su declaración de cese definitivo.
El Gobierno de Rajoy está limitado en sus gestos hacia los presos de ETA por las presiones de la derecha radical y de algunos representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo que respaldaron al PP cuando hizo de la política antiterrorista un arma de oposición a Zapatero.
Este círculo vicioso se romperá por la dinámica de los hechos pues se están echando las bases para ello. Por un lado, el lehendakari, Patxi López, en línea con una reclamación del líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha anunciado que va a presentar una iniciativa en el Parlamento vasco en base al acuerdo logrado el pasado martes en el Congreso por todos los partidos, excepto UPyD y Amaiur.
López pretende precisar dicho acuerdo sobre una triple base: la disolución de ETA; las víctimas como protagonistas del relato de estas décadas de violencia, y medidas en favor de los presos de ETA, como su acercamiento a cárceles vascas, para consolidar el fin de la violencia, una vez reconocido su cese definitivo.
El acuerdo no tendría que presentar mayores problemas al PNV, PP y PSE, protagonistas del mismo en el Congreso. Pero no es un acuerdo fácil en Euskadi. Así, el PNV exige incluir a la izquierda abertzale, lo que no resulta fácil para el PP y el PSE. Tampoco ayuda las malas relaciones entre el lehendakari y el líder del PNV, Iñigo Urkullu, agudizadas por la proximidad de las elecciones vascas. Ahí puede jugar un papel de bisagra Basagoiti.
Otro elemento dinamizador es la interlocución que el congreso del PP fijó entre el secretario general de este partido en Euskadi, Iñaki Oyarzábal —su político más vanguardista y partidario de la “generosidad” con los presos de ETA para facilitar la disolución de la banda— y el Ministerio del Interior. A su vez, los tribunales van a hacer su trabajo. En pocas semanas, el Tribunal constitucional se pronunciará sobre la legalización de Sortu, el partido de la izquierda abertzale. Y también está prevista una próxima revisión de la doctrina Parot.
Con este arropamiento político y jurídico se espera que el Gobierno de Rajoy avance en la consolidación del fin de la violencia, con gestos discretos, no solo por la presión a su derecha. También porque no quiere que su discurso político se centre en los presos de ETA sino en la victoria de la democracia sobre el terrorismo, en lo que cuenta con el apoyo del PSOE y del PNV. Y todo se aceleraría si ETA avanzara hacia su disolución.
