Indagaciones llevadas a cabo por la policía desde hace un año y la reciente detención de varios de los investigados han puesto al descubierto un amplia red que se apropiaba irregularmente de datos confidenciales de historiales laborales y médicos entre otros, guardados en organismos públicos.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre Sortu ha valorado que esa formación independentista se haya desmarcado de la violencia de ETA. Representantes de la izquierda abertzale, del PSE y del PNV han indicado que, en coherencia con esa constatación del Supremo, no debería permanecer en prisión Arnaldo Otegi y otros dirigentes que precisamente han impulsado el alejamiento de los métodos terroristas de ETA y la apuesta exclusiva por las vías políticas.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, anunció ayer que su departamento prevé establecer límites de velocidad variable en autopistas y autovías en función de las condiciones meteorológicas y de la propia vía. Esta misma semana, su departamento ha indicado que estudia subir a 130 kilómetros por hora el límite permitido en esas vías rápidas. Y a la vez, Tráfico ha señalado que planea reducir la velocidad máxima en las carreteras secundarias a 90 km/h.
Tras una larga trayectoria de desacuerdos sobre la estrategia para salir de la crisis, el PP y el PSOE mostrarán el próximo jueves en el Congreso una posición común a favor de la ratificación del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea. Desde diversas instancias de la sociedad española se viene reclamando a los dos principales partidos más acuerdos para imprimir credibilidad y eficacia a las medidas para reducir el déficit y retomar la vía del crecimiento económico.
Relevantes dirigentes de la Unión Europea están transmitiendo en los últimos días su enfado con el comportamiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Tras presentar en su día la flexibilización del objetivo de déficit como una “decisión soberana” española, en una carta a Herman van Rompuy la semana pasada empleó un tono dramático, en algunos momentos exigente hacia Europa, y además el pasado domingo presentó como un logro lo que en realidad es un rescate en toda regla del sistema financiero. Esa distorsión de los hechos ha suscitado crispación en la UE con Rajoy.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se niega a dimitir porque no ha hecho “nada malo”, según aduce, al pagar con dinero público gastos de sus viajes a Puerto Banús (Málaga) en fechas y horarios que no corresponden con actividades oficiales. Miembros del CGPJ estiman que, con independencia de si ha incurrido en malversación, su comportamiento no ha sido el correcto y ejemplar en quien está al frente del Poder Judicial.
Mariano Rajoy, además de ser el presidente del Gobierno, preside desde el inicio de su mandato las reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, función que en anteriores Ejecutivos desempeñaba el vicepresidente y ministro de Economía. Además, ayer Rajoy reclamó “pregúntenme a mí” cuando se trate de averiguar la posición del Ejecutivo sobre la evolución de la crisis económica en España.
El Ministerio del Interior ha decidido proseguir con las reuniones entre víctimas de ETA y los presos etarras puestas en marcha por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero a la vista del resultado positivo, aunque ha introducido algunos cambios para diferenciarse de la estrategia de los gobernantes socialistas y asumir todo el protagonismo, en detrimento del papel del Ejecutivo vasco. Para Interior, esa es una de las herramientas para favorecer que los presos se aparten del terrorismo.
Tras los datos difundidos por el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benitez sobre el uso de fondos públicos por parte del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, para sus gastos privados en desplazamientos que incluían frecuentes alojamientos en Marbella, ahora existen indicios de que Dívar ha mentido sobre las causas que él ha invocado como motivo de sus viajes oficiales. Ese cúmulo de supuestas irregularidades plantean con fuerza la existencia de responsabilidades.
Tras su dimisión al frente de Bankia, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato (PP) ha evitado defender en público su gestión pero ha distribuido en el Consejo de Administración de Caja Madrid, que aún preside, un informe que cuestiona la enorme cuantía de dinero público inyectado en Bankia y, por tanto, la estrategia del Ejecutivo de Mariano Rajoy para atajar la crisis financiera en esa entidad y reprocha los daños causados.
La presión de los mercados sobre la prima de riesgo la elevó ayer hasta los 540 puntos básicos y la Bolsa cerró en 6.090 puntos, con una caída del 2,58%. El ex presidente del Gobierno Felipe González alertó ayer en Sevilla, donde recibió el título de Hijo Predilecto, de que “España vive una situación de emergencia y es la hora de aunar esfuerzos” entre políticos, empresarios, sindicatos e instituciones.
El Partido Popular utilizó de nuevo ayer su mayoría absoluta en la Junta de Portavoces del Congreso para impedir que se debata en el próximo Pleno de la Cámara la propuesta de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de Bankia y los problemas que han llevado a su nacionalización. Dirigentes del PP y el Gobierno han señalado que no solo no es conveniente sino que podría ser “contraproducente” escarbar en los problemas de Bankia.
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy compareció ayer en la sede del Partido Popular para sentenciar que “no va a haber ningún rescate de la banca española” y para rechazar una comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de Bankia. Defendió que lo importante, en su opinión, es sanear el banco y tranquilizar a los inversores. Pero las acciones de la entidad cayeron un 13% y la prima de riesgo alcanzó ayer los 513 puntos básicos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), se reúnen hoy en La Moncloa en un momento en que prosiguen los embates de los mercados contra la economía española pero a la vez hay otros numerosos asuntos que requieren de acuerdos entre el Gobierno y los socialistas para recuperar la credibilidad de España y asegurar el buen funcionamiento institucional.
En la conversación telefónica que ayer mantuvieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, a petición de este, no fraguó un acuerdo para mantener una posición común ante la Cumbre Europea de hoy en Bruselas. Rubalcaba había propuesto que “España hable con una sola voz” en la UE. Rajoy rebajó incluso la relevancia de su interlocución con el líder socialista al convocarle a una reunión el próximo viernes e incluir en ese día una cita con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo ayer en Chicago una reunión con Angela Merkel al término de la cual aseguró que la canciller alemana apoya las medidas del Ejecutivo español para reducir el gasto. Rajoy insistió en que “la apuesta sigue siendo el control del déficit público”, porque esa es la vía para llegar a ser “más competitivos y poder vender mejor nuestros productos afuera”.
La insistencia del Gobierno y de su presidente, Mariano Rajoy, este fin de semana respecto a la inflexibilidad para hacer cumplir a las comunidades autónomas el objetivo de déficit, y los mecanismos puestos ya en marcha para una posible intervención de Asturias, están planteando como una opción más próxima que remota la toma de control por parte del Ministerio de Hacienda de las cuentas de algunas comunidades autónomas. A su vez, estas piden flexibilidad para recortar el déficit y reclaman hispanobonos para disponer de liquidez.
La sentencia del Tribunal Supremo ha rebajado de 10 años a seis y medio la condena a Arnaldo Otegi, entre otros, por un delito de integración en organización terrorista. El tribunal, dividido entre tres magistrados a favor y dos en contra de la condena, considera a Otegi uno de los portavoces de la izquierda abertzale designados por ETA. Y afirma que la banda delegó en él y otros de los condenados la “labor negociadora y de aglutinación del sector soberanista en el País Vasco”. El cese de la violencia por parte de ETA se produjo después de que se lo pidiese formalmente la izquierda abertzale.
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), difundido ayer, indica que el PP saca una ventaja de 11 puntos porcentuales al PSOE en estimación de voto si bien en solo tres meses ya ha descendido 2,1 puntos y los socialistas han subido 1,6. La distancia sigue siendo considerable pero se empieza a reducir al poco de haber iniciado el Gobierno de Rajoy su política de recortes. La consideración sobre Rajoy también ha descendido.
El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, dio ayer por roto el pacto que en 2009 permitió al socialista Patxi López acceder a la presidencia del Gobierno vasco, una decisión que puso término a varias legislaturas seguidas de mandato del Partido Nacionalista Vasco. Mientras Basagoiti reprocha al Ejecutivo socialista, justo en su tercer aniversario en el poder, sus iniciativas contra los recortes del presidente Mariano Rajoy, el entorno del lehendakari lamenta que el líder vasco del PP justifique esos ajustes frente al modelo alternativo que quiere representar el Gabinete vasco. En el trasfondo se acerca, además, el debate sobre el anticipo electoral.
Unos 8.000 agentes –entre policías nacionales, guardias civiles y mossos d,Esquadra- forman el enorme dispositivo de seguridad para evitar posibles acciones de protesta durante la reunión en Barcelona del consejo del Banco Central Europeo. Se trata del mayor despliegue policial en la capital catalana desde que se celebró allí la cumbre de la Unión Europea en 2002. Las Fuerzas de Seguridad habían detenido hasta ayer a 17 personas e impedido el acceso en frontera a 43, tras haber suspendido el pasado 28 de abril el Tratado de Schengen.
El candidato socialista a la reelección como presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, afirmó ayer en el debate de investidura que Andalucía representa una esperanza para muchos españoles que quieren un camino "distinto" del que está imponiendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy para salir de la crisis y poder entrar en una fase de recuperación y crecimiento. Pero las medidas que puede elegir el próximo Gabinete autónomo del PSOE e IU están limitadas por los recortes de Rajoy y por la propia crisis.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó ayer por segunda vez su intervención en un acto del PP para responder a quienes se manifiestan en la calle contra los recortes presupuestarios, especialmente en sanidad y educación, advirtiéndoles en esta ocasión que “cada viernes continuarán las reformas; el viernes que viene, también”.
La confrontación en el Pleno del Congreso entre el Gobierno y el PSOE sobre los Presupuestos para 2012 se apoyó ayer en las acusaciones mutuas de engañar en relación con el déficit. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ocultó la cifra real de déficit de 2011, y el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, recriminó a Montoro que haya escondido ante los ciudadanos y el Parlamento el hecho de que “conocía el dato del déficit” desde que el Ejecutivo del PP tomó posesión. Asimismo, el ministro de Hacienda puso en duda que las comunidades autónomas puedan bajar la cifra al 1,5%, objetivo para este año.
Los primeros Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno del PP han provocado no solo criticas de los sindicatos sino enmiendas a la totalidad por parte de todos los grupos parlamentarios del Congreso, incluida CiU pese a los esfuerzos del Gobierno para no quedarse solo. Dado que hasta ahora ha sido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Economía y Hacienda los que han dado la cara, algunas fuentes consideran que debe ser el presidente en esta ocasión quien salga a defender las cuentas públicas.
El Ministerio del Interior planea para frenar las protestas callejeras violentas, como las ocurridas recientemente en Valencia y Barcelona, una reforma del Código Penal para poder imputar penalmente a asociaciones, partidos y sindicatos que convoquen manifestaciones si alguno de sus afiliados participa en algaradas y causa daños con relevancia penal.
Tras las críticas a su viaje a Botsuana para cazar elefantes, y en el que se fracturó una cadera, el Rey reconoció ayer públicamente que ha cometido “un error” que “no volverá a ocurrir”. Varias fuerzas parlamentarias y destacados cargos públicos, entre ellos el presidente del Congreso, Jesús Posada, han considerado esa declaración un acierto y han expresado su confianza en don Juan Carlos.
Las declaraciones de algunas autoridades españolas han recurrido a adjetivos rupturistas para responder a la “arbitraria” expropiación de Repsol por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aparte de anunciar medidas contundentes no detalladas y reprochar el recurso a la imposición en vez de apostar por el diálogo y la negociación. A la vez, no se ha visto todavía un arropamiento nítido y firme por parte de nuestros aliados, aunque algunos de esos países hayan criticado públicamente la decisión del Ejecutivo argentino.
El viaje del Rey Juan Carlos a Botsuana para cazar elefantes y en el que se rompió una cadera en una caída ha sido considerado un grave error de forma casi unánime, pocas semanas después de que las principales fuerzas parlamentarias expresaran públicamente su respaldo al monarca -tras haber expresado la Casa del Rey su apartamiento de conductas “poco ejemplares”, en referencia a las presuntas irregularidades del duque de Palma, Iñaki Urdangarin-, y como muestra de apoyo para avanzar hacia un funcionamiento más transparente y austero de la Jefatura del Estado. Desde diversos ámbitos se ha empezado a sugerir desde que el Rey debería pedir disculpas a plantear que debe ir pensando en la abdicación.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha confirmado en el Congreso que prepara una reforma del Código Penal para que se considere delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria a través de cualquier medio de comunicación, incluido Internet, de actos que alteren gravemente el orden público. La pena mínima será de dos años, de modo que los fiscales podrán pedir prisión provisional para los autores. Algunos expertos han expresado su rechazo a esta penalización por desmedida.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el proyecto de Ley de Transparencia, que obligará a facilitar el acceso de los ciudadanos a todos los contratos de la Administración General del Estado. Cada Ministerio tendrá que dar a conocer el procedimiento de aprobación del contrato, el importe y el adjudicatario, así como las subvenciones concedidas y los convenios firmados, entre otros datos.
El vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia afirmó en una entrevista en EL PAÍS que “España no ha explicado suficientemente el porqué de la desviación del déficit de 2011”. Y agregó que “cuando se reconoce una desviación de tal magnitud (del 6% previsto por el Gobierno de Rodríguez Zapatero al 8,5% declarado por el Ejecutivo de Rajoy) en un momento complicado, la credibilidad requiere explicaciones claras”.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, afirmó ayer en el Congreso que la violenta represión policial de las manifestaciones de protesta de los estudiantes en Valencia contra los recortes presupuestarios fueron “hechos puntuales” que no han continuado, sostuvo que los agentes no hicieron otra cosa que defenderse de agresiones e insultos y aseguró que sus comportamientos no son merecedores de una investigación disciplinaria sino de orgullo.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice que por ahora no habrá subida de impuestos; el ministro de Economía, Luis de Guindos, que aún no se tocará el IVA, pero hay que sumar 5.000 millones más de recortes a los ya anunciados. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto en el Congreso rebajar el presupuesto de Defensa en vez del de Educación…
El presidente del Gobierno vasco, Patxi López, defendió ayer en el Parlamento autónomo la necesidad de agilizar y flexibilizar la política penitenciaria con los presos de ETA para facilitar el fin de la banda terrorista. El lehendakari propuso también la creación de una ponencia parlamentaria unitaria para gestionar el futuro abierto con la renuncia de los etarras al uso de la violencia.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, anunció ayer en el Senado que el Gobierno suspende la actividad de la Embajada española en Damasco, si bien continuarán algunos diplomáticos para atender a los españoles residentes en Siria o de doble nacionalidad. La decisión ha sido tomada de acuerdo con otros países europeos en protesta por la brutal represión militar contra los ciudadanos opuestos al régimen de Bachar el Asad.
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), anunció ayer en el Parlamento regional la implantación del céntimo sanitario para obtener recursos con los que reducir el déficit de la comunidad autónoma. La misma medida recaudatoria había sido adoptada recientemente por otro Gobierno controlado por el Partido Popular, la Junta de Castilla y León. Durante la campaña electoral del 20-N, el PP siempre negó que fuera a subir impuestos.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió ayer el derecho de su partido a apoyar las protestas de los sindicatos contra los recortes impuestos por el Ejecutivo central y varias comunidades gobernadas por el PP, a la vez que calificó de “detestable” la violencia en algunas manifestaciones y, sobre todo, que se trate de vincular a los socialistas con esos incidentes.
Miles de estudiantes se manifestaron ayer en Barcelona, Valencia y Madrid, principalmente, en contra de los recortes presupuestarios en el sector de la enseñanza, y en Castilla-La Mancha los funcionarios realizaron una huelga en protesta por la reducción de salarios y aumento de la jornada laboral.
Baltasar Garzón ha sido absuelto de prevaricación en la investigación de crímenes del franquismo tras haber sido también absuelto la semana pasada por presuntas irregularidades en cobros por cursos que impartió en Nueva York y después de haber sido condenado, el pasado 9 de febrero, por ordenar escuchas en la cárcel de imputados por la trama corrupta Gürtel y sus abogados.
El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha declarado durante 17 horas, a lo largo de todo el sábado y buena parte del domingo, ante el juez José Castro, que le formuló en total unas 500 preguntas, sobre su responsabilidad en los presuntos negocios irregulares del Instituto Nóos, por los que está acusado de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad documental.
En un congreso nacional del Partido Popular sin grandes debates ideológicos planteados ni lucha por el liderazgo, que ejerce de forma indiscutida ahora Mariano Rajoy, uno de los asuntos que tiene que afrontar la organización en Sevilla es si resulta compatible que Dolores de Cospedal sea a la vez secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló ayer al término de su larga reunión con Mariano Rajoy en La Moncloa que había expresado su voluntad de colaborar con el Gobierno para poner fin a la crisis con medidas eficaces pero también equitativas.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, mintió durante 11 años, desde 1993 a 2004, al Congreso de los Diputados al declarar, y figurar así en su ficha, que es “licenciado en Medicina”, cuando carece de ese título. El día de su nombramiento como secretario de Estado, el pasado 30 de diciembre, la referencia oficial del Consejo de Ministros difundió en su currículum que es “médico”, lo que no es cierto, sin que Burgos después haya señalado que esa afirmación es errónea.
La decisión del juez Baltasar Garzón de acceder a que se grabaran conversaciones de encarcelados de la trama Gürtel con sus abogados, solicitada por la policía ante la sospecha de que en ellas se buscaba la manera de esconder dinero obtenido irregularmente, fue respaldada por la fiscalía y mantenida por el juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira cuando se hizo cargo de la investigación. Ahora, le ha condenado por unanimidad el Tribunal Supremo por prevaricación.
Los expertos en análisis electoral han señalado que el derrumbe del PSOE tanto en las elecciones municipales y autonómicas como en las generales han mostrado la pérdida de credibilidad de los socialistas como opción de gobierno. El nuevo líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reiterado en sus discursos en el congreso federal el propósito de trabajar para merecer de nuevo esa confianza de los ciudadanos.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha afirmado en el Congreso que va a abordar “con amplitud de miras y sentido de Estado” las medidas para que desaparezca ETA. “Será una política inteligente que aproveche las oportunidades que la nueva situación ofrece y que acabe con la manipulación que sufren los presos y sus familias”, ha precisado. Fernández ha señalado que los presos que se desmarquen de la violencia se beneficiarán “de la generosidad de la ley”, estrategia ya aplicada por el anterior Gobierno.
